La Comisión por el Sí para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo dio inició ayer a una nueva etapa de la campaña presentando a diferentes personalidades de la política y la cultura que dieron su apoyo. El evento tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y el primero que hizo uso de la palabra fue el edil colorado de Paysandú David Helguera. Dijo que estaba ahí “sin miedo a ninguna consecuencia”, y agregó que un “viejo proverbio chino” dice “no preguntes qué puede hacer tu país por ti sino qué puedes hacer tú por tu país”.

“Esa es la actitud que nosotros hemos tenido desde el primer día. Salimos a juntar firmas junto con todos ustedes. Claro que es una rareza, pero como esta ley no es resultado de consultas… Esta ley es muy mala para el país. 476 artículos son para un estado nacional naciente, no para uno que tiene 192 años como el nuestro, con tantas glorias, con tantas leyes y con tanta historia. Claramente, nosotros nos opusimos a la prepotencia que plantea esta ley en materia de seguridad pública. No hace falta tener una república policíaca”, sostuvo Helguera.

En tanto, Graciela Barrera, fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), dijo que perdió a un hijo en una rapiña, lo que le provocó un “dolor indescriptible”, que “a pesar de que pasan los años no se puede perder”; pero aprendió que “el odio y el rencor” no “lleva a nada”.

“Cuando fundamos Asfavide, junto a otras dos familias, no existía nada para las víctimas, no existía nada para nadie. Un buen día, haciendo este camino inverosímil, que nunca hubiéramos imaginado, empezamos a recorrer las cárceles, y ahí nos dimos cuenta del otro mundo que existía. Un mundo muy lejano al nuestro, pero muy cercano. Porque ahí empezamos a ver a chiquilines que necesitaban una mano, una soga para salir adelante. Y hoy, que vemos la LUC, nos damos cuenta de que es un conjunto de leyes que lo único que hacen es hablarle a la tribuna, a aquel que está lleno de odio y de rencor”, sostuvo.

Barrera subrayó que la LUC “no está hecha para ayudar a salir adelante a esas personas”. Dijo que lo que más le importa de la LUC es la seguridad, porque la sufrió en carne propia. Aseguró que “si en lugar de tanta punitividad, como existe en el capítulo de seguridad”, se pusieran “más medidas socioeducativas”, se mirara “un poquito más hacia lo internacional y como se maneja el mundo”, veríamos que las cosas “cambiarían”.

La proclama

Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República, y la DJ Paola Dalto fueron los encargados de leer la nueva proclama por el Sí. El documento cuenta con la firma de 186 personalidades públicas de diversas áreas que adhieren a la consigna del Sí.

En el listado aparecen artistas como Yamandú Cardozo o Petru Valensky, músicos como Mauricio Ubal o Pata Kramer, actores como Gabriel Calderón y Gabriela Iribarren, la comunicadora Georgina Mayo, el exfutbolista Richard Núñez y el técnico de básquetbol Alberto Espasandín, el escritor Roy Berocay, además de varios médicos y otros profesionales de distintas áreas, así como dirigentes sindicales y actores políticos.

Señalaron que la LUC, “votada en menos de 90 días, afectó y afecta el funcionamiento democrático, la calidad de nuestras leyes, la necesaria consulta y participación de la sociedad en temas trascendentes que la involucran y conciernen”. Y “todo ello en medio de una pandemia como nunca antes había conocido el mundo”.

“Por ello, este 27 de marzo, podremos enviar un mensaje claro a nuestros gobernantes. A los de hoy y a los del futuro. Una señal de que esta LUC fue un abuso y de que este camino tiene un límite. Que los uruguayos y uruguayas no admitimos tener leyes de urgente consideración de estas características, ni en este gobierno ni en los futuros”, se señala en la proclama.

Además de las formas, “tan importantes para defender nuestra democracia”, en el documento expresan su rechazo a legislar, “en tan sólo 90 días”, sobre temas tan importantes como “el desalojo exprés, que pone en riesgo el hogar de miles de familias”; “la educación, al excluir la participación de docentes y especialistas”; y la seguridad y la convivencia ciudadana, “por afectar y reducir derechos y libertades fundamentales de los habitantes de nuestro país”.

En la proclama se sostiene que con la LUC se “provocan desequilibrios y se promueve el abuso del más fuerte”, por ejemplo, con “el fortalecimiento de la supremacía del empleador en las relaciones laborales, causante de la desprotección de los trabajadores y la vulneración de derechos fundamentales consagrados en Uruguay y en la legislación internacional”. También con “la concentración de los servicios de inteligencia del Estado, la reducción de los mecanismos para su control y la promoción del secretismo, incluso en materia de Derechos Humanos”. Además, por “el retiro del rol amortiguador del Estado –como en el caso de la fijación del precio de los combustibles–, al exponer a los sectores productivos y a la población al impacto de los vaivenes de los mercados internacionales”.