En los últimos días varios economistas hicieron una conexión entre el dato oficial sobre el nivel de pobreza infantil -22,5% de los menores de seis años son pobres según los ingresos familiares- que se conoció a finales de setiembre y un anuncio del presidente Luis Lacalle Pou respecto del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan los jubilados. Si bien cada tema refiere a poblaciones distintas, tienen como punto en común el gasto público y el debate sobre qué priorizar a la hora de asignar fondos, o a qué destinar los recursos en caso de que exista un “espacio fiscal”.

Esto último es un concepto económico intangible, que representa la posibilidad de hacer una política expansiva, ya sea por la vía de la reducción de impuestos o del incremento del gasto. El gobierno prometió que en caso de que el producto interno bruto (PIB) crezca por encima de la previsión de comienzos de año, ese “extra”, en palabras de Lacalle Pou, se destinará a reducir las primeras franjas de aportes al IASS y al impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) que pagan los trabajadores.

“Creemos justo y de orden un afloje en el cinturón. Hace muchísimos años que un gobierno no afloja el bolsillo de los uruguayos”, dijo el jueves Lacalle Pou, que tras hablar sobre el proyecto de reforma jubilatoria fue consultado sobre el IASS y la promesa de reducir el impuesto que se incluyó en el “Compromiso por el país”. El plan, que había sido adelantado por el mandatario en su discurso ante la Asamblea General en marzo, se activará si la economía crece en 2022 por encima de la previsión inicial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que era 3,8% y se elevó a 4,8% en la Rendición de Cuentas.

El anuncio causó diversas repercusiones entre analistas y también en tiendas políticas. En Twitter varios economistas dieron una visión crítica en un debate que se originó a raíz de un mensaje del nuevo presidente de la Unión de Exportadores, Francisco Márquez: “No estoy viendo un plan coherente. Aumento de la TPM [la tasa de política monetaria o tasa de interés que define el Banco Central], política contractiva, versus disminución del IASS e IRPF, política expansiva”.

Una cuestión de prioridades

En su mensaje, Márquez auguró que el “plan” del gobierno, “por donde se mire”, traerá “pérdida de competitividad que terminará afectando el empleo y el crecimiento”. Esto refiere a un reclamo del sector exportador, que no avala la política del Banco Central de suba de la tasa de interés para combatir las expectativas de inflación, por entender que afecta el tipo de cambio y, por ende, la competitividad.

Esta sentencia, escrita en Twitter la noche del jueves tras la conferencia de Lacalle Pou, provocó respuestas e intercambios en la red social durante los días posteriores entre distintos economistas, quienes en su mayoría coincidieron con el diagnóstico y además pidieron que a la hora de asignar recursos se priorice la primera infancia.

Martín Vallcorba, quien integró el MEF durante los gobiernos frenteamplistas y hoy es asesor de la oposición en el Senado, mostró su acuerdo con la visión del presidente de la gremial de exportadores. “El anuncio del presidente es francamente inconsistente tanto desde el punto de vista del manejo macroeconómico como respecto a las prioridades del gasto público”, expresó. Además, planteó que la promesa sobre reducir el IASS está “fundamentada en un mayor crecimiento, que no es genuino de 2022, sino en buena medida arrastre estadístico” en virtud del repunte de la economía tras la pandemia.

Para Vallcorba, el anuncio del gobierno deja de lado “la preocupación por la equidad intergeneracional, una de las supuestas motivaciones de la reforma previsional, y la necesidad de fortalecer las políticas de combate a la pobreza infantil”.

Por una línea similar fue el economista Sebastián Fleitas, profesor de la Universidad de Lovaina (Bélgica): “Reducir el IASS no debería ser la prioridad de la política económica. Más recursos a la educación debería ser donde la sociedad invierta los recursos. Tanto por un tema de crecimiento futuro como de equidad”.

Otro que opinó tras las palabras del presidente fue Gustavo Viñales, especialista en impuestos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve): “El mismo día que presentan la reforma al Parlamento, que rebaja prestaciones y nada incluye sobre ingresos y regímenes excepcionales, se habla de rebajar el IASS. Es contradictorio. ¿No era por sostenibilidad?”.

También se pronunció Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica: “Una economía deficitaria, con deuda creciente, porcentaje relevante de crecimiento vía arrastre estadístico, frente externo en deterioro y pobreza infantil en el mejor de los casos estancada, no tiene ningún espacio para reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos”.

En tanto, el economista y socio de la consultora CPA Ferrere Gabriel Oddone relacionó la realidad local con la renuncia de la primera ministra de Reino Unido, Elizabeth Truss. Repasó que la líder británica debió irse porque “su plan de crecimiento carecía de fundamentos”, algo que fue identificado por los mercados, tras ver que promovió una rebaja de impuestos sin recortar el gasto público, en medio de una “política monetaria contractiva del Banco de Inglaterra para atacar la inflación”.

