La directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, se refirió al diálogo que mantiene el gobierno uruguayo con Estados Unidos para recibir a personas deportadas por el gobierno de Donald Trump. Entrevistada en Panorama informativo de la diaria Radio, dijo que Estados Unidos “compromete el diálogo multilateral” y “persigue a personas como una práctica sistemática, desconociendo derechos civiles y políticos”, por lo que, a su entender, negociar en los términos que pretende ese país no es “el camino que hay que seguir”.
La jerarca sostuvo que en el plano de la diplomacia se puede mantener “conversaciones de todo tipo”, pero advirtió que “estamos en un contexto en el que se está utilizando como arma de guerra, presión y extorsión justamente el miedo a las personas migrantes”, y puso como ejemplo la situación en Ceuta. Además, reparó en que Uruguay “ya tiene desafíos con la población que decide venir para acá”, lo que abarca a migrantes y solicitantes de refugio. España señaló que el Mides atendió a 25.000 personas en 2025 y “no existe” una estructura presupuestaria que permita una respuesta mayor. Asimismo, indicó que, de no generar una respuesta institucional más robusta, cualquier tipo de negociación podría incentivar “discursos xenófobos” y “una respuesta que no está acorde a los estándares”.
Según lo que informó la diaria, el documento que recibió la cancillería mencionaba el concepto de “reunificación familiar”. Dado que las leyes vigentes ya reconocen este derecho, España lo catalogó como un “falso dilema” y apuntó que “no puede ser una justificación para aceptar una política de tercerización de deportaciones”.
España afirmó que en este tipo de tratados de deportación –que no es la primera vez que se pretende hacer– se establecen “condiciones de extrema crueldad y extrema vulnerabilidad de derechos”. A su vez, pidió dimensionar “lo que implica una deportación” para una persona que “nació en un país, pero posiblemente hizo toda su vida en otro”: “Lo que está haciendo Estados Unidos y, particularmente, [el presidente Donald] Trump es cortar la vida y los sueños de personas que apostaron su vida a Estados Unidos y cuyas redes están ahí”, reflexionó.
La abogada añadió que una persona que vivió un proceso de deportación “viene atravesando un proceso de un estrés traumático enorme” y, debido a esas afectaciones, “no sabemos con qué nos vamos a enfrentar” si decidimos recibirlas. “Tener que dar una respuesta a la violencia institucional de Estados Unidos me parece que no es el camino que tenemos que seguir como país. Entendemos que podemos apostar a otros mecanismos”, afirmó.
España entiende que, asimismo, “hay que analizarlo en clave geopolítica” porque, por ejemplo, puede pasar que en este contexto las personas deportadas se utilicen como “moneda de cambio” frente a la “presión arancelaria” impuesta por Estados Unidos en varios países, entre ellos Uruguay. Con todo, valoró que se atraviesan “momentos distópicos” en la política internacional y que Uruguay se preste para ese tipo de acuerdos en este marco “no corresponde”: “Es muy trascendental para el país tomar la decisión correcta. Sabemos que hay presiones externas enormes, pero también sabemos que hay principios que no tendrían que negociarse de ninguna manera”, sentenció.
20 años de la promulgación de la ley de refugiados
La Ley 18.076, que regula el derecho al refugio, cumplirá 20 años de su promulgación este año. España precisó que entre las solicitudes de refugio hay situaciones de persecución política, por origen religioso, por motivos étnico-raciales, por identidad de género y situaciones vinculadas al cambio climático. En 2025 se registró un récord: 3.217 personas de más de 15 países fueron reconocidas como refugiadas en Uruguay. “Ha habido un aumento sistemático del número de reconocimientos, pero tampoco tan exponencial como efectivamente han sido las solicitudes”, dijo España, en alusión a que aún hay 27.000 pendientes de estudio.
El desafío está en responder esas solicitudes. En esa línea, España marcó que Uruguay tiene 3% de la población nacida en el exterior y comparó esa cifra con Chile, que pasó del 3% al 8% en un plazo breve, por lo que otro reto es “anticiparse” para asegurar una respuesta apropiada.