Los vecinos de Nuevo Comienzo se manifestaron el viernes a las 14.00 frente al Ministerio de Vivienda en reclamo de una solución para las 120 familias que aún quedan en el asentamiento de Santa Catalina.

“No queremos que nos vean como aprovechadores, somos trabajadores, queremos un lugar propio seguro y digno para nuestras familias; más procesados, el que castiga y el castigador son hermanos, todos uruguayos”, decían algunas de las pancartas que llevaron las más de 100 personas que esperaron, bajo una persistente llovizna, que las autoridades ministeriales los recibieran.

Recién a las 15.00, tres representantes de los vecinos ingresaron al ministerio a entregar una carta y pedir ser recibidos por la titular de la cartera, Irene Moreira. Un funcionario los atendió pero dijo que la jerarca no estaba y que los atendería en 15 minutos el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta.

Dinorah Barrera, vecina de Nuevo Comienzo, contó a la diaria que ella resultó formalizada y que el 27 de junio iniciaría el juicio. Su defensa pidió que recolectara toda la información posible sobre las cartas que entregó a los distintos organismos y los trámites que hizo para poder regularizar su situación.

También está formalizada Patricia Latorre, pero ella tiene el martes una instancia en Fiscalía. “Lo que nos dice la defensa es que no tenemos ninguna posibilidad de ganar el juicio, por el momento lo único que tenemos propuesto es calle o cárcel. La situación es complicada porque una tiene una familia atrás, yo tengo dos hijos a cargo y a veces es complicado dormir, porque estás todo el tiempo pensando en lo que va a pasar”, contó a la diaria.

“Yo no encajo en ningún plan para acceder a la vivienda”, agregó. Latorre trabaja como asistente personal en el Banco de Previsión Social (BPS), pero ahora tiene una sola persona a su cargo porque está atravesando un proceso penal y no tiene el certificado de buena conducta, “que es una de las cosas que pide el BPS”, relató. Tanto Barrera como Latorre están formalizadas por el delito de usurpación.

Los 15 minutos prometidos se transformaron en media hora, y cuando por fin bajaron a buscarlos no fue ni Moreira ni Ceretta quienes los recibieron sino Gabriel Albornoz, director general de Secretaría. Albornoz se comprometió a gestionar otra reunión con Florencia Arbeleche, directora nacional de Integración Social y Urbana. En general, hubo conformidad con la propuesta de seguir trabajando, pero esta vez desde otra dirección del ministerio. Al terminar hubo aplausos y la promesa de seguir luchando por una vivienda digna.

En un pasaje del documento entregado los vecinos dicen que no saben de dinero ni de tiempos para la construcción, pero “hoy queremos hacerle saber que también tenemos la intención de comprar la tierra que se nos pueda brindar”; además señalan que ir a la cárcel no es una solución, ya que un gran porcentaje de familias tiene menores a cargo. “Queremos ser parte de una solución, usaremos todos nuestros recursos para seguir insistiendo en que juntos podemos trabajar en una solución habitacional y llegar algún día a dormir todos tranquilos”.