En la conferencia que brindó el lunes, el presidente Luis Lacalle Pou anunció aumentos de 3% para las jubilaciones y pensiones y de 2% para el salario de los empleados públicos, que empezarán a regir el 1 de julio y son a cuenta del próximo ajuste anual. Además, el gobierno convocará las mesas de negociación del sector privado que no habían previsto ajustes por inflación para este año. Estas medidas no fueron bien recibidas por las cámaras empresariales, por entenderlas contradictorias al lineamiento de contener los precios, y tampoco convencen a trabajadores y pasivos, porque entienden que son insuficientes para revertir la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos dos años.

El PIT-CNT emitió un comunicado en la tarde del martes en el que planteó que lo anunciado por el Poder Ejecutivo “es absolutamente insuficiente para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dado que “no atiende” la situación de “miles de personas desocupadas” o en la informalidad, y “desconoce los mecanismos de negociación colectiva” al poner sobre la mesa un “planteo unilateral”, en referencia al ajuste para los públicos.

La central de trabajadores destacó que en la conferencia del lunes no se mencionó nada sobre el salario mínimo nacional, “que cumple un papel importante en la evolución del conjunto de los salarios del país”, ni respecto de la inflación. En síntesis, afirmó que en principio “no cubre las pérdidas de salarios y jubilaciones que se vienen observando hace tiempo”.

Por lo anterior, el PIT-CNT anunció que solicitará una reunión al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y luego al presidente. A su vez, convocó a las direcciones sindicales de las filiales a una reunión “para abordar la temática del trabajo, el salario y la carestía” el lunes 25.

También la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) consideró insuficiente lo anunciado por el mandatario, a quien solicitó sin éxito una reunión en reiteradas oportunidades. Con motivo de la falta de respuestas ante la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, la Onajpu resolvió el martes realizar una movilización el 12 de mayo, según informó a la diaria Ariel Ferrari, director alterno en el Banco de Previsión Social en representación de los pasivos.

“Nos sorprende que se haya tomado con tanta rapidez esta decisión para postergar la ejecución”, sostuvo Ferrari, en referencia a que los aumentos anunciados recién se percibirán en agosto de este año, y criticó que no se haya recibido a la Onajpu antes de tomar la resolución. Apuntó que “haciendo cálculo de almacenero, como dijo el presidente”, no hay recuperación, porque “la inflación acumulada en los tres primeros meses fue de 4,12%, con lo que supera por más de un punto el aumento propuesto”. Agregó que “en el caso de las jubilaciones mínimas, la inflación de los tres meses pasados se comió todo el aumento –cercano a 4%, por el descuento del ajuste de julio–, y en el caso de las jubilaciones en general, fue de 6,16%; por lo tanto, queda muy poco para perder”. Las pasividades se ajustan en cada enero por la evolución salarial, bajo el entendido de que ese aumento nominal cubre la inflación pasada.

Ferrari consideró que “parecería que no se interpreta del todo que hoy hay gente que necesita, que hoy la pérdida de la capacidad de ingreso es brutal y no se puede esperar cuatro meses”, y consideró que el presidente “se apuró” al tomar la decisión. “En nuestra plataforma planteamos algunos temas que pueden ayudar a la economía, como el tema de la garrafa o los costos fijos de luz, teléfono y agua, que podrían subvencionarse. Fundamentalmente para los jubilados de menos ingresos, que a veces pagan más de costos fijos que de consumo”, resaltó.

Asimismo, Ferrari indicó que en lo comunicado por el gobierno no queda claro si los aumentos prometidos se descontarán del ajuste de enero de 2023, aunque el ministro de Trabajo lo confirmó a la diaria el lunes luego de la conferencia: “Es un tema que debería aclararse. Si se hace lo que dice el ministro es más preocupante todavía, porque nos van a sacar el 3%”, evaluó.

COFE: si el ajuste es a descontar, habrá “movilización”

El secretario de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) y vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, explicó a la diaria que se mantiene el reclamo sindical sobre la pérdida de poder adquisitivo en el sector público. “Hay que tomar el IPC para medir. En 2020 la inflación fue de 9,4% y el ajuste [en enero de 2021] para los funcionarios fue de 4,4%; ahí se perdió 5% [de salario real]. En 2021 la inflación fue de 8%, y el ajuste [de enero de 2022] fue de 7%, por lo que se perdió 1% más. Da un 6% de pérdida salarial constante. En ese marco, queremos ver cómo se imputa el 2% [de incremento] de junio: si es a pérdida del 6% es recuperación, pero si lo descuentan del ajuste que viene [de enero de 2023] no es recuperación”, explicó. Esperan una respuesta oficial por esto, ya que surgieron “versiones encontradas” desde el gobierno, señaló. “Si la respuesta es negativa y no tenemos ese porcentaje de recuperación, habrá movilizaciones [del sindicato] seguramente”, anticipó López. Este miércoles está previsto que se reúna el consejo directivo de COFE para analizar la situación.

