La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se pronunció sobre las dos denuncias presentadas en setiembre del año pasado contra el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, por presunta discriminación por orientación sexual y acoso laboral.

En una resolución publicada el 27 de abril, firmada por tres de los cinco integrantes del Consejo Directivo –Wilder Tayler se encontraba fuera del país y Mariana Blengio votó en contra-, la INDDHH concluyó que el MI vulneró el “derecho al trabajo libre de violencia y acoso, no respetando el principio de la igualdad y no discriminación”.

Uno de los denunciantes manifestó a la INDDHH que fue víctima de actos de discriminación por su orientación sexual y de acoso laboral por parte de ambos directores. El funcionario contó a la institución que se tomaban “decisiones sobre su área de trabajo sin su participación, que no fue autorizado a dar un curso de capacitación diseñado por él y que se lo excluye arbitrariamente de reuniones de trabajo”, según consta en la resolución.

El otro denunciante expresó que fue cesado de la Dirección de la Unidad N° 6 del INR por su “orientación sexual, señalando detalladamente el continuo hostigamiento y acoso laboral recibido de las autoridades ya mencionadas del organismo”. En el caso del trato de González, el denunciante “manifestó detalladamente instancias de encuentros públicos donde el director hacía referencia a su orientación sexual de una forma discriminatoria y descalificativa de su gestión usando el argumento de su orientación”, con comentarios homofóbicos y transfóbicos, detalló la institución.

La INDDHH se propuso “identificar la existencia de indicios acerca de discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral” y analizar cuál es la respuesta del organismo a “la hora de conocer potenciales situaciones de discriminación”. Luego de investigar el caso, la institución concluyó que existían “claros indicios de discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral, que han sido avalados por los testimonios de los denunciantes y de otras personas que se expresan en las entrevistas realizadas y en los medios de prensa”.

Asimismo, la INDDHH consideró “que la situación de discriminación y acoso presenta como agravante que es ejercida por un jerarca de un organismo público y que a su vez es una dirección dentro del organismo, vinculada a la convivencia y el buen trato”.

En sus recomendaciones, la institución solicitó que se “investiguen prontamente los hechos” y se informen “los resultados de la investigación” para “aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”. Recomendó al MI “la realización de las investigaciones dentro de plazos razonables, en particular en situaciones que las demoras pueden generar la revictimización de las personas involucradas”. Solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que investigue los hechos y al MI que manifieste, en un plazo de diez días, que aceptó las recomendaciones.

Consultado por la diaria, González, que se encuentra en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en Ginebra, prefirió no hacer declaraciones.