El 30 de junio vence el plazo de solicitudes de agenda para personas interesadas en acceder a beneficios dispuestos por el Plan UR, que dispone una posible extinción del crédito o reducción de la tasa de interés para deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
El programa entró en vigencia en octubre de 2024 tras la aprobación de la Ley 20.237 en 2023, que establece dichos beneficios. Sin embargo, la normativa vio modificaciones luego de que se presentaran reparos por parte de agrupaciones de deudores, lo que motivó que la Cámara de Diputados aprobara una serie de cambios a la ley a principios de 2025, que el Poder Ejecutivo reglamentó definitivamente con un decreto promulgado en noviembre del año pasado, el cual flexibilizó las condiciones de acceso a los beneficios.
En diálogo con la diaria, el presidente de la ANV, Claudio Fernández, evaluó que la dirección del organismo asumió con “el problema sobre la mesa”, en tanto la aprobación y modificación de la ley sucedió antes del cambio de gobierno, algo que “provocó que la reglamentación quedara en suspenso” hasta su debida articulación. Dijo que hasta entonces la agencia se había limitado a “ordenar la gestión”, ya que la normativa había encomendado a la agencia el control y la regularización de diferentes fideicomisos, algo que “multiplicó la tarea”.
Fernández también apuntó a un “problema grande que hubo en la comunicación”, que tuvo su origen en la anterior administración, dado que entonces la agencia llevó adelante una campaña de comunicación que anunciaba determinados beneficios que no necesariamente eran así. “Se [los] había felicitado a través de cartas que se habían enviado desde la ANV de que eran beneficiarios de la ley [y] hubo que retroceder a decirles que no”, recordó.
Según valoró, la situación generó “un malestar grande en los deudores” que incidió sobre el comienzo de la gestión. Fue producto de ello que, tras de la promoción del decreto del año pasado, la ANV resolvió “pasar de una comunicación general a una comunicación personalizada” que “fuera bastante cauta desde el mensaje a dar, desde un punto de vista transparente y responsable”. “Nosotros teníamos como objetivo no que se visibilice un logro de nuestra gestión [...], sino que las personas efectivamente se enteraran de que tenían posibilidad de acceder a los beneficios”, añadió el presidente de la agencia.
Más de 17.000 personas agendaron una consulta ante la ANV a la fecha y alrededor de 1.500 aún no lo hicieron
El jerarca dijo que en la ANV hay “una evaluación muy buena” de la estrategia que la agencia lleva adelante hoy por hoy y que permitió reducir la demanda de los deudores. También porque permitió atender las diferentes situaciones y problemáticas que pudieron surgir de ellas de manera individual, indicó.
Fernández reveló que, según los últimos datos con los que cuenta la agencia, más de 17.000 personas agendaron una consulta para saber si se encontraban comprendidas en el plan. Hay 1.838 casos para los que se extinguieron los créditos y 8.713 para los que se determinó una reducción de tasa de 0% o 2,5%. Asimismo, y para 6.569 situaciones, la ANV determinó que no correspondía ningún beneficio, ya que se no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. En tanto, restan 4.535 aplicaciones por determinar: 3.015 están siendo estudiadas –2.435 en Montevideo y 580 en el interior–, mientras que 1.520 aún no han solicitado una consulta con la agencia.
Luego de que se le preguntara sobre el peso económico que pueda recaer sobre la ANV producto de la implementación del plan, si bien no pudo proporcionar cifras conjuntas dado que la agencia trabaja con diferentes fideicomisos en modalidad de recaudación dividida, Fernández dijo que solo por el concepto de la disminución de las cuotas a pagar, la aplicación de la ley implica alrededor de 350.000 dólares de caída en la recaudación para la ANV. Empero, recordó que aún existen varios casos en estudio, por lo que reparó que una vez que los créditos pasen a la etapa de extinción, la cifra final seguramente crezca.
Por otra parte, y con respecto a las problemáticas que se le presentaron a la ANV en la implementación del programa, Fernández apuntó a dificultades en la clasificación de los créditos, ya que el organismo debió estudiar diferentes elementos en función de los requisitos que establece la ley, que van desde el análisis de la carpeta de los créditos hasta sus características, e incluso la necesidad de determinar que los posibles beneficiarios estén al día con los impuestos nacionales y departamentales.
Fernández caracterizó la situación como “un tema de gestión muy grande”, que reiteró las problemáticas presentadas por “la comunicación masiva” y apuntó también a “la falta de mecanismos” para poder efectuar las comprobaciones necesarias. “Asumimos con esta gestión pendiente, en realidad […], porque hubo clasificación de algunos créditos, pero quedaban muchos pasos por recorrer”, concluyó.