Ante la decisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de intervenir el club Villa Española, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Juan Faroppa, opinó que “el debate es muy fuerte” y que a su entender “la institución tiene que intervenir de oficio en ese caso”, algo que va a proponer al resto de los directores.

“No porque haya un prejuzgamiento de que el MEC actuó mal o irregularmente, pero sin duda que el papel institucional que nosotros tenemos es preguntar, pedir información a los efectos de que el Estado tenga la posibilidad de dar las informaciones más claras formalmente respecto al caso”, explicó en diálogo con Desayunos informales este viernes.

Faroppa aclaró que no hay duda respecto a que es el MEC la institución que tiene las competencias para intervenir en asociaciones civiles cuando “se dan determinado tipo de situaciones”, pero también especificó que en el “caso que se produzcan situaciones que puedan ser vulneratorias de derechos, la institución tiene que intervenir en forma preventiva”.

“Cada vez que están en juego derechos como la libertad de expresión, de opinión, la libertad de asociación, siempre se pueden dar situaciones que estén en un extremo que se puede regular”, dijo Faroppa, y subrayó que “el ejercicio de los derechos humanos no es ilimitado, no es absoluto, una sociedad democrática requiere que las autoridades, dentro de la Constitución y la ley, regulen el ejercicio de los derechos”.

Señaló que una intervención en una asociación civil es algo “muy delicado en un Estado de derecho” y que “el Estado tiene que justificar claramente por qué lo hizo”. Insistió en que “cuando hay una limitación de derechos hay una lucecita que se prende: la INDDHH debe actuar y después, por supuesto, puede indicar que la institución actuó correctamente”.

Dirigentes del club “sorprendidos” por intervención

Este viernes, Omar Cazarré, uno de los directivos del club, explicó que se cumplió con todos los pasos de notificación y respuesta al MEC y que, a pesar de que sabían que la intervención era una posibilidad, no la veían “tan cercana”.

También en diálogo con Desayunos informales, Cazarré explicó que llegó a la directiva en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, que habían sido pospuestas por la pandemia y que en enero de este año se deberían haber celebrado otras elecciones, pero estaban solicitando apoyo del MEC para poder cumplir con las formalidades que se exigen; según apuntó, en los próximos meses estaba previsto celebrarlas.

Cazarré aclaró que “no es cierto que no se ha presentado balance y memoria”. Según dijo, el MEC ya tiene esos documentos que por primera vez fueron auditados de forma externa, tal como exigen la FIFA y la Conmebol. Asimismo, detalló que se le entregó al MEC un padrón de socios actualizado a marzo de este año y las copias de las actas de asambleas.

“La resolución del MEC habla de regular las redes sociales por arriba -no entendemos bien a qué se apunta- y a regular las actividades que se hacen en el club, y tampoco entendemos a qué se apunta”, dijo el dirigente. “En la primera devolución que hace el MEC y en la denuncia original se hace mención a los derechos humanos en particular, que creemos que es un tema de derechos humanos”, agregó, y subrayó: “No es político partidario, eso está terminantemente prohibido y nunca se hizo”.

Una de las acciones que llevaron a la denuncia original fue la asociación del club con la campaña por el Sí en el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), después de que el jugador Santiago López utilizara en un partido una remera debajo con un símbolo contra la LUC. Sin embargo, el dirigente aclaró que nunca hubo a nivel institucional un apoyo a la campaña: “Lo que sí hubo es una manifestación particular de un jugador del club, que no se difundió por las redes sociales del club; eso se informó al ministerio y no ameritó sanción, pero se le advirtió al jugador que podía perjudicar al club y a él mismo y no se volvió a repetir. El club nunca se posicionó ni a favor ni en contra porque no correspondía”.

El dirigente sostuvo que todas las acciones llevadas adelante por el club están cargadas de política social, relacionadas principalmente con la cultura y los derechos humanos. Advirtió que el uso de camisetas con alusión a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es un acto político pero no partidario y por eso “sorprende” que esté en discusión. “En el tema de derechos humanos, no somos el único club que se pronuncia y la propia AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol], cuando sacamos la segunda camiseta alusiva, entendió por unanimidad que eso no era una cuestión política, sino de derechos humanos, y alentaba a los demás equipos a comprometerse de esa forma”.

Sobre los pasos a seguir, dijo que están “tranquilos” con la intervención en tanto ya habían manifestado la voluntad de hacer elecciones. “Seguimos con esa idea, ahora lo que vamos a hacer es intentar que la intervención maneje la información que tenga que manejar, subsanar los errores que pueda haber habido. Tenemos la intención de que se hagan elecciones a la brevedad y que los socios decidan si es esta directiva u otra la que seguirá”, finalizó.