“En el mejor de los casos”, ni pérdida ni recuperación

El economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Bruno Giometti, cuestionó en primer lugar la “forma” que eligió el gobierno para transmitir la decisión, por entender que puede ser contraproducente para la posterior negociación: “Con estos anuncios se desconoce o se da un riesgo de vaciamiento de la negociación colectiva. Nosotros entendemos que se tendría que haber convocado primero a los órganos de gobernanza de las relaciones laborales”, apuntó.

Sobre los anuncios concretos, planteó que son un “paliativo, que es bienvenido, porque es un aumento que permite tener una especie de ayuda durante el segundo semestre a los salarios y jubilaciones”, pero que “obviamente es tardío, primero porque está previsto que empiecen a operar en agosto, o sea que durante cuatro meses todavía vamos a estar perdiendo salario real”. Asimismo, Giometti sostuvo que la definición del gobierno “reconoce algo que nosotros y otros agentes y economistas planteamos desde el año pasado, y es que los ajustes planteados tanto para el sector privado como para el público tomaban un porcentaje de inflación que es irreal”, en el entorno de 5%, “cuando la inflación estaba, en el segundo semestre del año pasado, por encima de 7%, y siguió aumentando desde ese momento”.

Como balance general, el economista evaluó que “en el mejor de los casos, si la inflación baja un poco”, en 2022 “no habría pérdida”, pero tampoco la recuperación del poder de compra a la que se había comprometido el gobierno. “La economía va a crecer 3,8% [según la previsión oficial] y estamos hablando de que con estas medidas, en el mejor de los casos, estaríamos no teniendo pérdidas”, enfatizó.

El combate a la inflación fue “la pata que faltó” en la conferencia del lunes, dijo Giometti. “No hay nuevas medidas sobre el tema de los precios, y si las empresas siguen ajustando los precios en función de los precios internacionales, [el aumento salarial] podría quedar erosionado rápidamente”, alertó.

Empresarios sobre inflación o salarios: “Es una cosa o la otra”

La sugerencia del gobierno de adelantar los correctivos por inflación no cosechó simpatía en las cámaras empresariales, que esperan conocer más detalles del planteo en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, que se reunirá el viernes; pero a priori señalan que no hay espalda en el empresariado para sostener un aumento de los salarios y una contención de los precios al mismo tiempo.

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, aclaró a la diaria que la entidad no tiene una posición tomada, pero personalmente planteó que si bien “hay que tomar alguna medida para evitar el escape inflacionario y los desajustes de la economía”, con este tipo de anuncios “se le está pidiendo al sector empresarial un apriete importante, porque por un lado se le está pidiendo que controle los precios y por otro que incremente los salarios, adelantando ajustes del IPC [índice de precios al consumo]”, analizó. Martínez aseguró que “es una medida que al sector empresarial lo complica” porque no todos los sectores “están en excelentes condiciones”, y agregó que “afecta también a la competitividad”, uno de los “temas centrales a tratar” para “empezar a crecer”.

“Es una cosa o la otra: no se puede no subir los precios y subir los salarios”, sentenció el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Daniel Sapelli, consultado por la diaria sobre los anuncios del lunes. Sapelli señaló que aún está a la espera del “planteo formal” de las autoridades, pero en principio ve una dificultad para conjugar la contención de los precios y el aumento salarial. “El tema hasta ayer eran los precios; cómo podíamos hacer para que no impacte la suba de algunos commodities en el mundo en los precios de los productos localmente, y que no afecte la inflación. Ahora, ante este planteo, hay que empezar a hacer números de nuevo”, declaró.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, dijo que recibió con sorpresa el anuncio de Lacalle Pou, porque las empresas estaban enfocadas en las medidas para “intentar reducir la inflación”, y señaló que al menos para el sector industrial adelantar los correctivos podría implicar problemas. “No podemos definir individualmente sectores que se pueda decir que están bien, como para que no tengan problemas”, apuntó.

Antía también puso sobre la mesa un planteo de larga data de los empresarios, en referencia a la necesidad de negociar por empresa y no por rama. “Esto es una muestra más de una suerte de agotamiento del sistema de negociación colectiva, que sigue tratando en forma igualitaria a quienes son distintos, porque en cada una de las ramas uno se encuentra con empresas fuertes, que claramente no van a tener problema en dar este correctivo, y con otras que no”, señaló.

Por otro lado, Antía planteó que si los precios internacionales bajan pero en Uruguay “internalizamos los aumentos de sueldos a nuestras cadenas económicas, indexamos la economía y al final nunca terminamos de enfrentar la inflación, un flagelo que afecta no sólo a los trabajadores sino también a las empresas”.

51% de la población cree que la suba de precios es el principal problema del país

El aumento de los precios es por lejos el principal problema señalado por la población uruguaya. Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), 51% lo mencionó como tal. En tanto, 15% considera que la situación económica del país es el principal problema, y 13% entiende que lo es el desempleo.

Muy por debajo de estos porcentajes, se menciona la conducción del gobierno como el principal problema del país (7%), la pobreza (5%), la seguridad (4%), la educación (4%) y la salud (1%).

En la comparación entre Montevideo e interior no se presentan diferencias relevantes en materia de opiniones sobre este tema.

El estudio fue elaborado en la semana del 13 al 18 de abril. Las encuestas de la UPC son realizadas a una muestra de 400 personas de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

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