Identidad de origen: personas adoptadas y apropiadas reclaman política estatal para concretar búsquedas

Para graficar cómo se sintió al descubrir que fue apropiada, Salomé Salomone compara su experiencia con la película The Truman Show. Toda su familia sabía que era apropiada, los vecinos más viejos, también. Pero recién a los 40 años descubrió que sus padres no eran biológicos. Cuando su madre de crianza murió en 2012, y pese a que se le había informado que había nacido en Pando, tramitó su partida de nacimiento en la Intendencia de Montevideo y allí figuraba otra dirección: Río de Janeiro 3619. Dirección que al día de hoy dice sin fijarse en un papel o consultar en una agenda, a diferencia de cuando intenta rememorar algunos nombres que formaron parte de las investigaciones sobre su origen. Nació el 26 de octubre de 1971 en una clínica clandestina del Cerro donde la “partera Dafonseca”, al igual que tantas otras de la época, se dedicaba a vender bebés. La dirección resultó ser la de la policlínica.

Desde su adolescencia, Salomone tenía cierta lejanía con “el clan”, como le dice a su familia de crianza. A sus 12 años pasó a ocupar el lugar de “oveja negra” de la familia. Por eso, hace diez años, le sorprendió que su tía, la hermana de su madre de crianza, la llamara para tener una reunión. “Mi madre había fallecido meses atrás y me dijeron que querían recordarla”, explica, por lo que asistió a la reunión pese a intuir que “había gato encerrado”. También estaban sus primas. Y así fue “el fin del mundo”: le dijeron que la habían ido a buscar al Cerro su abuela, su tía y la madre. “Me sentí como el protagonista de The Truman Show cuando llega al fin del set y abre la puerta. Lo sabía toda la familia, incluso un primo psicólogo y profesional, quien, alegando que teníamos la misma edad, decidió decirme que no sabía nada”, dice. Nadie le proporcionó más información. Su padre dijo que su madre le había prohibido que hablara y que ella se había encargado del asunto sola. “Como si fuera un perro o un gato, ¿no sé preguntó de dónde vine?”, cuenta exasperada Salomone. Fue así como detuvo su búsqueda, hasta que dos años después falleció su padre.

Desde ese momento, considerado un antes y un después en su vida, comenzó a golpear puertas, escribió a Abuelas de Plaza de Mayo, fue a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y presentó su caso ante la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Aún no sabe quién es su familia de origen. Trabajó en una organización civil que nucleaba casos similares al de ella, la Red de Identidad, junto a Macarena Gelman. Pero la organización civil “se disolvió”. Sus pesquisas individuales le dieron más resultados, pero fueron producto del azar: trabajaba para una empresa y la gerenta era familiar de la partera Dafonseca. Es así como contactó a una de las trabajadoras: Elsa.

“Voy a la casona. Una casa de dos pisos. La única en toda la cuadra. Me encuentro con ella, me lleva a una habitación aparte y ahí me cuenta que a la casa venían mamás con intención de adoptar y que ella las entrevistaba. Así seleccionaban a la pareja ideal: si los adoptantes eran blancos, la niña o niño tenía que ser blanco. No les ibas dar un afro a una pareja de blancos. Después sostuvo que lo que cobraban eran gastos del parto y que varias de las parteras y médicos que trabajaban allí también lo hacían en hospitales. Ahí se me complicó la búsqueda, yo era una aguja en un pajar, podría haber venido de un hospital y no necesariamente de una parturienta que hubiera ido directo a la clínica”, narró Salomone.

Desde el Ministerio de Salud Pública le dijeron que los registros “se quemaban”. Luego, en su acta de nacimiento aparecía una testigo, Osqui Sahakian, con quien se contactó. Era vecina de la policlínica y esposa de un zapatero del Cerro, vendía ropa de bebé. “Supuestamente, había intentado comprarme pero no llegó a la cifra”. Su madre de crianza trabajaba para la fábrica Siriano durante su apropiación, por lo que Salomone intentó acceder a un listado de trabajadores de la fábrica para ver si encontraba una confidente de su madre. “No pude acceder e hice la denuncia ante la Institución de Derechos Humanos [y Defensoría del Pueblo, INDDHH], ahí me dijeron que no se podía acceder al listado por la ley de datos personales”. “Lo que no voy a permitir, bajo ningún concepto, es que sentencien el porqué me dieron, porque nadie lo sabe, sólo mi madre biológica, por quien jamás sentí odio, sino agradecimiento. Hoy soy mi propia memoria. Únicamente me gustaría saber la verdad. En mi familia no me dicen nada, pero el pacto de silencio es tal que naturalizaron su propia mentira a tal punto que cuando le diagnosticaron diabetes a mi madre, la familia me mandaba a controlarme porque es una enfermedad hereditaria”.

“De este mundo no me voy a ir sin saber quién soy”

Mónica Clavijo es referente de Apropiados Uruguay, un grupo de Facebook que reúne a personas con historias similares a la de Salomé que nació en 2017 y que hoy cuenta con 50 “buscadores” de identidad y 600 personas adherentes a la causa. Desde pequeña creyó ser “adoptada”, pero al sacar su partida de nacimiento se dio cuenta de que tenía dos: no sabe si nació en 1971 o en 1973. En su cédula, que posee desde bebé, se afirma que nació en 1971. En su certificado de bautismo de la Sagrada Familia, no aparecen padrinos. Inició la búsqueda de orígenes cuando tenía 30 años. Su “apropiador” trabajaba para la empresa Ericsson: “Fui apropiada por legitimación adoptiva, lo que significa que borran tu identidad y que tu partida de nacimiento original queda archivada”.

Durante su infancia sufrió violencia sexual, psicológica y material por parte de sus apropiadores. Sus padres eran personas “con poder y dinero”. A su apropiadora, a quien Clavijo prefiere no nombrar por tener menos poder, trabajaba en el Consejo del Niño en 1974. Él era Juan Carlos Clavijo Arbelio, trabajador de Ericsson, una empresa multinacional cuyo gerente general era el militar Augusto Bazzi. “Cuando murió, la casa estuvo muy custodiada, incluso aparecieron dos mujeres y mi apropiadora les dijo ‘no les tengo miedo, tengo un arma con la que defenderme’”, recordó, para luego indicar que no sabe muy bien “qué rol cumplía Clavijo, pero era un tipo de poder que firmaba todas las partidas de nacimiento de los apropiados de la empresa Ericsson: somos cinco en total”. Una vecina le dijo que la dejaron en un taxi a los dos años, su madre de crianza le dijo que su madre era Argentina y que la habían trasladado desde Carrasco.

Pero esas “averiguaciones”, según comentó, no fueron tomadas en cuenta por la Justicia. En 2012 denunció al Estado por sustracción, pero el juez Luis Charles, un año después, consideró que el delito había prescrito. Al principio la patrocinó Óscar López Goldaracena y luego, en 2014, el abogado integrante del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, la contactó tras leer un artículo de su testimonio en El País. De este modo se desarchivó la causa y se la enmarcó como “delito de lesa humanidad”. “Pero nos encontramos con que la causa no había tenido nunca un movimiento y que mi firma había desaparecido”, explica. Intentó golpear otras puertas, desde la Secretaría de Derechos Humanos hasta Archivos Judiciales Procedentes de la Justicia Militar (AJPROJUMI), pero aún se desconoce su identidad de origen. “El proceso de búsqueda te desgasta, te enferma, te da ansiedad, porque necesitás saber y querés saber, preguntás a tus apropiadores y no te dicen nada. Es un pacto de silencio, todos creen que es porque van a ir presos, pero sólo queremos saber la verdad. De este mundo no me voy a ir sin saber quién soy”, asegura Clavijo.

“No sé nada de mi origen”

Rosalinda Amarillo tiene 57 años y se enteró de que fue apropiada a sus 48. Nació en 1965. Cuando supo que sus padres de crianza habían fallecido, se lo contó a una familiar de su abuela a través de Facebook. En ese momento, gritó “como una loca”, se enteró de que su esposo y sus hijos sabían su historia, pero decidieron no contarla porque les correspondía a sus padres de crianza. Sufrió por años depresión y está bajo tratamiento psiquiátrico. “Fui traficada por la partera Selena Díaz Morante de Michelena, que se dedicaba a la venta de bebés en el Hospital de Paysandú. No soy el único caso, tenemos dos más en el departamento”, aclara. Al principio, publicó su placa en Adoptados Uruguay, otra organización civil dedicada a la búsqueda, pero luego se dio cuenta de que su historia era la de una “apropiación” y ese término no fue aceptado en la colectividad.

Según sus pesquisas individuales, su madre era una trabajadora sexual radicada a 100 kilómetros de Paysandú y su padre un comisario de la zona. “Esta señora, que supuestamente era mi madre biológica, falleció hace muchos años y tuvo muchos hijos, con quienes hoy me relaciono, lo único que pido es poder hacerme un ADN de hermandad para verificarlo”, reclama. Desde 2015 está jubilada y tiene serios problemas de columna que “son congénitos”; enfatizó en que cada vez que le preguntaban cuáles eran sus antecedentes familiares en una consulta médica la miran con “cara de bicho raro”: “No sé nada de mi origen, ni mi fecha verdadera de nacimiento”.

“No busco a mi madre, busco mi historia”

Sofía Suárez se enteró de que era apropiada a los 18 años. Se crio en el Prado, su madre “adoptiva” murió cuando ella tenía cinco años. Se enteró porque al intentar casarse, a los 17, pidió su partida de nacimiento. “El Registro Civil no me envió la documentación, me dijeron que había algo erróneo y tuve que pedirla en la Intendencia de Montevideo”, explica. Fue así como en una conversación sobre el tema con unos amigos de su padre y una maestra que la conocía desde los tres años se lo contaron. Lo único que recuerda de su infancia es una foto suya sentada a upa de Gregorio Álvarez y que su niñera también lo fue de la familia Bordaberry.

“Mi padre aún está vivo, pero no me ha dicho nada, me dijo primero que mi apellido era Modernell y luego Antonio Ruiz Mascaro, que por eso me gustaba dibujar, porque mi padre era artista; encontré a dos posibles padres pero ninguna de las investigaciones obtuvo un resultado definitivo”, explicó. “No busco a mi madre, busco mi historia, antes imaginaba e idealizaba un poco el momento en el que podía cruzarla, me pregunto si me habrán quitado de sus brazos, si fue víctima de un abuso o si no tuvo un sostén económico como para criarme; creo que, en cierto sentido, me quiso”, concluyó.

Adoptados: falta de información

Justa Techera es referente de Adoptados Uruguay, una organización civil que se dedica a la búsqueda de orígenes biológicos en procesos de adopciones. “Desde Búsqueda de Orígenes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no tienen acceso a los datos del Pereira Rossell, en el Registro Civil tenés que presentar un habeas data y trabajan con dos años de atraso, hoy tienen casos de 2019”. Al encontrar a los familiares de origen, los “buscadores” se comunican con la madre o familiares para saber si quieren hacer contacto y luego se le informan a la persona que buscaba su origen. “A determinada edad los tiempos son importantes, muchos de los padres de crianza mueren y los familiares que pueden dar información también”, asegura.

Según indicó, la mayoría de quienes buscan sus orígenes lo hacen a los 40 o 30 años, cuando sus padres de crianza fallecen, “por un tema de respeto o cariño”. “Es inevitable buscar saber quién sos. Cuando conocí a mi familia biológica, me di cuenta de que viví cerca de ellos algún tiempo, ¿qué sucedía si me vinculaba con alguno de mis hermanos?”. Su madre la tuvo en un convento de monjas el Buen Pastor, donde tenían a menores de edad, allí muchas adolescentes tuvieron hijos. Al asistir presencialmente al lugar le permitieron acceder a los registros.

“Era un día tormentoso, subí al altillo y había un montón de cajas desordenadas, algunos expedientes tenían una cruz roja de punta a punta que decía ‘secreto’ en rojo. Tenía sólo una linternita y miraba hoja por hoja, encontré mi expediente y me lo llevé. Si hubiera sabido que era tan difícil la búsqueda de los orígenes, si hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, me hubiera llevado todas las cajas”, lamenta Justa.

Pero esa no fue la única organización religiosa que realizó adopciones, una de las organizaciones civiles que más dificulta la búsqueda de origen, tanto de organizaciones civiles como estatales, es el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), una organización que recibía a mujeres embarazadas para dárselas a matrimonios religiosos. Según comentó a la diaria Mariana Mota, exjueza y exdirectora de la INDDHH, una persona particular tiene los registros del MFC en su casa y se los ofreció a la INDDHH.

Las dificultades para garantizar el derecho a la identidad

Desde la formación de la INDDHH en 2012, el arribo de personas que buscaban su identidad de origen fue “constante”, sostuvo Mota. Primero, desde la Secretaría de Derechos Humanos ya se manejaban unos 300 casos, luego, a mediados de 2020, se conformó el Equipo de Referencia Temático por el Derecho a la Identidad dentro de la institución, dirigido por Mota. Este año la INDDHH presentó el informe “Derecho a la identidad de origen” con base en 71 casos. Luego de la presentación del informe, el 19 de mayo, el equipo de referencia pasó a manejar 150, según comentó Mota.

