Ante la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM) de implementar una nueva estrategia de limpieza por medio de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo de trabajo por la implementación de la ley de residuos (19.829) expresó en un comunicado que, “en líneas generales”, están de acuerdo con lo que se plantea, pero también tienen algunos reparos.

“Nos parecía que había un trancazo que iba en contra de muchas cosas que se habían propuesto a nivel departamental y nacional, pero que en definitiva no se visualizaban algunos temas que para nosotros influyen, como el lobby de las grandes envasadoras”, manifestó a la diaria Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT, sobre la razón de la publicación del comunicado, en el marco de la discusión sobre el préstamo, que aún no tiene los votos afirmativos de la oposición.

El grupo de trabajo está compuesto por el PIT-CNT, distintos colectivos de la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Para el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial e integrante del grupo de trabajo, el plan de la IM en relación a los residuos “en gran parte va en dirección de lo que venimos pregonando”. Si bien consideró que es “perfectible y mejorable”, creen que empezar por la aplicación “es un comienzo, sobre todo para superar una situación heredada de la vieja ley de envases, que claramente ya no da para más”.

Dentro de lo perfectible y mejorable, se encuentran tres puntos específicos escritos en la nota: sobre la financiación, proponen que para la implementación a “mediano plazo” deberían pagar, en vez del BID, “los responsables de la generación del problema: las empresas embotelladoras, embaladoras, importadoras y distribuidoras”.

Asimismo, solicitan “que se aplique sin más dilación todo lo que dispone la Ley de Gestión Integral de Residuos [LGIR]”, en particular sobre la integración del Fondo Nacional de Gestión de Residuos, y, por último, “que se derogue de inmediato la ley de envases, tal cual lo que proponía en su formulación original la LGIR, sin afectar los derechos de los clasificadores formalizados en el marco del Plan de Gestión de Envases”.

Según Chabalgoity, el planteamiento no surge “hoy en este documento”, sino que lo han sugerido, a través de reformulaciones, desde 2020, cuando les presentaron a los candidatos a la IM otro documento con líneas tentativas a seguir.

El lobby que se mantiene

Para el grupo de trabajo, la alineación entre las propuestas que han presentado y el plan se ajusta específicamente a un “fuerte incremento a la separación en origen y a la recolección diferenciada, generación de puestos dignos de trabajo para los clasificadores, promoción de la participación ciudadana” y, en ese sentido, “significa un avance hacia el cambio de paradigma que venimos reclamando”.

Sin perjuicio de ello, reconocen que el plan de la IM tiene “debilidades en cuanto a la logística”, particularmente en relación a la “inversión en vehículos de gran porte en vez de otros medianos para recorridos cortos”.

Sobre la postura de la coalición de gobierno, el grupo de trabajo concordó con lo manifestado por Ramada: que es “funcional a los intereses del lobby de grandes empresas embotelladoras, importadoras y distribuidoras, reflejado en la posición de la Cámara de Industrias del Uruguay”.

Concretamente, arguyen que el lobby “operó de manera decisiva” cuando se trató la ley de envases en el Parlamento, también durante su implementación, y cuando se opusieron “al aumento impositivo a los envases no retornables vía Imesi” al momento de la discusión de la LGIR. Si bien consideran que al aprobarse dicha ley la posición del lobby “fue derrotada”, “se la contempla por parte del equipo económico del gobierno al negarse a implementar el impuesto”, así como en “la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos propuesto por el Ministerio de Ambiente, que carece de financiación y vuelve a incluir la gestión de los envases en el marco de la Responsabilidad Extendida del Productor”.