A dos semanas del plazo límite para que el Poder Ejecutivo envíe la Rendición de Cuentas al Parlamento -lo debe hacer antes del 30 de junio-, el Frente Amplio (FA) organizó este sábado 70 encuentros y asambleas en distintas partes del país, a cargo de distintos legisladores, con el objetivo de trasladar el debate presupuestal afuera del Palacio Legislativo.
En un documento aprobado por el FA, al que accedió la diaria, que se tomará como insumo en los encuentros de este sábado, se hace un fuerte cuestionamiento a las políticas implementadas por el gobierno y se señala que la mayoría de los uruguayos se encuentra en “peores condiciones” que al inicio de este mandato y que las perspectivas a largo plazo “no son alentadoras”. En ese marco, se señala que la Rendición de Cuentas es la “oportunidad para que el gobierno cumpla con sus compromisos electorales y proponga verdaderas soluciones para las grandes mayorías”.
En materia económica, se menciona que en 2020, como consecuencia de la pandemia, el producto interno bruto cayó 6,1%, 100.000 personas más pasaron a estar por debajo de la línea de pobreza, “volvieron las ollas populares y, en el punto máximo, 185.000 personas llegaron a estar en el seguro de paro”. Para el FA, “gran parte de ese sufrimiento económico y social se podría haber evitado con un mayor apoyo del gobierno”.
Con el cese de la emergencia sanitaria, el FA señala que se “recupera la actividad, crecen las exportaciones agroindustriales y los depósitos bancarios de los más ricos”, pero “los salarios y las pasividades reales continúan cayendo, y sigue habiendo serios problemas de empleo”. Asimismo, se advierte que hace dos años que viene disminuyendo el poder de compra y, como consecuencia, las jubilaciones y pensiones. “Los salarios acumulan a abril de este año una pérdida de 4,1% en su poder de compra y las jubilaciones y pensiones, de 2,7%, en relación a los valores promedio de 2019”, se afirma.
En el diagnóstico de la situación actual se hace hincapié en las consecuencias de la inflación y se critica al gobierno por excusarse, primero, en la pandemia y, luego, en la guerra de Rusia y Ucrania. “La inflación viene aumentando desde mediados del año pasado, cuando aún la guerra no se vislumbraba. En lo que va del gobierno, ha aumentado el costo de elementos básicos de la canasta de consumo de los hogares. Por ejemplo, los huevos, la carne vacuna y la harina acumulan aumentos de entre 44% y 54%”, indica el FA.
“Las crisis económicas pasan, pero el daño social y productivo que generan perdura. Para reducir el costo social de la crisis y sentar las bases para un crecimiento inclusivo se requieren políticas públicas adecuadas y recursos que lo hagan posible”, concluye el documento.
Rendición de Cuentas: los puntos centrales
Desde el FA entienden que en el presupuesto quinquenal el gobierno realizó un ajuste fiscal “al barrer”, que repercutió, particularmente, en la educación, la salud y la vivienda. En el marco del proyecto de Rendición de Cuentas, según el FA, el Ejecutivo tiene la “oportunidad de corregir el rumbo, destinar recursos para atender las necesidades más urgentes de la gente, y dar respuestas frente a un amplio conjunto de promesas electorales incumplidas”.
En materia de educación, la oposición identifica un “retroceso importante”, ya que “aumentó el ausentismo escolar y la repetición”, lo que “golpea en especial a los sectores más pobres”. De un promedio de asistencia escolar de 86% de los días de clases dictados en 2019, se pasó a una concurrencia de 73%, lo que equivale “a faltar uno de cada cuatro días de clase dictada”, se subraya en el documento. Según señala el FA, esta situación “fue más grave en las escuelas de los barrios más carenciados, donde los alumnos faltaron uno de cada tres días”.
Sobre el incremento de la repetición escolar, el FA puntualiza que esto se dio, “con más severidad, nuevamente, en las escuelas de barrios más pobres, alcanzando 7,4% de los alumnos, cifra tres veces mayor a la que se registra en las escuelas de contexto más favorable (2,2%)”. “Mientras la educación de los más vulnerables se deteriora más fuertemente, el gobierno recortó el programa de Maestros Comunitarios”, una iniciativa que funciona en Primaria desde 2005, se advierte.
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Por otra parte, se hace mención a los compromisos de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, que cuando asumió el gobierno adelantó que su cartera se proponía construir 50.000 viviendas nuevas en el quinquenio. No obstante, el FA indica que el ministerio tiene recursos “para completar apenas 27.000, de las cuales 13.000 comenzaron a construirse en el gobierno anterior” y el “presupuesto para vivienda sigue estando más de 6% por debajo de lo que estaba en 2019”. También se hace referencia al compromiso programático del Partido Nacional de tender hacia una situación de “asentamiento cero” en diez años, pero se puntualiza que actualmente “hay 600 asentamientos en todo el país, cifra que crece año a año”.
También se manifiesta preocupación por el “deterioro de los servicios públicos” y, a modo de ejemplo, se señala que un caso “notorio” de ello es el de salud pública, donde “a pesar de que en 2020 aumentaron los usuarios de ASSE (40.000 más que en 2019), se recortó 10% los recursos destinados a la compra de medicamentos”.
En cuanto a la seguridad pública, el FA cuestiona al actual gobierno por dedicarle “más energía a echarle todas las culpas al Frente Amplio que a entender las causas”. “Habiendo quedado atrás la pandemia, se produjo un aumento preocupante de los homicidios. En los primeros cinco meses de 2022 hubo 171 homicidios, 46% más que el año anterior y 17% por encima de 2019”, se afirma.
“La política de seguridad del gobierno apuesta fuertemente al encarcelamiento como principal y, a veces, única medida; sin embargo, no han destinado recursos a mejorar la situación del sistema penitenciario, generando una olla a presión en las cárceles”, se agrega.