Hace 20 días que el ascensor del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) no funciona, por lo que la ministra Irene Moreira ha tenido que mudar temporalmente su espacio de trabajo a la Dirección Nacional de Vivienda. Han sido días movidos, entonces, para la jerarca: el 27 de abril se dio a conocer la noticia de que su jefe de gabinete, el coronel retirado Guillermo Reissig, renunciaba a su cargo por cambios en su relación interpersonal con la ministra.

Según supo la diaria en ese momento, el “movimiento de piezas” se debió, más que a un cambio en el régimen de trabajo, a cambios internos en la política de Cabildo Abierto (CA), luego de que trascendiera la intención de Moreira de formar su propio espacio político dentro del partido que lidera su esposo, el senador Guido Manini Ríos. Esto no habría caído bien en algunas figuras del Movimiento Social Artiguista, la línea fundadora de CA, integrada mayormente por militares retirados. En el segundo congreso del partido, el 8 de mayo, efectivamente se habilitó la creación de agrupaciones dentro de CA, lo que permite a la ministra conformar su sector y así “buscar más perfiles”, de acuerdo a la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita. En este marco, en la conferencia de prensa que dio después del congreso la ministra señaló que no aumentaron “tanto” los asentamientos “como hubiéramos esperado previendo la pandemia”.

Con todo este mar de fondo, este viernes 13 a las 10.00 se realizará el lanzamiento del fideicomiso para la regularización y relocalización de asentamientos, consignado hace casi un año en la Rendición de Cuentas.

Si bien en un principio estaba previsto que ascendiera a 120 millones de dólares el monto destinado al fideicomiso -15 millones provenientes de dos impuestos que antes iban para el Instituto Nacional de Colonización-, en su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que pasarían a ser 240 millones. La cuestión, entonces, es cómo el fideicomiso pasará a contar con el doble del dinero disponible.

Según supo la diaria en base a fuentes del MVOT, lo que hará el gobierno será extender el plazo del fideicomiso. Es decir, inicialmente se pensaba volcar una cantidad de dinero que se saldaría en cinco años, pero ante la necesidad de aumentar el gasto, lo harán en “diez o 15 años” con posibilidad de ampliar o reducir el margen de tiempo de acuerdo a lo que se vaya ejecutando o si aparecen recursos extrapresupuestales en los próximos años, es decir, más años para endeudarse. Esto es posible porque, de acuerdo a la legislación vigente (Ley 17.703), si no se establece un plazo, el máximo para un fideicomiso es de 30 años.

De acuerdo a las fuentes consultadas por la diaria, al sumar los recursos del fideicomiso el gobierno espera haber invertido hacia el final del quinquenio unos 400 millones de dólares. Igualmente, en la cúpula del MVOT se entiende que esto “no alcanza” para solucionar la situación de los asentamientos irregulares.

El trabajo con las intendencias

La idea, según anunció en su momento el presidente durante una visita a Salto, es realizar la regularización o relocalización de dos asentamientos por departamento, a definir entre cada intendencia y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu). De todas formas, desde el MVOT adelantaron a la diaria que en Montevideo piensan anunciar el reinicio de algunos proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios -que se hace junto a la intendencia- que se encontraban suspendidos o habían sido reprogramados para más adelante.

Guillermo López, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, aseguró a la diaria que “va todo viento en popa” y que los jefes comunales de todo el país están “entusiasmados” por “resolver uno de los principales problemas sociales que vemos en cada uno de nuestros departamentos”.

Consultado por cómo se repartirá el dinero del fideicomiso, López sostuvo que eso “lo define el Poder Ejecutivo” y que desde el Congreso de Intendentes se firmó “un convenio marco” con el gobierno a partir del que “se convocó al congreso para participar en una comisión, y lo que se nos solicitó como autoridades fue participar en el diagnóstico y el reconocimiento del territorio”.

“Está todo en manos de la autoridad competente, que es el MVOT”, insistió López. Aseguró que no se trató de “una negociación de cuántos asentamientos para uno o cuántos asentamientos para otro”, sino que “el problema es a nivel nacional y se va a abordar de manera integral con la opinión de cada intendente en su territorio”. Lo que sí dijeron las autoridades departamentales al gobierno fue que “las intendencias estábamos en condiciones de hacernos cargo del protagonismo de la ejecución de un asentamiento o dos, dependiendo de las posibilidades de cada gobierno”.

De todas formas, señaló, depende de “lo que se terminará acordando con cada intendencia en un acuerdo específico bajo el paraguas de este acuerdo marco”. En Florida, por ejemplo, ya se está ejecutando un plan de regularización con presupuesto propio y esperan, según López, estar “en condiciones de prácticamente en este período de gobierno dejar todo en marcha para que tengamos asentamiento cero en el departamento”. López dijo que “hay estimaciones” de lo que recibirán en Florida desde el fideicomiso y adelantó que con esos recursos regularizarán “un asentamiento”.

Flores es el único departamento en el que no hay asentamientos irregulares; de todas formas, según el intendente de este departamento, Fernando Echeverría, “hay muchas situaciones de familias que necesitan una solución” y para eso el fideicomiso servirá para “asistir y trabajar con las familias que hoy están pasando un momento de dificultades” y así apostar a una política de amortiguamiento y evitar la formación de asentamientos.

Dado que, según supo la diaria, la pata de la prevención es fundamental para el MVOT, una parte de las partidas para las intendencias estará destinada a fomentar los alquileres sociales y reforzar la policía territorial, a cargo de los cuerpos inspectivos de los gobiernos departamentales. Este ha sido un punto de roce entre el gobierno nacional y las intendencias, que insisten con la falta de recursos para trabajar junto a la policía territorial.

En este sentido, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, explicó que tienen “gente asignada” para esta tarea, pero que “siempre que se denuncia una ocupación irregular hay una denuncia por un lado y te vienen por otra ventanilla a pedir una solución”, entonces “con herramientas propias la intendencia va solucionando o no”. En Paysandú optaron por el concepto de “área precarizada”, lo que no sería un asentamiento sino “toda una cosa que lo circunda de gente que está asentada en suelo irregular”. Así, en Paysandú -al igual que en Salto- buscarán realizar la regularización de dos zonas de este tipo.