Los casos se concentran en un rango etario de entre 40 y 50 años. “La mayoría de los padres de crianza estuvieron vinculados a las unidades militares o son policías, por eso los denunciantes tenían en el imaginario que podrían ser hijos de detenidos desaparecidos, pero esa hipótesis se descartó”, comentó la exdirectora de la INDDHH. Pese a esta aseveración, Mota aseguró que las personas apropiadas sí fueron víctimas del terrorismo de Estado: “Durante ese período el Estado actuó de manera irregular: funcionaron clínicas clandestinas, hubo robos de bebés en hospitales, entre otros. No fueron víctimas por una cuestión ideológica, pero sí hay un contexto que permitió estas prácticas”.

Tras un año de trabajo, el equipo de referencia cayó en la cuenta de que para cada investigación se necesitaban diferentes documentos y que el Estado “debía coordinar y mostrarse colaborativo”. “Hablamos, por ejemplo, con el Instituto de Órganos y Trasplantes para que les explicaran a las personas cómo se leía un examen de ADN, y así con otras dependencias. El único ministerio que se mostró reticente fue el Ministerio de Salud Pública. Nos salieron con un domingo siete: el ministro dijo que los hijos buscaban reclamos hereditarios. Ahí explicamos que no suelen ser las personas pudientes las que regalan a sus hijos, nos pareció un divague”, cuenta.

Respecto de los registros efectuados en los juzgados, antes de que el INAU monopolizara todos los procesos de adopción en 2009, tras la promulgación de la Ley 18.590 -normativa a la que se opusieron organizaciones civiles como el MFC-, Mota sostuvo que “no se indagaba sobre la familia de origen, ni se priorizaba al niño ni su derecho a la identidad”.

El régimen a partir de la LUC

En la actualidad, la ley de urgente consideración (LUC) habilita algunos procesos excepcionales de adopción mediante juzgados, pero según indicó a la diaria la directora de la División de Adopciones del INAU, Valeria Caraballo, se lleva un Registro General de Adopciones. “Las adopciones que surgen de los juzgados tienen que ser comunicadas mediante oficio”, explica, para luego remarcar que se crean carpetas con la adopción de cada persona y que “en los expedientes judiciales sí o sí tiene que aparecer la identidad de origen”. “La condición de adoptabilidad es decretada por el Poder Judicial de dos grandes maneras: si existe una vulneración de los derechos o está en riesgo la vida del recién nacido, el centro hospitalario, el área de maternidad del servicio, se comunica con un juez y nosotros realizamos un ingreso provisional del niño con una familia seleccionada del Registro Único de Adoptantes, con la condición de que la adopción aún no se concretó y que el proceso puede revertirse. También ocurre que si el bebé tiene un problema grave de salud se lo integra a una ‘familia amiga’ mientras se dilucida, con trabajo en territorio, si la situación y la condición de adoptabilidad es clara o no”, dice Caraballo.

Según comentó a la diaria el trabajador social de Búsqueda de Orígenes de INAU Juan Manuel González, desde esta dependencia se manejan unos 1.000 casos de personas que buscan su origen, con un ingreso anual de 150 personas, pero sólo tratan aquellos en los que haya habido un proceso de adopción legítimo, aunque aseguró que este dispositivo de búsqueda también tiene dificultades para acceder al registro del MFC. “Hay muchos preconceptos de épocas anteriores, el ocultamiento no puede ser posible porque va en detrimento del derecho a la identidad”, sostiene el trabajador social.

Búsqueda de Orígenes, según comentó, tiene acceso a los trámites reservados del Registro Civil y a las partidas de nacimiento emitidas por la Intendencia de Montevideo, y “se están ampliando las bases de acceso”. “Celebramos un convenio con la Corte Electoral que nos permitirá acceder a partidas de nacimiento en todo el país, no sólo en Montevideo”, asegura. También trabajan con AJPROJUMI cuando se trata de adopciones concretadas antes de la regulación de 2009 a través del Poder Judicial.

Según comentó Elba Rama, directora de este organismo, reciben tanto consultas del INAU como consultas particulares. “En aquellas épocas funcionaban los juzgados de Menores y estamos en camino a la digitalización de muchos de estos archivos que están desordenados y distribuidos por varios departamentos del país”, dice. Pese al acceso a todos esos datos, Búsqueda de Orígenes sólo se encarga de los procesos de adopción; “en caso de apropiaciones, sólo orientamos y derivamos a la INDDHH”, comenta González. “En las apropiaciones no tenés manera porque al no existir documentación salían del hospital con un certificado de nacido vivo, como que había nacido de esa madre: es el crimen perfecto”, sostiene Caraballo.