Tras la decisión del Poder Ejecutivo de no apelar el fallo de primera instancia que suspendió el decreto que flexibilizó las restricciones a la industria tabacalera, la suerte de la normativa quedó en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el máximo órgano de la justicia administrativa.

La sentencia de la jueza de Familia de 27° turno, María Elena Emmenengger, quien falló a favor de la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) en la acción de amparo que presentó contra el decreto, dispuso su suspensión “inmediata” hasta que el acto administrativo quede firme, en referencia a la impugnación por vía administrativa que realizó la SUT para que sea el propio Ejecutivo el que remueva el decreto.

La SUT presentó el recurso administrativo ante Presidencia de la República para revocar el decreto 282/022 el 19 de setiembre, y a partir de esa fecha comenzó a correr un plazo de 120 días para que el Ejecutivo se expida al respecto. En caso de que venza el plazo sin un pronunciamiento del Ejecutivo se entiende que el recurso fue desestimado, por lo que quienes impugnaron el decreto quedan habilitados para presentarse ante el TCA para pedir la nulidad del acto administrativo.

La integración del TCA en 2023

El TCA es un órgano independiente del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado, que fue creado en 1952 con el cometido de definir los procesos de nulidad de actos administrativos dictados por los órganos del Estado.

Como máximo órgano del proceso administrativo debe, ante una demanda, definir si el Estado, en su tarea administrativa, actuó o no ajustado a derecho y en sus resoluciones debe limitarse a determinar la nulidad del acto administrativo, sin posibilidades de reformularlo.

Se estima que el proceso para analizar un recurso de nulidad lleva unos tres años. Cada ministro analiza por separado el expediente y luego se toma la definición en acuerdo. Las mayorías necesarias para determinar la nulidad de un acto administrativo dependen del objeto del reclamo. Cuando se trata de acciones de nulidad por lesión de un derecho subjetivo se requiere una mayoría simple y la resolución tiene efectos exclusivos sobre ese proceso, mientras que cuando el acto de nulidad refiere a cuestiones de regla de derecho o de la buena administración, se requerirá la conformidad de cuatro de los cinco miembros y sus efectos son generales.

Pese a no formar parte del Poder Judicial, la designación de los ministros del TCA está vinculada a la carrera judicial. El artículo 236 de la Constitución prevé que los ministros sean elegidos por dos tercios de la Asamblea General, pero cuando no hay un acuerdo político para su designación, se recurre a los ministros del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial de mayor antigüedad.

De los cinco cargos que hoy integran el TCA, dos quedarán vacantes en los próximos meses, debido a que sus integrantes cumplen 70 años. Se trata de los ministros Eduardo Vázquez Cruz, que dejará el cargo este año, y Nilza Salvo, que lo hará en 2023. A partir de que se genera la vacante, el Legislativo tiene 90 días para designar un sustituto y, de no alcanzar un acuerdo -tal como se prevé-, asumirán los ministros de apelaciones más antiguos.

En ese lugar, hay un triple empate entre la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° turno, Rosina Rossi, el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, José Balcaldi, y el miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno, Ángel Cal, dado que los tres asumieron el 14 de octubre de 2005.

El artículo 236 de la Constitución prevé que, en ese caso, se considere la antigüedad en la judicatura, pero allí también hay un empate entre Rossi y Balcaldi, que fueron designados como jueces el 29 de agosto de 1986, por lo que aún no está definido cómo se integrará el Tribunal al momento de fallar sobre este asunto.

El rol de Sandra Boragno

El 29 de setiembre Boragno fue designada procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo por el presidente, Luis Lacalle Pou, dado que el cargo no requiere de venia del Senado.

Entre sus funciones está la de “dictaminar según su convicción” en todos los asuntos que trata el TCA. Si bien el pronunciamiento de la procuradora no es vinculante, puede ser tomado íntegramente por el tribunal. Antes de resolver en cada caso, el TCA debe enviar la consulta a la procuradora, quien tiene 90 días para pronunciarse.

la diaria consultó a Boragno sobre su postura en cuanto a la legitimidad de su actuación en el caso, dado que fue el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) el que representó al Ejecutivo en el litigio judicial y su titular, Omar Paganini, es su esposo. Boragno aseguró que si bien no estudió el caso concreto, porque aún no llegó al TCA, se va a apartar de todos los casos que tengan directa relación con el MIEM.