Una filtración a la prensa de la exposición que hizo días atrás en la comisión parlamentaria el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, provocó una investigación administrativa en el Parlamento y una denuncia en la Justicia. El jerarca expuso ante un grupo de diez parlamentarios los lineamientos del plan de inteligencia nacional, y parte de esa información fue filtrada y divulgada luego por MVD Noticias, algo que Garcé calificó de “una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva”.

Garcé concurrió el lunes 24 a la comisión bicameral que se formó específicamente para controlar y supervisar la actividad de su secretaría. El presidente de esa comisión, el senador cabildante Raúl Lozano, dijo a El Observador que solicitó que se iniciara una investigación administrativa en el Parlamento a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que ya le confirmó informalmente que la pondrá en marcha.

“La investigación es para averiguar por qué se filtró. Éramos solamente diez legisladores. Ningún funcionario estaba. No hubo versión taquigráfica ni amplificación”, subrayó el senador, que destacó que la comisión sesiona en secreto en virtud de la información delicada que maneja.

Además de Lozano, estuvieron presentes en esa reunión los nacionalistas Graciela Bianchi, Gustavo Penadés y Álvaro Viviano, el colorado Raúl Batlle, los frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci y Diego Reyes, y por el Partido de la Gente, Luis Alberto Posse.

En concreto, el informativo de TV Ciudad publicó que el plan incluye la orden de Garcé de que la Policía investigue “indicios de acciones terroristas”, “presencia de extranjeros sospechosos de integrar organizaciones terroristas” y posibles objetivos entre los que están centros religiosos y multinacionales.

Garcé hizo ante la Fiscalía la denuncia correspondiente por la filtración de información clasificada y envió al Parlamento una carta en la que expresa su preocupación e insiste en que la situación debe ser investigada. En la misiva que compartió también MVD Noticias el jerarca señala que además de poder constituir un delito hay “una cuestión disciplinaria de la mayor gravedad y que amerita ser juzgada”.

Garcé recordó que la información relacionada con Inteligencia es reservada y “de circulación restringida para todos los efectos legales”, y que eso comprende “de un modo particularmente prioritario, en virtud de su carácter estratégico, al Plan Nacional de Inteligencia”.

Además, Garcé dijo que “es obligatorio para los legisladores el cumplimiento de las normas de seguridad indispensables para resguardar la indebida divulgación de cualquier asunto legalmente resguardados” e insiste en que según la normativa un legislador puede ser juzgado por sus pares en caso de que presente “conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste”.

“Cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”, subraya el jerarca de Inteligencia.

“Ante la gravedad ética, política y jurídica del caso, resulta imprescindible su inmediata investigación y esclarecimiento, lo que resulta indispensable para el restablecimiento del principio de buena fe y el respeto institucional y personal que necesariamente deben primar entre todas las partes interesadas en los asuntos de inteligencia y contrainteligencia del Estado”, finaliza Garcé.