“Se trata de una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”, indicaba una declaración del Frente Amplio (FA) de fines de octubre, cuando la fuerzas política definió que no acompañaría el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno. El principal reclamo es que con esta reforma “la mayoría de las personas” tendrán que “trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos”.
Con esta definición establecida, la coalición de izquierda va rumbo a un plenario que se realizará el sábado 26 de noviembre, en el que definirá una estrategia para afrontar el proyecto, que será guía para la discusión parlamentaria, y es en ese aspecto que surgen distintas visiones en la interna.
Hay quienes creen, como cuando se discutió la ley de urgente consideración (LUC), que toda negociación con el oficialismo que permita mejorar algunos artículos será positiva; también hay quienes entienden que varios artículos del proyecto son positivos y deberían ser votados; y por otro lado están los que consideran que el FA no debería meterse en la cocina del texto, sino apartarse y no votar ningún artículo.
Entre los primeros en reflejar una opinión propia estuvo la Convocatoria Seregnista-Progresistas, la alianza que integran sectores como Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y Plataforma. En una declaración emitida a principios de noviembre, se habla de “aristas compartibles” con el texto acordado por la coalición de gobierno, pese a que “es incompleto, tiene errores y, sobre todo, no es justo” porque “no incorpora contribuciones de otros estamentos de la sociedad con clara capacidad contributiva”. “Por eso no lo vamos a acompañar en general. Sin perjuicio de eso, puede tener aristas compartibles y trabajaremos en propuestas que lo mejoren”, se indicó.
“Trabajaremos activa y constructivamente en el Parlamento para que sean incorporados los elementos que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto del gobierno, se corrijan los errores que presenta y se incorporen las mejoras necesarias para que efectivamente podamos avanzar en la reforma de la Seguridad Social que Uruguay necesita”, añade el texto.
Una postura que podría interpretarse como similar tiene el Movimiento de Participación Popular, sector al que si bien le “preocupan” aspectos fundamentales del proyecto, como “el financiamiento, la cobertura y los impactos”, está dispuesto a negociar mejoras con el oficialismo. Así lo expresó a la diaria el senador Daniel Caggiani, integrante de la comisión que se creó especialmente para discutir este proyecto, que por ahora sólo ha recibido comisiones y no empezó la discusión general del texto. “Lo importante es que el FA construya propuestas únicas” y “después el oficialismo valorará” si las suma o no, pese a que hasta el momento “hemos visto que no hay mucho margen de maniobra”, manifestó.
Caggiani señaló que, tal como está planteado, el proyecto es “altamente inconveniente para los trabajadores y trabajadoras” y opinó que el FA debería “trabajar para hacer aportes para tratar de mejorar algunos aspectos, más allá de que en términos generales no se va a acompañar el proyecto”. En este sentido, apuntó que “un partido político que se precie de representar” a la sociedad debe buscar “cualquier modificación en una normativa que beneficie a la sociedad”, y por tanto dijo que “puede haber algún tipo de apoyo específico” para algunos artículos. “Creo sería un sinsentido si existen beneficios para la sociedad, o por lo menos sería muy difícil explicarlo públicamente, que el FA no los apoye”, agregó.
En tanto, por el lado de la Vertiente Artiguista, el senador Enrique Rubio manifestó a la diaria que en su sector están “preocupados por los contenidos” del texto en cuestión, pero cree que de parte del FA habrá un “planteo clásico” como hubo con la LUC, donde se buscó mejorar algunos artículos y se apoyaron otros. Si bien entiende que es “un tema de estrategia que hay que analizar con mucha profundidad”, consideró que lo fundamental es que “la gente tiene que entender con claridad cuál es nuestra postura” sobre el proyecto, porque “de repente se adoptan posturas políticas” que en determinado contexto “podrían ser razonables”, pero “pueden resultar un poco incomprensibles”. “Es un tema que no se resuelve con políticas de principios, es un problema táctico”, consideró.
“Si empezamos a votar en particular, empezamos a legitimar la ley”
Algunos sectores aún no han analizado su posicionamiento de cara al plenario del 26 de noviembre, mientras que, según supo la diaria, las bases, que también tienen representantes en el organismo, lo harán en los próximos días. En cambio, con posturas definidas pero distintas a las planteadas aparece, por ejemplo, el Partido Socialista. El dirigente José Nunes, senador suplente, señaló a la diaria que se trata de un texto “muy malo” enmarcado en un proyecto de la coalición de gobierno “concentrador y excluyente”, ya que “las reformas que se hacen son funcionales a la concentración de la riqueza”.
Nunes, quien ve “con muy buenos ojos la movilización social” que busca contrarrestar la propuesta oficialista, como el reciente paro del PIT-CNT, dijo que “hay que concentrar los esfuerzos en que la ley no sea aprobada y lo que votamos o no votamos tiene que ser funcional a ese objetivo”. “Si empezamos a votar en particular [algunos artículos] empezamos a legitimar la ley, empezamos a ser parte de una solución que esencialmente no compartimos”, señaló y agregó que “para reforzar la idea de movilizar a la sociedad para que la ley no sea aprobada, nuestra postura es votar en general en contra y no votar ningún artículo en particular”.
Y hay otros sectores que, si bien tienen menor peso tanto a nivel parlamentario como en la orgánica del FA, tampoco son proclives a aprobar algunos artículos. Tal es el caso de Compromiso Frenteamplista, conocido por su lista 711, que este lunes emitió una declaración con una “posición contraria a esta reforma clasista” y convocó al FA “a cerrar filas junto a estudiantes, trabajadores y jubilados para derrotar este proyecto”. En conclusión, expresó su disposición a “no votar en general ni en particular ningún artículo en su tratamiento parlamentario”. “Creo que cuando se empiecen a votar en particular [los artículos] nos deberíamos ir de sala, después de dar todos los fundamentos de por qué la rechazamos”, dijo días atrás a la diaria el diputado Felipe Carballo.
El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Daniel Gerhard en los últimos días emitió una carta en la que dijo que el proyecto “puede contar con algunos artículos inocuos o compartibles” pero “todos conforman un sistema que rechazamos de plano porque profundiza la desigualdad”. Por tanto, llamó a “ser cuidadosos con su tratamiento para evitar que luego nos presenten como corredactores”. A su entender, “no hay ninguna consideración particular o técnica que justifique que contribuyamos de alguna forma a legitimar una reforma que debemos frenar porque comprometerá por décadas la vida de las mayorías”.
Otro sector que se manifestó en los últimos días sobre el tema fue el Nuevo Espacio, que en el documento de su congreso se opuso al proyecto “en tanto sólo es una reforma de jubilaciones y pensiones, que además de no abordar el problema de fondo, encubre un ajuste fiscal”. Según supo la diaria, el sector planteará aprobar algunos artículos que se consideren positivos, pero no “toquetear artículos para que sean menos malos”, ya que “eso sería un error” porque puede generar “mensajes confusos” hacia la sociedad.