A las 10.00 comenzó la interpelación de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, promovida por el Frente Amplio (FA). El foco de la oposición durante la primera parte de la interpelación estuvo en la caída del salario real, las jubilaciones y pensiones, el aumento de la inflación y el impacto en el poder de compra de los hogares uruguayos.

La diputada del Movimiento de Participación Popular, Bettiana Díaz, miembro interpelante, comenzó haciendo un diagnóstico de la situación actual. Señaló que hace más de dos años que viene cayendo el poder de compra y a esto se le suma que sigue sin asegurarse de “forma clara” la mejora salarial. Asimismo, indicó que la pobreza aumentó con respecto a 2019 en todos los tramos de edad y se incrementaron los precios de los productos de la canasta básica y los combustibles -en parte por el precio internacional del petróleo y de trasladar toda la volatilidad a los consumidores-. “Nadie puede negar que la vida de los uruguayos está cada vez más complicada”, recalcó.

Esas “privaciones”, agregó, hacen que muchas veces las familias tengan que “recurrir a la solidaridad de sus vecinas o vecinos para tener garantizado un plato de comida”. En cuanto al impacto de la pandemia, Díaz apuntó que “no es novedad” que 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza con la pandemia y 185.000 personas se ampararon en el seguro de paro.

Con la pandemia cediendo, “la economía en 2021 tuvo mejor rendimiento que el que habían proyectado analistas e incluso el propio gobierno”. Sin embargo, apuntó que no todas las variables socioeconómicas que se vieron afectadas por la pandemia lograron recuperarse de la misma manera. “Las crisis económicas pasan, pero el impacto socioeconómico perdura”, recalcó Díaz, y agregó que la única forma de paliar las consecuencias es “generar políticas públicas adecuadas para proteger a las y los más vulnerables”.

“En 2002, el PIB cayó 7,7 puntos y para 2005, la actividad económica se había recuperado, pero se tuvo que implementar un plan de emergencia, justamente para brindar protección social que lo estaban necesitando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si uno ve lo que ha sucedido en nuestro país en la última ocasión, el PIB se recuperó y alcanzó niveles similares a los previos a la pandemia, pero los indicadores sociales no se recuperaron del mismo modo”.

En ese sentido, Díaz recalcó que el crecimiento económico no garantiza que “automáticamente” mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. “Será muy importante que la torta crezca, para que haya más para repartir, pero “la relación no es directa, y hay gente no puede esperar a que esto suceda. El estado tiene un rol que cumplir”, enfatizó.

Inflación y mercado de trabajo

El primer capítulo de preguntas fue referido a la inflación. La legisladora preguntó al equipo económico si la inflación, más allá de que es un fenómeno multicausal, está siendo impulsada por la demanda interna; cuál es la incidencia de la inflación sobre los costos de producción y cómo evalúan el aumento de los combustibles en el nivel general de los precios. También consultó a las autoridades si la suba de la tasa de interés llevada a cabo por el Banco Central del Uruguay (BCU) se hizo de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuál era la opinión de la ministra en relación a la “inconsistencia de flexibilizar la política fiscal expansiva y a la vez endurecer la política monetaria”. Por último, preguntó si el gobierno mantiene su compromiso de recuperación salarial en el período y cómo se va a realizar esa recuperación.

Otro de los aspectos a los que se refirió la diputada interpelante fue la situación del mercado de trabajo. En particular, hizo hincapié en las personas que han quedado por fuera del mundo de trabajo, los subempleados y las micro y pequeñas empresas que no han vuelto a operar.

Díaz señaló que la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, dijo en la Comisión de Hacienda que “se habían recuperado como puestos de trabajo en el primer trimestre del 2022 con respecto al año 2021, unos 48.000, bastante menos que esos 70.000 que fueron titulares de prensa”. Los legisladores de la oposición le consultaron cuántos de esos puestos correspondían a los jornales solidarios implementados por las intendencias, y la jerarca respondió que “por lo menos 15.000”. “Estas personas que están ocupadas, entran en la categoría de subempleo. Este programa tiene fecha de finalización”, recalcó.

La legisladora preguntó a las autoridades si se tiene identificada a la población que se retiró del mercado de trabajo durante la pandemia; qué medidas focalizadas se prevén y que rol va a cumplir el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional; qué impacto cuantificable se espera que tenga el subsidio a empresas que contraten a personas desempleadas de 30 y 44 años que anunció esta semana el gobierno.

Pobreza

El siguiente punto de la interpelación fue la situación de la pobreza. La diputada remarcó que algunas declaraciones del equipo económico “dañan su credibilidad”. En concreto se refirió a que en febrero de este año, el gobierno destacó, con cifras semestrales de pobreza, que la había reducido en menores de seis años respecto a 2019. Sin embargo, con los datos anuales se constató que la pobreza había crecido en todas las franjas respecto a los niveles prepandemia.

La legisladora cuestionó que se mantenga hasta el día de hoy una presentación en la página web del MEF y de Presidencia que indica que la pobreza se redujo en niños menores de seis años. “Acá hay un manejo de los datos de pobreza que es indefendible”, sentenció

En ese sentido, la legisladora consultó al equipo económico si “la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza aumentó con respecto a 2019”; si “se piensa seguir compartiendo semestres con años”; “qué políticas están previstas para abordar esta situación” y si “al gobierno le cambia la agenda que hay 60.000 personas más de las que preveían por debajo de la línea de pobreza”.

Azucena Arbeleche, el 19 de mayo, durante la interpelación en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Azucena Arbeleche, el 19 de mayo, durante la interpelación en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Foto: Alessandro Maradei

El siguiente paquete de preguntas se centró en los datos vinculados a las ollas populares. Si bien Díaz reconoció que se están implementando medidas en este sentido, cuestionó que no exista un diagnóstico de la situación por parte del gobierno. Por ese motivo, la legisladora consultó cuál es el papel que está jugando el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y si el organismo tiene datos de “lo que está pasando con la alimentación de las personas que están comiendo en ollas”; qué datos maneja el MEF para diseñar el apoyo económico a las ollas populares y qué planes piensan impulsar para abordar la temática.

La pandemia: la emergencia social perdura

El fin de la emergencia sanitaria y su impacto en la población también estuvo dentro de las áreas que priorizó la oposición en la interpelación. “El año pasado, en la Rendición de Cuentas el FA alertó que en otras situaciones de crisis los impactos cuestan un poquito más para subsanar. Preveíamos que la emergencia social iba a durar más que la sanitaria y que por lo tanto algunas políticas iban a necesitar un financiamiento más permanente, porque una persona que cayó en la situación de pobreza, porque cuando se levanta la emergencia sanitaria, no sale automáticamente de la pobreza”.

Díaz recordó que el gobierno ha dicho en más de una oportunidad que sobrecumplió sus metas fiscales, por lo que, a su juicio, tiene un margen “para dar una respuesta mucho más contundente a los problemas que tiene la gente”. En ese sentido, preguntó qué políticas siguen siendo financiadas por el Fondo Covid-19 y hasta cuándo se seguirá usando el fondo. Asimismo, consultó qué medidas se van a incluir en la Rendición de Cuentas y cuánto son los ingresos adicionales que proyectan, “producto del mejor desempeño económico”. También preguntó a las autoridades qué impacto “se espera que tenga” el bono crianza que se brindó a familias con niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad.