Este martes ingresó a la Comisión de Constitución del Senado el pedido de juicio político a la intendenta de Montevideo, la frenteamplista Carolina Cosse. Ante esto, la bancada de senadores de su partido dio una conferencia de prensa en la que pidió que se archive el pedido “rápidamente” como forma de mostrar que esta acción es un “despropósito” y un “atropello”.

La coordinadora de la bancada, Liliam Kechichian, apuntó que la figura prevista para habilitar el juicio político es la violación de la Constitución o un delito grave, y según opinó la senadora, ninguna de esas causales se configuró en este caso, ya que el principal argumento de los ediles para solicitar la destitución de Cosse es que no se presentó presencialmente a dar informes a la Junta Departamental.

“Queríamos dejar sentado que vamos a dar la batalla con estos argumentos y muchos otros, en defensa de nuestra intendenta y en contra del uso abusivo de un elemento que habría que tratar con más cuidado”, resumió la senadora.

También habló el senador Óscar Andrade, quien pidió al sistema político que tenga “capacidad de reacción”, porque entiende que este pedido es un “atropello” al Frente Amplio, a los ciudadanos que votaron a Cosse y al país. “Independientemente de las diferencias políticas de distintas tiendas, hemos colocado como un valor la fortaleza institucional, y en este caso, desde términos jurídicos es un despropósito”, afirmó.

Por esto, el FA convoca a todos los partidos con representación parlamentaria a que se pronuncien “de manera contundente” para decir que “por este camino no es que se dirimen las diferencias políticas”.

En este sentido Andrade dijo que a lo primero que aspiran es a que haya “un llamado a la responsabilidad de todos los partidos políticos y que rápidamente archiven, como mensaje potente; podemos luego entrar en el trámite”.

Además, destacó que algunos dirigentes de los partidos de gobierno han dado un mensaje en este sentido, pero comentó que debería ser una señal “contundente”: “Así no. No utilicemos un mecanismo previsto para delitos graves para dirimir una interna departamental, porque es un camino sin retorno”, subrayó.

Tanto Andrade como el senador Enrique Rubio insistieron en que el archivo de la causa tiene que darse rápidamente. “Es de sentido común. Sostener en el tiempo que la intendenta de la capital del país atraviesa un juicio político y que este no se archive durante varios meses sería un mensaje espantoso, en algo que todo el Uruguay sabe que no hay motivo. Mantener el jaque es un absurdo, un despropósito”, dijo Andrade.

Rubio, por su parte, señaló que se tata de “preservar la salud de la institucionalidad, y no estamos dispuestos a que un error garrafal cometido por algunos ediles sea encajonado y de esta manera se mantenga en suspenso esta situación: queremos que se dirima adecuadamente una situación que constituye un atropello republicano”.

Kechichian también explicó que esperan que la causa se archive, pero en caso de que eso no suceda, Cosse no tiene que comparecer ante la comisión, porque el procedimiento, tal como se hizo en el caso del alcalde de Florencio Sánchez, acusado de corrupción, es dar vista al acusado y que luego pueda hacer sus descargos.

Asimismo, la senadora remarcó que el FA entiende esta acción de los ediles en el marco de un intento de “distraer la atención de muchos otros temas que siguen estando sobre la mesa”, y mencionó como ejemplo el caso del narcotraficante Sebastián Marset, a quien se le entregó un pasaporte que le permitió salir de la cárcel en Dubái, y el caso del exjefe de seguridad de presidencia Alejandro Astesiano, acusado de participar en una red de falsificación de documentos.

Firmes

Pese a que su correligionario Gustavo Facciola no firmó los fundamentos del pedido de juicio político a Cosse, el edil colorado Matías Barreto aseguró a la diaria que los restantes tres ediles se mantienen firmes en que continúe el proceso que, posiblemente, naufrague en el Senado puesto que la mayoría de los integrantes de la comisión están en contra.

De los nueve integrantes de la comisión cuatro son de la oposición, tres del Partido Nacional (PN), uno del Partido Colorado (PC) y el otro de Cabildo Abierto (CA). Pablo Lanz, senador colorado integrante de la comisión, había dicho a la diaria que era “excesivo” el pedido y que votaría en contra. Lo mismo ocurre con el legislador cabildante, Guillermo Domenech, quien calificó de “circo mediático” y “discusión estéril” el juicio político en una entrevista con Las cosas en su sitio, de radio Sarandí. Si bien se entiende que el tratamiento en la comisión no sería determinante y debería pasar sí o sí al Plenario, con un informe en mayoría y otro en minoría, todo indica que de todos modos la solicitud caerá.

Al ser consultado por la discusión política que se dio, tanto pública como interna, Barreto dijo que “está bueno” que cada uno opine “lo que quiera”, pero que “sólo los ediles sabemos cómo se manejan las cosas en la Junta Departamental y cómo es el trato diario de la Intendencia” hacia ellos mismos.

Indicó que “cualquier opinión que venga desde fuera de lo que es un edil departamental respecto de ese tema carece de conocimiento o no tiene la totalidad del mismo”. En ese sentido, afirmó que hubiese sido “bueno” que los colorados que se mostraron reacios al pedido, como el ministro de Ambiente, Adrián Peña -quien dijo que fue “desproporcionado”-, o el senador Lanz, “hubiesen consultado a la bancada de ediles”, porque “formar opinión sin escuchar los ediles me parece que no corresponde”: “No hace bien al funcionamiento de la coordinación de los distintos referentes del partido”, expresó.

En agregado, dijo que era necesario tener una reunión previa para “luego formar opinión”. “No le tenemos que pedir permiso a nadie porque fuimos electos por el pueblo al igual que ellos”, añadió.

En tanto, el edil nacionalista Javier Barrios Bove prefirió no opinar sobre lo que han dicho correligionarios de su partido, en su mayoría en el sentido de que era exagerada la medida contra la jefa comunal. Asimismo, dijo que espera que los senadores integrantes de la comisión que tratará el pedido lean la fundamentación para que luego tomen una decisión que, espera, sea favorable. “En ningún momento consideramos dar marcha atrás; se fundamentó y es lo que correspondía. Uno cuando realiza una acción debe asumir lo que realizó; hay otros ediles que han tomado otra postura, pero creo que 98% de los ediles que acompañaron el juicio político se mantienen en su posición. Lo que importa es lo que se votó en el momento ese día”, expresó, en diálogo con la diaria.