La habilitación para que cinco empresas de televisión para abonados –Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo de Montevideo, Korfield y Praimar, de Colonia y Pando, respectivamente– puedan brindar servicios de conexión a internet sigue provocando diferencias en las altas esferas políticas. Una de las últimas discusiones en torno a este tema tuvo lugar el jueves en la sesión del directorio de Antel, donde el representante del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, propuso presentar cinco recursos de revocación ante el Poder Ejecutivo, una por cada habilitación, pero la mayoría oficialista conformada por el presidente, Gabriel Gurméndez, y el vicepresidente, Robert Bouvier, no hizo lugar a este pedido.

El jueves fue la primera vez que el directorio de Antel discutió sobre esta situación. Según supo la diaria, allí Larrosa planteó objeciones a la decisión del Poder Ejecutivo y señaló que la empresa estatal, por verse afectada, debía “presentar un recurso de revocación frente al Poder Ejecutivo” y tenía que ser antes del viernes, cuando vencía el plazo legal para hacerlo.

En un escrito al que accedió la diaria, el director del FA enumeró los fundamentos que Antel debía incluir en su reclamo. El primero era que con estas cinco habilitaciones “se atenta contra el monopolio legal de Antel sobre las telecomunicaciones fijas mediante medios físicos”. El monopolio en esta materia es debatido, pero Larrosa hizo un recorrido histórico sobre las telecomunicaciones en Uruguay, desde la creación de la Administración General de Correos, Telégrafos y Teléfonos en 1915, pasando por el decreto ley de 1974 que dio origen a la empresa estatal, hasta la actualidad, y concluyó que “el monopolio de Antel en telecomunicaciones interactivas por hilo, medios ópticos, no ha sido modificado y se halla vigente”.

Precisamente, en referencia a este tema, uno de los argumentos de Larrosa es que “la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, que prohíbe que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual también presten servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos, “no obliga a otorgar las licencias” a estas cinco empresas. Para el director del FA, “esta solución no es contemplar las sentencias de la Suprema Corte [de Justicia, SCJ], contemplarlas sería seguir el proceso que se está dando en el Poder Legislativo para encontrar una solución legal”, en referencia a la modificación que el gobierno pretende darle a la ley vigente, pero que no logra acuerdos entre los socios de la coalición.

Otro de los fundamentos por los que entendió que debía recurrirse la decisión oficial es que “no se le otorgó vista o consulta a Antel, siendo el principal afectado”. Explicó que “el servicio a la sociedad de internet fijo por medios físicos es brindado exclusivamente por Antel” y que este “se basa fundamentalmente en la inversión que la sociedad, a través de Antel, realizó y todavía en menor medida se sigue realizando”. “El monto de inversión supera ya los 800 millones de dólares y esta medida afecta claramente el recupero de esta inversión. Sin embargo, en el trámite realizado para la obtención de las licencias no se hizo ninguna consulta a Antel sobre las repercusiones legales, técnicas y económicas de tan drástico cambio de modelo regulatorio”, apuntó.

Larrosa también cuestionó que “no se realizó un llamado a concurso o una licitación para el otorgamiento de licencias”. “Si el ánimo fuera de mejora del sector y generar competencia, debería haberse iniciado un procedimiento competitivo de licitación o concurso por el que diversos emprendimientos y empresas pudieran presentar proyectos”, consideró, y aseguró que “el otorgamiento de licencias en modalidad a demanda revela una ausencia de política de telecomunicaciones”.

También planteó que estas resoluciones “desprotegen la cuantiosa inversión realizada y alteran la ecuación económica de recupero de inversión” hecha por Antel, “al introducir competidores en un mercado hasta ahora cerrado a la competencia directa”. “El desarrollo de la inversión se hizo durante más de diez años con determinadas reglas de juego y de un plumazo se cambian las condiciones cuando ya la inversión ha concluido”, lamentó. Para Larrosa, si esta medida hubiera perjudicado “a una empresa transnacional”, “seguramente hubiera terminado en un reclamo internacional utilizando alguno de los tratados de protección de inversiones”.

“Era bastante evidente que más tarde o más temprano Antel iba a actuar en competencia”

En diálogo con la diaria, Gurméndez informó que “el directorio resolvió no acompañar esa moción del director Larrosa”, porque “no se encontró mérito legal” para presentar recursos de revocación “ni se compartieron algunas de sus consideraciones políticas”. Según dijo, en la misma sesión “se contestaron las argumentaciones dadas” por el representante del FA, ya que “se invocaron las actuaciones administrativas y los dictámenes jurídicos que están contenidos en el expediente del Poder Ejecutivo por el que se consideraron estas licencias”.

Agregó que “se realizaron consultas” tanto al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, como a la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, referidas “al cumplimiento de los procesos administrativos” y “a la acreditación de todos los requisitos que establecen las normas reglamentarias para poder dar este tipo de autorizaciones”, y finalmente la mayoría del directorio entendió “que no existían los debidos fundamentos ni méritos para proceder” a protestar ante el Poder Ejecutivo.

Consultado sobre el monopolio de Antel en la materia, Gurméndez respondió que “es un debate de larga data” y que hay “profusos antecedentes” de “dictámenes y opiniones legales” que “sostienen la posición contraria” a la de Larrosa. En este sentido, expresó que “fundamentalmente” se tuvo en cuenta “la opinión jurídica” de la Ursec y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, “porque las autorizaciones, de acuerdo a lo que luce en el expediente”, siguieron “todo el proceso requerido”.

Con respecto al eventual perjuicio económico para Antel, Gurméndez respondió que “no tiene nada que ver” con los motivos que deben tomarse en cuenta para presentar un recurso de revocación. Explicó que la decisión del Poder Ejecutivo “obedece al dictado de varias sentencias de inconstitucionalidad” y, por tanto, “se trata de un tema del cumplimiento de la ley, y en eso es que se debe fundar un recurso”.

Finalmente, Gurméndez, como ya lo hizo en otras oportunidades, quitó dramatismo a las habilitaciones a los cableoperadores, porque dijo que en un “marco de competencia” Antel “parte de una posición de fortaleza”, ya que tiene el “dominio del mercado”. Además, aseguró que en este período se está “actuando para robustecer” su infraestructura. “Antel viene dando pasos firmes en la ejecución de inversiones, avanzando en su red de fibra óptica en todos aquellos lugares –que son muchos– donde aún había espacio para avanzar porque no se había sustituido el cable de cobre”, añadió.

“Esta decisión del Poder Ejecutivo no agarra a nadie de sorpresa”, dijo al considerar las resoluciones de inconstitucionalidad y el debate sobre una nueva ley de medios que procura “subsanar estas inconstitucionalidades con carácter general para todos los cableoperadores” y no solamente para los favorecidos por la SCJ. “Era bastante evidente que más tarde o más temprano Antel iba a actuar en competencia”, expresó y agregó que la empresa trabajará en “alcance, calidad y precio”.