Con los votos del Frente Amplio (FA), la Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley presentado en 2025 para garantizar el derecho a la ciudad. Desde el oficialismo se ha señalado que se trata de “un concepto que se manifiesta en diversos instrumentos internacionales” y que es respaldado, por ejemplo, por ONU Hábitat y Unesco. Los senadores nacionalistas y colorados votaron en contra de la iniciativa, que ahora será tratada en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que tiene diez artículos, establece un conjunto de acciones en pos de “la efectivización, monitoreo y evaluación de los componentes que integran el derecho a la ciudad”. Con el objetivo de “observar y evaluar vulneraciones al derecho a la ciudad” y para “generar y promover propuestas para coordinar acciones y medidas entre los distintos actores públicos, privados y la sociedad civil organizada”, se dispone la creación de un Consejo Consultivo Honorario de Derecho a la Ciudad, que será integrado por representantes de distintos ministerios, el Poder Judicial, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y el Adolescente, el PIT-CNT, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Congreso de Intendentes, entre otros organismos.
A su vez, la iniciativa establece que el Instituto Nacional de Estadística analice, evalúe, y elabore informes técnicos con indicadores sobre el grado de satisfacción de los habitantes sobre los diferentes derechos que comprende el denominado derecho a la ciudad.
El senador del FA Gustavo González, impulsor de la iniciativa, afirmó al momento de la votación que “el mundo va hacia una urbanización feroz”, ya que “en los próximos años cada vez más gente va a vivir en las ciudades, con todos sus problemas”. Estos, sostuvo, “son temas que deben tratarlos ya no solamente un intendente o un ministro”, sino “varios ministerios” en conjunto con la sociedad civil.
González señaló que en los últimos tres años se han constatado 177 “problemas asociados a conflictos territoriales” en el área metropolitana. Estos problemas tienen que ver con el uso del suelo, el acceso al agua, el acoso sexual a mujeres en espacios públicos, la seguridad, el transporte, la accesibilidad y los espacios públicos. “Se requiere un cambio de paradigma”, afirmó el senador frenteamplista.
González dijo que por todos estos temas resulta “importante que en este país contemos con un proyecto de ley que tácitamente hable del derecho a la ciudad”. Sostuvo que la iniciativa “presenta una oportunidad relevante para la articulación y la jerarquización de instrumentos existentes”. “Este proyecto constituye una oportunidad para consolidar un enfoque de políticas públicas centrado en la sostenibilidad de sus múltiples dimensiones”, agregó.
Bordaberry cuestionó la oportunidad del proyecto
A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que el proyecto presentado por el FA “está equivocado en tres planos: la oportunidad, concepción y contenido”. Con respecto a la oportunidad, criticó que el Senado dedique su tiempo a “debatir la declaración de un día nacional, la creación de un Consejo Consultivo Honorario y la enunciación de un derecho que todos reconocemos, mientras tanto descansan en las comisiones proyectos de ley que atienden la inseguridad pública, que crean figuras delictivas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que proponen medidas para mejorar la situación económica del país”, iniciativas que justamente “darían una mejor ciudad y darían más derecho a la ciudad”.
“Mientras declaramos el derecho de todos a usar y disfrutar la ciudad, hay derechos que vemos violentados todos los días, personas que acampan en la calle, personas que se apropian de cuadras enteras y exigen dinero a quien quiera estacionar en el espacio público como si fuera propio”, añadió Bordaberry.
En respuesta, el senador frenteamplista Óscar Andrade dijo que el argumento de Bordaberry está basado en una crítica al instrumento “por lo que no pretende resolver”. “Es absurda esa crítica. Básicamente, [el proyecto] declara principios que están reconocidos en Naciones Unidas, crea un espacio interinstitucional, ubica la necesidad de información de calidad que no tenemos”. Andrade lamentó que el debate “no se haya dado en la comisión en estos términos”, y dijo que espera que el consenso que no se logró en el Senado pueda alcanzarse en la Cámara de Diputados, con el texto original o con uno “mejorado”.