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Política Sociedad
Instituto Nacional de Colonización, en la Ciudad Vieja, en Montevideo (archivo, setiembre de 2018). · Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Instituto Nacional de Colonización, en la Ciudad Vieja, en Montevideo (archivo, setiembre de 2018).

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Sindicato de Colonización repudió aprobación por parte del Directorio del informe de abogado externo que concluyó que Manini no es colono

En un comunicado, Afinco señaló que la resolución “significa un gravísimo precedente que afecta al patrimonio de la institución”

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Leído por Mathías Buela.

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La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) repudió la aprobación por parte de la mayoría del directorio del informe que elaboró el abogado Horacio de Brum, en el que se concluye que el senador cabildante Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el padre, el militar retirado Roque Moreira, no son colonos.

Desde Afinco sostuvieron en un comunicado publicado este domingo que los tres “informes técnicos del organismo afirman lo contrario” a la opinión del consultor externo contratado y se desestimaron.

En marzo de este año Búsqueda informó que una inspección técnica realizada a fines de 2021 por el INC consignó que Manini Ríos y los Moreira explotaban un predio de 4.350 hectáreas en Artigas, de las cuales 2.856 están afectadas por la Ley de Colonización.

“Desmentimos de forma contundente el argumento, esgrimido por las autoridades del ente para contratar a un asesor externo, de que el Instituto no cuenta con personal con determinado nivel de formación. ¡Eso es falso! Este Directorio toma decisiones, sesión tras sesión, en expedientes actuados por el personal que hoy intenta desprestigiar”, se indicó.

Asimismo, se hizo hincapié en que “seguramente no existan profesionales que conozcan mejor el marco legal de colonización que quienes trabajan en el INC y que ingresaron a la función pública a través de concursos de oposición y méritos”.

Finalmente, señalan que la resolución del directorio “significa un gravísimo precedente que afecta al patrimonio de la institución, que deteriora el vínculo de los servicios técnicos con la población colona y porque vulnera el legítimo accionar de un ente autónomo frente a pusilánimes presiones políticas”.