Gobierno entregó Rendición de Cuentas al Parlamento: 226 millones de gasto extra y reducción de AFE

En la noche del jueves, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, junto a otros jerarcas del gobierno, entregó el proyecto de Rendición de Cuentas de 459 artículos a la vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi. Entre otras cuestiones, se asigna un gasto extra de 226 millones de dólares para 2023, que se destina en buena medida al pago de la recuperación salarial para los funcionarios públicos (70 millones de dólares), así como a las otras áreas prioritarias anticipadas por el gobierno: educación (45 millones de dólares), seguridad (27 millones de dólares), ciencia (26 millones de dólares) y salud pública (26 millones de dólares).

Como es costumbre, en el articulado se incluyen otras variadas disposiciones. De estas, se destacan la derogación total de la ley de medios, así como la reducción de las funciones y la plantilla de funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

También el proyecto incluye la exposición de motivos, en la que el gobierno defiende lo hecho en 2021 y, entre otros asuntos, adelanta que hay activo “un grupo de trabajo dedicado a la elaboración de un proyecto de ley para la reforma del sistema previsional”. En este apartado también están las proyecciones económicas para el resto del período (ver recuadro).

“Realista” y “sin aumentar impuestos”

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, habló brevemente tras entregar el proyecto. Sostuvo que se trata de un proyecto “realista y con una gran apuesta a la educación y a la innovación en ciencia y tecnología”. Resaltó: “Todos sabemos que nunca se pueden contemplar todos los reclamos, porque los recursos son escasos”, pero “claramente, la educación ha sido priorizada”, por la “transformación” que planteó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En cuanto a algunos reclamos de los partidos socios de la coalición, como los de Cabildo Abierto, que busca alivios fiscales para las pequeñas y medianas empresas, el jerarca dijo que primero escuchará los planteos “concretos”, ya que “mientras no estén las cosas en papel y se puedan analizar, no se puede hablar en el aire”.

En tanto, el diputado blanco por Florida Álvaro Rodríguez Hunter, presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja –que analizará la Rendición de Cuentas– dijo en rueda de prensa que el primer análisis que hace sobre el proyecto “es muy positivo, por el incremento presupuestal que hay para 2023, de 226 millones de dólares”, con una “premisa fundamental, que fue promesa de campaña: sin aumentar impuestos”.

Subrayó que “hay un muy buen clima” dentro de la coalición de gobierno; recordó que hubo reuniones previas por el proyecto y, por lo tanto, “en esta Rendición de Cuentas está expresada la voluntad de toda la coalición”. “Siempre hay demandas, las vamos a recibir y a tener conversación constante con el Ministerio de Economía, que el día 6 [de julio] ya va a estar compareciendo a brindarnos un panorama de lo que está expresado en la Rendición de Cuentas”, indicó.

Reestructura de AFE: potestades pasan al MTOP

En el inciso relativo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la mayor parte instaura –como había adelantado la diaria hace varios días– la reestructura de AFE. En concreto, el artículo 224 establece que se transfieran varias de las competencias de AFE a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del MTOP. Las potestades que se transfieren están establecidas en la carta orgánica del ente autónomo y son: “Construir, modificar y conservar directamente o por contrato sus líneas férreas, material rodante y obras de explotación accesorias, así como adquirir todos los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

También “suscribir, previa autorización del Poder Ejecutivo, convenios de interconexión ferroviaria internacional” y “retirar y reponer material ferroviario (vías, durmientes, etcétera) cuando lo considere conveniente, manteniendo siempre un trazado para los destinos previstos para la línea afectada”.

Ese artículo de la Rendición también establece que los puestos de trabajo del personal que se encuentre prestando funciones en la Gerencia de Comunicaciones, la Gerencia de Infraestructura y “servicios complementarios necesarios para la construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura ferroviaria, y para la gestión de operaciones” de AFE, al 31 de diciembre de 2022, pasará a esa unidad ejecutora del MTOP.

Además, el proyecto señala que la incorporación de los funcionarios “no podrá causar lesión de derecho alguno y se efectuará según las normas generales sobre redistribución de funcionarios, en lo que fueren aplicables, manteniendo los niveles retributivos que dichos funcionarios tenían en el organismo de origen”.

Por último, se sube de rango a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario dentro de MTOP, y se le asignan 12 cometidos. Entre ellos, “asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política de transporte ferroviario”, “definir los estándares aceptables para la infraestructura, incluyendo los límites de carga y velocidad en cada tramo de la vía”, “establecer los requisitos para ser operador ferroviario y habilitar a los operadores ferroviarios que cumplan con dichos requisitos”, y “regular los servicios complementarios al transporte que se brindan a los operadores ferroviarios”.

