Este martes declara en Fiscalía el periodista Eduardo Preve, quien publicó algunos lineamientos generales del Plan de Inteligencia de Estado que presentó en el Parlamento, en una sesión secreta, el director de Inteligencia, Álvaro Garcé. Mientras tanto, en Twitter, representantes del Frente Amplio y del Partido Nacional debaten sobre el caso.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, escribió que su definición de “república democrática” es un “régimen en el cual, en lugar de perseguir periodistas para que delaten sus fuentes, se sanciona severamente a quienes utilizan infraestructura y personal del gobierno para abrirle paso al crimen organizado”. La referencia es a Alejandro Astesiano, exjefe de Seguridad de Presidencia, quien utilizó su rol cercano al Poder Ejecutivo para participar en una red ilegal que adulteraba documentos para que ciudadanos extranjeros accedieran al pasaporte nacional.

Ante este comentario, recogió el guante el senador nacionalista Sebastián da Silva, que le respondió con su propia versión de república democrática: “Es donde los legisladores honran su juramento no filtrando a periodistas amigos información de seguridad nacional. La culpa no es del periodista. Es de quienes violan la ley. El que no lo entienda no califica para manejar esta información desde el gobierno”, apuntó.

De esta forma, Da Silva se suma a las críticas que ya pronunciaron el presidente Luis Lacalle Pou, que calificó la filtración como un “sabotaje a la seguridad nacional”, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, que dijo que se trataba de una “traición”.

El 24 de octubre la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado recibió a Garcé, que presentó el Plan Nacional de Inteligencia, un documento de 14 páginas -con dos anexos- en el que se detalla el accionar de la secretaría con relación a la seguridad nacional y en coordinación con otras reparticiones del Estado.

Para la presentación del plan se pidió total reserva; por eso, tras la divulgación de parte del contenido del plan, las miradas se enfocaron en la comisión y Garcé hizo una denuncia para que Fiscalía investigue la filtración. Además, envió una carta al presidente de la comisión, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, en la que recordó que “la revelación de información clasificada es una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva.

Desde el Senado también se pidió a los diez legisladores presentes que se presenten a declarar a Fiscalía y pongan a disposición el contenido de su celular.

Por su parte, el Frente Amplio instó a investigar a otros organismos. “Discrepamos en que los ojos estén puestos sólo en el Parlamento, porque nosotros pensamos que este documento ha circulado y han tenido acceso también el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la cancillería, el Ministerio de Economía, y muchas de las agencias que coordinan con el director y el servicio de Inteligencia Estratégica del Estado”, aseguró la senadora Liliam Kechichian.