Este miércoles se desarrollará una “audiencia de conciliación” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre el Fondo de Solidaridad –una persona de derecho público no estatal, que gestiona las becas para estudiantes universitarios– y el exgerente general de la institución Luis Enrique Miranda. En el reclamo, el funcionario cesado en sus funciones en abril de este año plantea que hubo “un accionar agraviante” hacia su persona, por lo que reclama una “indemnización por despido y daño moral” de 5,6 millones de pesos: 2,8 millones por concepto de despido y 2,8 millones más por daño moral.
“Ingresé a trabajar para la citada [el Fondo de Solidaridad] el 3 de enero de 2009, desempeñándome como Gerente General, egresando por despido el 30 de abril de 2022, sin que se me abonara la correspondiente indemnización. Al momento de mi egreso percibía una remuneración mensual nominal de $ 378.237. Durante el último período de mi relación laboral, se concretó un accionar agraviante hacia mi dignidad y profesionalidad, causándome un claro daño moral”, plantea la denuncia ante el MTSS.
El Fondo de Solidaridad tiene autoridades designadas por ocho organismos distintos y la presidenta responde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En virtud del cambio de gobierno, en el actual período asumió como presidenta la contadora Rosario Cerviño, que había trabajado hasta 2012 en la institución, habiendo sido cesada cuando Miranda ya se desempeñaba como gerente general.
Según el funcionario que presentó la demanda, los hechos ocurridos en 2012 generaron una disputa con Cerviño, que al llegar a presidir la institución practicó “un revanchismo personal indisimulado”. De acuerdo con Miranda, la presidenta buscó incomodar al resto del equipo que trabaja junto a él, enviando “mails, mensajes y llamadas, pidiendo todo tipo de explicación y de información sobre mí y el acuerdo” laboral que lo unía con el Fondo de Solidaridad. También cuestiona que se haya comunicado al personal su desvinculación “en forma anticipada” y, según plantea, “sin sustento de la propia Comisión [Administradora del Fondo de Solidaridad]”.
Los hechos entre 2012 y 2017
Para comprender la historia hay que remontarse hasta octubre de 2012, cuando Miranda, como gerente general del Fondo de Solidaridad, puso a consideración de la comisión administradora “la necesidad de desvincular a la contadora Rosario Cerviño Frugoni de su cargo como gerente de Administración y Contabilidad”. La desvinculación se consumó al final de aquel mes, y en la misiva firmada por el gerente general se plantea que Cerviño “evidenció debilidades de liderazgo y no supo gestionar” los proyectos asignados, al tiempo que se le marca a la funcionaria “dificultades” de “rigor técnico que se disimulaban por un apoyo riguroso del [resto del] equipo”.
“Creemos que la Contadora [Cerviño] fue vinculada a la institución para una función de naturaleza estrictamente contable y nosotros, en el error, pretendimos adjudicarle actividades de gerenciamiento para lo cual no estaba formada y carecía de habilidades para diligenciarlas aceptablemente. Proponemos un perfil de Gerente con mayores competencias en administración y métodos y con una fuerte formación en recursos humanos”, concluye la comunicación de 2012, firmada por Miranda.
Posteriormente, ya sin Cerviño en la institución, ocurre en 2017 un cambio en el vínculo de Miranda con el Fondo de Solidaridad, al rebajar su sueldo a raíz de “un proceso de reorganización administrativa”, pasando a cobrar por el mismo cargo un salario nominal de 265.000 pesos –más de 110.000 pesos menos–. Dentro de ese acuerdo, se pacta entre las partes “culminar la vinculación laboral” en abril de 2017 “sin que ello genere responsabilidad ni derecho a cobro en concepto de indemnización de especie alguna”, y a la vez acordar un nuevo contrato “a término por un plazo de cinco años a partir del 1º de mayo de 2017”.
Se agrega que, “vencido el plazo de cinco años, la relación laboral se extinguirá sin comunicación y sin derecho de indemnización de ningún tipo a favor” de Miranda. También el gerente general “renuncia” a realizar “cualquier reclamo y/o indemnización que se pudiera generar del vínculo laboral extinguido” en 2017.
El anterior acuerdo tiene por fecha el 9 de marzo de 2017, la misma en que, según el acta número 287 de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, se trató el asunto del cambio de vínculo laboral de Miranda. Allí se consulta por parte de una integrante de la comisión a la asesora jurídica Carolina Torrens sobre si un trabajador “puede renunciar” a derechos de índole laboral, y si posteriormente “puede aducir cierta presión en la condición de firmar, a cambio de la renuncia”.
La respuesta, según consta en el acta, es que “sí se puede aducir [presión] y una renuncia no sería del todo válida, lo que quiere decir que el trabajador años después podría reclamar la indemnización a la que renunció”. Se agrega que si bien hubo “un perjuicio” para el funcionario por la rebaja salarial, se contempla “un beneficio” al darle “la estabilidad de una contratación a término por cinco años, que hasta el día de hoy no tenía”. Igualmente, la asesora jurídica define la situación como “poco usual” y “no asegura que no exista ningún tipo de riesgo”, en referencia a un futuro reclamo.
La desvinculación de Miranda
Según distintos documentos que aportó el exgerente general cesado, entre 2014 y 2017 tuvo resultados satisfactorios en las “evaluaciones de desempeño” en la institución. Sin embargo, tras cambiar el gobierno y asumir como presidenta de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad la contadora Cerviño, que había sido cesada en 2012, a Miranda se le comunicó la decisión de su desvinculación.
“Comunicamos que la Comisión, reunida en la sesión ordinaria del día 25 de febrero de 2022, consideró el acuerdo voluntario firmado en marzo de 2017, resolviendo que en virtud de lo pactado a partir del 30/04/2022 finalizara la relación laboral con Miranda”, dice la misiva que divulgó el Fondo de Solidaridad. Allí se le agradece “por la contribución y dedicación brindada al organismo durante estos 13 años”, y se detalla que “la decisión se enmarca en una estrategia de racionalización del organismo”.
Luego de esta decisión, según distintos mensajes que presentó Miranda, solicitó en reiteradas oportunidades durante marzo “la liquidación por egreso a las autoridades delegadas de la Comisión”.
“Desde tu llegada has confundido el rol, no eres auditora sino presidenta honoraria de la Comisión, te recomiendo asesorarte mejor al respecto”, cuestionó Miranda a Cerviño en una comunicación interna días antes de su desvinculación definitiva a finales de abril.
Aclaración: una primera versión de esta nota señalaba que la indemnización reclamada era de 2,8 millones de pesos, pero el reclamo es por 5,6 millones: 2,8 por concepto de despido y otros 2,8 por daño moral. Al involucrado y a los lectores les pedimos disculpas.