Luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara suspender la vacunación anticovid de los niños menores de 13 años, el gobierno anunció rápidamente que apelará la decisión y que espera que se revierta en poco tiempo.
En una conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el Poder Ejecutivo “respeta a la Justicia” y por eso el Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió la vacunación voluntaria en esa franja etaria. Pero, en segundo término, aclaró que este fallo del juez Recarey se apelará.
“La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar”, dijo Delgado, quien informó que estaban habilitados para recibir su segunda dosis este jueves unos “5.800 menores, muchos de ellos con comorbilidades”, además de aquellos que querían darse la primera dosis. “Por eso el gobierno lo primero que está preparando es la apelación inmediata de este fallo judicial”, aclaró.
El secretario de Presidencia aseguró que “los fallos se acatan, pero se pueden criticar”. En este sentido lanzó: “Este fallo es un disparate” y agregó que el juez utilizó “argumentos inadmisibles”.
Cuestionó que Recarey “suspenda una vacunación que es voluntaria” y que lo haga “contra la opinión de la ciencia y contra lo que pasa en el mundo”. A su vez, dijo que “no hubo plan de vacunación más preparado” y “mejor ejecutado” que el de Uruguay.
“Espero que en pocos días, a través de la apelación que vamos a presentar, los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer, porque la apelación que presentamos va en sentido de volver a que aquel que quiera vacunarse a sí mismo o vacunar a sus hijos tenga la garantía de este sistema de salud, de este gobierno y de la ciencia”, expresó, y añadió: “Esperemos que en pocos días esto sea una anécdota desagradable”.
También habló en la misma conferencia el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien coincidió en que “desde el punto de vista jurídico el fallo es un disparate”. “Cada poder del Estado tiene determinados cometidos que le son propios, y de ahí el tema de que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo. Si bien lo vamos a acatar porque creemos en la Justicia, vamos inmediatamente a apelar porque estamos muy preocupados por los padres y madres que están muy angustiados con lo que está pasando con este disparate”, expresó.