La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) se apresta a excavar en un edificio público de la Ciudad Vieja en busca del posible enterramiento de un desaparecido, informó a la diaria la directora de la institución Mariana Mota.

“Nos falta coordinar con el Ministerio del Interior para dotar de vigilancia al local y a partir de ahí comenzar a trabajar. La idea es hacerlo lo antes posible”, señaló la exjueza. El edificio hoy es propiedad del Correo, pero durante la dictadura fue un estacionamiento de la Presidencia, confirmó el director del ente postal, Jorge Pozzi.

El dato del enterramiento proviene de un instalador sanitario que realizó obras en ese edificio en los años 90. Durante esa tarea, y mientras excavaba en un sótano para instalar una cámara de desagüe y un caño, el trabajador habría descubierto huesos enterrados.

“Fue durante el gobierno de Lacalle Herrera. Yo estaba trabajando en una reforma del edificio. Tenía que romper el piso y levantarlo. Al levantar unos ladrillos, aparecieron los huesos”, relató el sanitario a la diaria.

Según el trabajador, en ese mismo sótano había una especie de celda o calabozo, con inscripciones políticas y una pequeña estrella del MLN en sus paredes.

“Me dio miedo. Corrí los huesos e hice mi trabajo, sin contarle nada a nadie. Había un compañero conmigo, pero él tampoco dijo nada y hasta hoy nunca hablamos de este tema. Yo no puedo asegurar que sea un desaparecido, no tengo los elementos. Capaz que es un español de la colonia o un inglés de las invasiones inglesas… lo que sé es que ahí hay un cuerpo”, dijo el sanitario, que prefirió que no se publique su nombre.

El trabajador guardó silencio durante años, por temor. Solo cuando el Frente Amplio llegó al gobierno se animó a relatarlo a algunas personas. El sanitario dice haberle contado esta información a Javier Miranda sin lograr interesarlo. También al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y a otras autoridades de la Iglesia, ya que es católico practicante.

Sturla dijo recordar que recibió esa información y señaló que la transmitió a una persona que hoy no puede nombrar por no recordar. Miranda no pudo ser ubicado para esta nota.

Mota señaló: “Él dice que lo informó antes y no fue atendido debidamente, pero eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Nosotros recibimos la información y actuamos”.

En junio de 2020, el trabajador fue recibido por el ministro de Defensa Javier García, a quien accedió a través de Pablo Bartol, que es su amigo. Según afirmó, el ministro escuchó su relato y dijo que lo que correspondía era que se presentara con la información ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

García, que confirmó estos datos, le pasó el contacto de Wilder Tayler, uno de los directores de la INDDHH. El trabajador le escribió a Tayler en marzo de 2021 y allí comenzó el proceso que ahora está a punto de culminar con la excavación.

“Conseguimos los planos y en agosto de 2021 fuimos al lugar con gente de la Institución de Derechos Humanos”, dijo el trabajador. “Yo les marqué el lugar, porque estando la cámara y el caño que instalé, no hay cómo errarle. En enero de 2022 fuimos otra vez, con tres antropólogos, gente del Correo… Otra vez marqué el lugar. Me volvieron a preguntar todo lo mismo, a qué profundidad está y todo eso. Repetí que está donde está el caño. Ahí me dijeron que ya no me iban a necesitar más. Y yo quiero estar presente”.

El sanitario se queja de que haya pasado un año y no se haya excavado aún, y también de que no le garanticen estar presente al momento de romper el piso.

Mota dijo que tener ese tipo desencuentros con ciudadanos que aportan información es algo habitual, que atribuye a la alta carga emotiva que genera el tema, y al temor que aún irradia la dictadura.

“Nos ha ocurrido más de una vez y me ha llamado mucho la atención. Gente que a la vez que da información plantea una serie de condiciones y sistemas de seguridad… Es algo que les llega muy profundo, que los ha movilizado mucho durante muchos años, y que aún les genera temor. Pero hoy en día no hay razón para temer nada”.

Tayler narró que estuvo presente en la inspección ocular de agosto de 2021 y señaló que la INDDHH ha trabajado el caso con la reserva que corresponde.