Una delegación del gobierno uruguayo compareció este jueves y viernes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para contestar las consultas de los expertos del organismo sobre la situación de los derechos humanos en el país. El lunes pasado, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil coordinadas por el Servicio Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj) presentaron un informe alternativo al del gobierno, denunciando falencias del Estado en materia de orientación sexual e identidad de género, derechos reproductivos, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, lucha contra la impunidad y libertad de expresión.

Entre los temas abordados estuvo la pobreza y las personas en situación de calle. Una de las expertas del comité cuestionó al gobierno uruguayo sobre por qué no se actualizan las cifras sobre pobreza infantil y niños en situación de calle, y mencionó que según los datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), hay 1.168 niños en situación de calle, y 45% de ellos nunca había pasado antes una noche en la calle. “¿Por qué no difunden esta información?”, inquirió la experta.

Cuando fue el turno de la respuesta del gobierno, Rosa Méndez, directora de Promoción Sociocultural del Mides, aseguró que este dato fue “mal interpretado” y que refiere no a niños en situación de calle, sino a quienes pasaron “al menos una noche en centros nocturnos” del ministerio. Y esto puede haberse dado, acotó, por situaciones “de violencia doméstica u otras situaciones”. “No aumentó la cantidad de niños en situación de calle, no hay niños en situación de calle en Uruguay”, afirmó Méndez.

A su turno, el director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Pérez, reconoció que la pobreza infantil “es un problema” en Uruguay, aunque no es “de ahora”. Si bien la pobreza infantil cayó en 2021, todavía “no se alcanzaron los niveles prepandemia”, indicó el jerarca.

Otro tema abordado ante el comité fue la libertad de prensa. El mencionado informe de las organizaciones sociales denunciaba que en el país “las personas periodistas y los medios de comunicación en Uruguay se han convertido en un objetivo de ataque de grupos intolerantes, que hostigan y hasta criminalizan al periodismo y las opiniones disidentes, atribuyendo a sus coberturas una intencionalidad partidaria, un interés personal o la pertenencia a intereses foráneos”.

Uno de los expertos consultó al gobierno sobre los juicios civiles emprendidos contra periodistas, los discursos de odio y la hostilidad, los ataques en redes sociales, y las acusaciones a los periodistas de tener intenciones políticas. “Es particularmente angustiante cuando estas amenazas vienen de autoridades públicas”, advirtió.

La vicecanciller Carolina Ache remarcó que el gobierno uruguayo respeta la libertad de expresión y que no existe ningún mecanismo de censura establecido en la normativa, así como no existen agresiones físicas, secuestros ni muertes de periodistas. “No es razonable afirmar que en Uruguay hay una degradación de la libertad de prensa”, afirmó.

En cambio, puede haber, indicó Ache, “situaciones puntuales donde se interpreta que ha habido amenazas u otros hechos”. “Debemos reafirmar, con toda rotundidad, que las autoridades en Uruguay rechazan cualquier acción que pueda tener como fin ejercer coerción o presión indebida sobre los periodistas”, expresó. Si bien recordó que recurrir a la Justicia en caso de sentirse afectado por una publicación es un derecho de todas las personas, subrayó que “no es admisible” que los juicios se usen “para disuadir a los periodistas de transmitir informaciones o su opinión”.

Además, la delegación gubernamental expresó su compromiso con la independencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y Ache sostuvo que están haciendo “todo lo que podemos para apoyarla”, ante los cuestionamientos por las críticas de dirigentes oficialistas a este organismo.

Sobre las denuncias de abuso policial, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró que el gobierno no apoya “a ningún oficial de Policía que viole la ley, incluso menos si ha cometido abusos”. Dijo que, de todos modos, el número de abusos ha venido bajando y que en la mayoría de los casos denunciados por organizaciones sociales, judiciales y de derechos humanos, no se confirmó que hubiera existido efectivamente abuso.