“Rebajas de impuestos no sostenibles e instrumentos macroeconómicos moviéndose en direcciones opuestas dejaron en evidencia la inconsistencia de la política”, dijo Oddone, y complementó que cuando las acciones de un gobierno no guardan coherencia “algo lleva a los mercados a ‘apostar’ por su corta vida” y así “los efectos buscados son neutralizados”.

Trayendo el ejemplo a Uruguay, repasó que el “BCU ha adoptado una política monetaria contractiva” para contener la inflación, “la política fiscal ha tenido un sesgo contractivo” que trajo una baja del déficit, y “el presidente ratificó su voluntad de rebajar el IASS”. Entonces, según Oddone, “una disminución de impuestos acompañada por una política monetaria contractiva y por compromisos de aumentos de salarios arriesga a consolidar un marco inconsistente de la política económica, algo que afectaría su credibilidad”. Como corolario, indicó que “bajo una elevada incertidumbre externa y perspectivas de desaceleración en Uruguay, no afectar la credibilidad de la política económica es clave para no comprometer el crecimiento a largo plazo”, y “tomar nota del fracaso del plan de Liz Truss es útil”.

Quien opinó distinto fue José Licandro, exintendente de Regulación Financiera del BCU, al plantear que “no es comparable una medida en el campo monetario” como la suba de la tasa de interés, “que por definición es transitoria y orientada a bajar la alta inflación que tenemos”, con “otra del campo fiscal que es permanente”. A su vez, analizó que la eventual rebaja impositiva deberá “respetar la regla fiscal [que creó el actual gobierno y condiciona el nivel de endeudamiento], así que muy expansiva no podrá ser”.

Zubía: “No podemos usar criterios socialistas”

El diputado colorado Gustavo Zubía, que viene insistiendo con la propuesta de reducir o eliminar el IASS -en su opinión, un impuesto “de lo más jodido”-, dijo a la diaria que quedó “preocupado” tras el discurso de Lacalle Pou. “La manifestación o promesa de pago -lo digo como abogado- no tiene validez si no tiene una fecha, un monto y eventualmente sus cláusulas. Le pido al presidente que manifieste en qué condiciones [se realizará la reducción del IASS], porque es una promesa de campaña”, manifestó.

El impuesto que origina el debate fue creado en 2008, luego de que la Suprema Corte de Justicia considerara inconstitucional gravar con IRPF a las pasividades. El IASS tiene escalas progresivas de aportes, igual que el IRPF, y en el caso de los jubilados empiezan a pagar el impuesto quienes cobran por encima del mínimo no imponible de 41.300 pesos. Según los últimos datos disponibles, en 2018 24% de los pasivos pagaron IASS, es decir, uno de cada cuatro. El impuesto tiene tres niveles de aporte, con tasas de 10%, 24% y 30%.

Zubía, diputado colorado que junto con otros legisladores de la coalición promovió una minuta en el Parlamento para pedir al Ejecutivo una reducción del IASS, refutó el análisis de los economistas sobre la eventual baja del impuesto y dijo que la prioridad debe ser una lectura política del asunto, asociada a la promesa de campaña. “Lacalle Pou y los demás candidatos [del actual oficialismo] prometieron el descenso y en algún caso la derogación del IASS. Ahora el presidente lo vuelve a decir, pero mi queja es que se manifieste el cuándo, el cuánto y el cómo”, dijo. En respuesta a las críticas de los economistas, el legislador sostuvo que hay análisis “con picardía” y que “de originales no tienen nada”.

“La enumeración de causas humanas para atender requerimientos de los más necesitados en desmedro de los menos necesitados, como podría ser la pobreza infantil o las jubilaciones más bajas -hay 70.000 otras causas que podría citar-, iguala a todos y así no hay justicia. Con ese criterio, yo conocí el salario de quien administró tiempo atrás el hotel Conrad, que eran 80.000 dólares, y podría decir que desciendan los salarios privados porque la pobreza infantil lo necesita. No podemos usar esos criterios socialistas de igualar siempre hacia abajo, porque siempre habrá una causa humana para atender”, manifestó Zubía.

En esa línea, agregó que “no tiene sentido” la lógica del IASS, que, según dijo, es “que el Estado manotea del bolsillo de la persona, le dice ‘pagame tú primero y luego yo de eso te pago a ti’”. Además, planteó que por la situación deficitaria, por ejemplo, de la Caja de Profesionales, está sobre la mesa la posibilidad de que los ya jubilados aporten más para la financiación del subsistema, lo que “genera una preocupación intensa” entre los pasivos.

En un tuit en respuesta a argumentos como los esgrimidos por Zubía, Viñales, del Cinve, expresó: “La gente opina contra el IASS sin entender que no se podría cobrar las jubilaciones que tiene Uruguay si no existiera el impuesto y sin transferencias de otros impuestos de Rentas Generales. Que se quejen del IASS quienes cobran jubilaciones subsidiadas es una contradicción”. A su vez, planteó que la medida de bajar el tributo a las jubilaciones así como al IRPF -que pagan uno de cada tres trabajadores- “significa ‘aflojarle la cincha’ a los sectores de mayores ingresos”.