Representantes del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunieron este martes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, entre otras autoridades del gobierno, para recibir una respuesta sobre sus seis medidas propuestas para dar sustentabilidad al instituto al menos hasta 2026, dado que, de continuar como hasta ahora, está previsto que las reservas se acaben en 2024.

Según supo la diaria, de la reunión participaron cuatro representantes del directorio de la Caja. La lista 35, que tiene representación en el directorio, informó a través de su cuenta de Twitter que se acordó “que la posible medida de cobrar por concepto de declaración de no ejercicio queda sin efecto”.

Tanto miércoles como jueves habrá reuniones de directorio para analizar la respuesta del gobierno, pero la medida de cobrar a los socios inactivos una tasa anual de más de 4.000 pesos no era de las más consensuadas en la interna, por tanto, ante la respuesta del gobierno, se ratificará dejarla a un lado.

En tanto, dos de las cinco medidas restantes propuestas por el directorio recibieron el visto bueno de los representantes del gobierno, aunque con sugerencias para modificarlas. Se trata de la creación de una contribución de los pasivos en un promedio de 7% de sus ingresos nominales y del aumento de la tasa de aportación por parte de los activos, que pasaría de 16,5% a 18%. Ya las autoridades de la Caja de Profesionales habían manifestado que estas eran dos medidas que factiblemente serían aprobadas por el gobierno, pero ahora resta dirimir en las reuniones si las modificaciones propuestas por el gobierno son aceptadas.

En cambio, el gobierno informó en la reunión que no derivará a la Caja lo recaudado por el impuesto a la asistencia de la seguridad social de los jubilados por el instituto, respuesta que el directorio ya preveía. De las seis medidas propuestas, esta era la que tenía mayor incidencia en el nuevo flujo de ingresos que se esperaba tener. Tampoco fue visto con buenos ojos el incremento de algunos timbres profesionales ni la derogación del artículo 772 correspondiente a la ley de presupuesto de 2021, que impide que algunos timbres tengan costo.

Si sólo se aplicaran las dos medidas a las que el gobierno accedió, en el directorio saben que lo recaudado no alcanzaría para dar la sustentabilidad necesaria, más allá del proyecto para la reforma estructural del instituto, que también está previsto para este año. Por tanto, es probable que las negociaciones con el gobierno continúen.

Además, llegar a un acuerdo con el gobierno es ineludible porque en el directorio entienden que la redacción del proyecto de ley necesario para tomar estas medidas es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por tratarse de materia impositiva.

Manifestación y reunión

También está previsto que Mieres se reúna este miércoles con representantes de una agrupación de profesionales recientemente formada que se manifiesta en contra de las propuestas del directorio y que considera que el instituto es inviable. En paralelo, el grupo, que tiene un espacio en Facebook que se llama “Marcha por los profesionales y sus derechos. Grupo apolítico” y cuenta con 6.800 seguidores, se manifestará en la puerta del ministerio, en la calle Juncal.

El vocero de la agrupación, Pablo de Barros, manifestó a la diaria que le “alegra” que en el directorio “hayan recapacitado” y se decidiera no impulsar el cobro a los declarados en no ejercicio libre de la profesión, porque se trataría de “un impuesto” que consideraban “totalmente injusto”.

Igualmente, aseguró que la reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social sigue en pie, al igual que la protesta, porque entienden que “la Caja hoy es inviable desde el punto de vista económico” y que “nadie confía” en el instituto. También señaló que la interpretación del grupo es que aumentar los cobros a activos “va a terminar generando” un efecto contrario al buscado, y es que “más gente salga del sistema o se baje de categoría”, y por lo tanto “a la larga van a terminar generando menos ingresos”.

Así las cosas, el vocero de la agrupación dijo que la Caja “o pega un volantazo grande” con “otras medidas” que le propondrán al ministro, o los afiliados deberán ampararse al Banco de Previsión Social, una de las posibilidades que también le plantearán al jerarca.