Buque insignia, solución, polémico y hasta “humo”. El fideicomiso para la regularización de asentamientos que propuso el gobierno ha sido llamado de muchas formas desde que se aprobó como parte de la Rendición de Cuentas el año pasado. Sin embargo, la agenda política y sobre todo el referéndum del pasado 27 de marzo para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) retrasaron el anuncio y la implementación del fideicomiso, que contaría originalmente con 120 millones de dólares -15 de los cuales provienen de impuestos del Instituto Nacional de Colonización- que pasarán, durante este año, a ser 240 millones, según anunció el presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo.
Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía y Finanzas y directora de la novel Dirección Nacional de Integración Social Urbana (Dinisu), que creó la LUC, tendrá a su cargo gestionar e implementar el fideicomiso.
Consultado por esto, el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tabaré Hackenbruch, aseguró que “la Dinisu está trabajando muy fuerte con los gobiernos departamentales para ir definiendo cuáles van a ser las intervenciones de integración de los asentamientos”.
La idea, sostuvo, “es acelerar el proceso que ya se venía haciendo históricamente en Uruguay de integración de asentamientos urbanos, darle un impulso mayor y atarlo también a la prevención de futuros asentamientos”. En este sentido, “el presidente, de alguna manera, nos pide lo antes posible definir estas intervenciones a nivel de los departamentos”, explicó.
Así las cosas, previo a la Semana de Turismo había trascendido que el presidente Luis Lacalle Pou esperaba presentar el fideicomiso en estos días. Hackenbruch declaró que “el presidente va a estar viajando” al exterior sobre fines de mayo, por lo que la intención es “hacer el anuncio de la intervención y la firma del convenio con los intendentes antes de esa fecha”.
Respecto del marco de acción, Hackenbruch dijo que se espera “estar actuando antes de fin de año en los proyectos que estaban en carpeta o en proyectos nuevos”.
Según supo la diaria, las negociaciones con las intendencias, hechas a través del Congreso de Intendentes, buscan llegar a diagramar un listado de asentamientos para integrar a la trama urbana y regularizar, por departamento, dos más de los previstos en el Plan Quinquenal de Vivienda. Incluso el mismo presidente lo había mencionado durante una rueda de prensa en Salto, el 20 de abril.
Ese día, durante el diálogo con los periodistas, el mandatario había adelantado que “básicamente, sobre mediados de mayo tendríamos la posibilidad de decir cuáles son los asentamientos del país que se van a impactar además de los que ya están en estudio” y se esperaba regularizar, justamente, “mínimo dos por departamento”, pero que, por ejemplo, en el caso de Salto, “que es el tercer o cuarto departamento con más asentamientos, debería tener un apoyo porcentual acorde”.
Sin embargo, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a la diaria que se les informó que “es intención del gobierno realojar un asentamiento por departamento a través del fideicomiso, al menos eso nos transmitió a nosotros”. En el caso de la comuna salteña, indicó, decidieron que sea “el asentamiento La Esperanza, que tiene 340 familias”, en vista de que ya se viene “trabajando con el gobierno, con OSE y con UTE”.
“Lo que veíamos con nuestra propuesta es impactar en ese asentamiento, que además pertenece a un predio municipal”, acotó Lima, quien también consideró innecesario “trasladarlo a otro lugar” ya que “ahí mismo se puede hacer la intervención; eso facilita todo y se han dado pasos importantes, como [el acceso a] luz, agua y [la pavimentación de] calles”, para que eso ocurra.
En el aire
“No sabemos nada del fideicomiso”, sentenció la diputada frenteamplista Cecilia Cairo, y recordó que el anuncio luego de Semana de Turismo, nunca llegó. Asimismo, dudó de que los tiempos jueguen a favor del gobierno.
“La creación de un fideicomiso lleva tiempo”, señaló la legisladora, y planteó la duda de cómo se van a completar los 240 millones de dólares anunciados. “Ponele que llegan a los 240 millones de dólares hoy, tenés que empezar a definir cómo lo vas a ejecutar”, cuestionó Cairo, y relató que “hasta diciembre venía apurado y ahora se calmó la cosa”.
“Ponele que ya saben cuáles son los lugares” de los que se ocuparán en cada departamento, indicó Cairo, y recordó que para “cada una de esas obras tenés que abrir una licitación, y no una licitación abreviada”.
“Yo supongo que si vas a regularizar vas a hacer todo bien: saneamiento, alumbrado, calles”, insistió, y estimó que una obra de este porte “lleva por lo menos ocho meses; la licitación junto con el proyecto ejecutivo, porque nadie se puede presentar si no saben lo que van a construir”.
Luego, añadió, “tenés por lo menos dos años de construcción mínimo, no les da el período de gobierno” y calificó de “humo” las políticas en vivienda, puesto que “las que estaban regularizando con el fondo BID [a través del Programa de Mejoramiento de Barrios] se enlentecieron”; al mismo tiempo, en otros casos “dejaron parte de las obras para el año que viene”.
Además, Cairo adelantó que piensan citar a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes. La fecha pensada era el 12 de mayo, pero por problemas de agenda la jerarca no podrá asistir, así, piensan citar una sesión extraordinaria para tratar, “entre los temas”, las fechas y financiamiento del fideicomiso.