“Ojalá que discutamos mucho, que pasemos bien, pero que nos vayamos con mucha incomodidad”, dijo el edil frenteamplista Martín Couto al abrir el conversatorio “Derechos, vulneraciones y desafíos”, que se desarrolló en la sala Idea Vilariño del teatro Solís este martes. El encuentro fue organizado por la Junta Departamental de Montevideo, en el marco de la conmemoración de los 33 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, y contó con la presencia de activistas y autoridades vinculadas a las infancias y adolescencias.
El primero en hablar fue Luis Pedernera, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien destacó la importancia de poner en diálogo “la vida de los adultos con la de los niños, olvidados”, para enfrentar los desafíos que se presentan en la actualidad en materia de vulneración de derechos. “En las crisis los niños quedan más expuestos” y “son víctimas invisibilizadas siempre”, aspecto que se acentúa cuando crecen las políticas que apuestan a los aumentos de penas, el encierro y la creación de nuevos delitos.
Pedernera manifestó que “urge” repensar la relación con las infancias y las adolescencias “en términos de diversidad”, y adaptar lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño a las vidas de los latinoamericanos, porque en su elaboración fue orientada a la población europea. Además, planteó que los adultos deben dejar de “usurpar” el lugar de los niños, niñas y adolescentes, a los que se le suele dar un protagonismo “simbólico” en ocasiones puntuales, con las que “no pasa nada más después”.
A su reflexión se sumó la de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, que se refirió a su labor en el Consejo del Niño y opinó que varios años después de dejar el cargo en esta materia todavía se navega “a ciegas”, aunque existen nuevos mecanismos que permiten tener algunas respuestas. “Hoy sabemos más, hay una nueva sensibilidad”, argumentó.
Por otro lado, Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IM), opinó que debe existir una “escucha más profunda” para construir otra forma de vincularse, en la que todos puedan “mirar y dejarse mirar”, permitiéndole al otro que “interrogue, cuestione y tire todos los papeles”. Asimismo, se detuvo en el trabajo de la IM, que a través del Plan ABC suministra alimentos y brinda orientación nutricional a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años. Según expresó, luego de recordar los resultados de la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud del Instituto Nacional de Estadística, que el Estado no garantice el acceso a la alimentación es un modo de “ir mutilando las formas de crecer y de desarrollar el potencial” de niñas y niños y de prolongar la infantilización de la pobreza.
A su turno, Marisa Lindner, expresidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), indicó que la Convención fue un documento fundamental porque “cuestionó el poder y la autoridad” y obligó a pensar que “las relaciones con los niños, niñas y adolescentes deben cambiarse”.
Para lograrlo, y para terminar con la pobreza infantil, las instituciones deben implicarse en todos los niveles y reconocer que no se puede apuntar a las infancias y adolescencias “sin hablar de materialidades”, afirmó. Es necesario llegar a acuerdos y consensos, y “redistribuir lo no redistribuido”, con la consciencia de que la problemática es tan profunda que “no la va a cambiar una institución”, analizó Lindner.
Recuperar la memoria
El conversatorio cerró con las palabras de Marisa Rodríguez, integrante del colectivo Memoria en Libertad, y Nadia Delgado Santos, en representación de los niños, niñas y adolescentes detenidos en el ex Hogar Yaguarón, utilizado en la dictadura como centro de reclusión de militantes estudiantiles y de izquierda menores de edad.
“Fuimos miles de niños, niñas y adolescentes que padecimos torturas, exilio, secuestro, robo, persecución, clandestinidad y abuso sexual, tanto en nuestras casas como en los centros de reclusión clandestinos”, relató Rodríguez. Esta experiencia dejó secuelas “a nivel emocional y afectivo”, en la salud y en la psiquis no sólo de las víctimas directas sino también de sus hijos. A 50 años de los hechos, todavía no han sido “ni reconocidos ni reparados por parte del Estado uruguayo” y, por lo tanto, el colectivo reclama una reparación integral y la garantía de la no repetición.
Delgado narró algunas de las condiciones en las que vivió durante su paso por el ex Hogar Yaguarón, al que describió como un “centro de disciplinamiento” en el que una de las penas que se aplicaba era el retiro de todas las comidas del día. Delgado, que se pregunta cuánto de lo que experimentó ha cambiado en la actualidad, manifestó que “hay cosas que no hemos superado”, pero “aún hay tiempo de reparar y sanar”.