Salud, PPI y más

En el área de la salud para el ejercicio 2023 el proyecto dispone un total de 25 millones de dólares para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y un millón de dólares al Ministerio de Salud Pública (MSP). Para el ejercicio 2024 asigna 35 millones de dólares para ASSE y mantiene el mismo incremento que en el ejercicio 2023 para el MSP.

A la Atención Integral de Salud de ASSE se le asignaron 1.050 millones de pesos para el año 2023 y 420 millones adicionales para el ejercicio 2024. Los montos anuales incluyen aguinaldos, cargas legales para la financiación de cargos, extensiones horarias y complementos, y adecuaciones salariales, específicamente para dar apoyo a las áreas de CTI, bases móviles y algunos otros servicios.

Por otra parte, se le adjuntó a ASSE la potestad de transferir hasta 150 millones de pesos anuales, durante 2023 y 2024, a la Comisión de Apoyo y a la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, “para atender exclusivamente las sentencias de condena que se dicten contra estas instituciones en juicios laborales o eventuales transacciones” según el proyecto.

En cuanto a inversiones la cartera también podrá destinar un monto de hasta 8.100.000 pesos uruguayos en 2022, hasta 20 millones en 2023 y hasta diez millones para 2024 en personal para el área vinculada con proyectos específicos de apoyo técnico e implementación de sistemas informáticos.

En el MSP se asignó un incremento de 31.961.298 millones de pesos para el financiamiento de Rentas Generales, para vacantes de diversos programas, unidades ejecutoras y algunos objetos del gasto.

Por otra parte, se autoriza a la Dirección General de Fiscalización del MSP a destinar lo recaudado por multas “por incumplimiento a lo establecido en la normativa referente al rotulado de alimentos” a diversas áreas: 30% al Fondo Nacional de Recursos con el objetivo de que ese porcentaje se utilice para financiar medicamentos y tecnología de alto costo; 20% de lo recaudado a los gobiernos departamentales, y el 50% restante a Rentas Generales.

El proyecto de ley también crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, “que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública”. La agencia tendrá a su cargo el contralor asistencial y económico financiero de los prestadores integrales de salud, así como el diseño de la información requerida a los prestadores, entre otras cosas para garantizar “la sustentabilidad del sistema de salud a nivel nacional”.

Asimismo, el proyecto de Rendición de Cuentas incluye, además, algunos cambios en el mercado de los combustibles. Uno de los artículos propone la exoneración de la tasa consular a determinados combustibles líquidos derivados del petróleo: gasoil, gasolina, fueloil, queroseno y combustibles para aviones. De aprobarse, estos combustibles quedarían equiparados en materia tributaria al petróleo crudo, ya exonerado por ley de la tasa consular. Verri dijo que actualmente existe una “inconsistencia tributaria” en ese sector del mercado de combustibles y explicó que el artículo pretende “equiparar” a los derivados con el crudo. “En definitiva, es para darle consistencia tributaria a un régimen que no es correcto, porque tenés exonerado al petróleo [crudo], que es para elaborar combustibles, y no tenés exonerado al resto de los combustibles”, planteó. “No parecería tener sentido”, agregó.

Por el régimen de monopolio, el único que puede importar combustibles derivados del petróleo en el mercado uruguayo es Ancap. Pero, salvo ocasiones excepcionales, la empresa pública sólo compra en el exterior petróleo crudo para luego refinarlo en La Teja.

Verri apuntó que la exoneración de la tasa consular a este conjunto de combustibles “permitirá modificar también el precio de paridad de importación [PPI]”, cálculo teórico que elabora la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) para recomendar mes a mes ajustes en el precio de los combustibles. Si bien el subsecretario del MIEM aclaró que la quita de la tasa consular no movería la aguja dentro de la ecuación, sí habrá una alteración en el cálculo que se “construye sobre combustibles terminados”.

A pesar de que Ancap importa mayormente petróleo crudo, que ya está exonerado de la tasa consular, la Ursea tiene en cuenta para la elaboración teórica del PPI los costos que tendría la importación de combustibles ya refinados, listos para comercializarse en el surtidor.

El proyecto de Rendición de Cuentas también incluye un artículo que modifica la ley de creación de Ancap para agregarle a la empresa pública como “cometido adicional” la producción, distribución, comercialización, importación y exportación de hidrógeno verde y sus productos derivados. En el artículo se subraya que Ancap actuará “en régimen de libre competencia” en el mercado de esta nueva fuente de energía.

Hasta ahora, los cometidos de Ancap incluyen la importación y refinación de petróleo crudo y sus derivados, en régimen de monopolio; así como la fabricación, importación y exportación de alcoholes y pórtland, aunque en estos casos en competencia con privados.

Por otro lado, el artículo 431 tomó en cuenta el pedido del diputado colorado Conrado Rodríguez y reduce la contribución adicional al Fondo de Solidaridad, a partir de 2023, en 25% anual acumulativo, sobre el cargo vigente en 2022, “hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026”.