La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) emitió una resolución el 11 de junio que establece, entre otros aspectos, que los productores o empresas que aplican agroquímicos a terceros o que realizan fumigaciones en cultivos propios, con “equipos de tanque mayor o igual a 1.000 litros”, tendrán que registrar las fumigaciones en un plazo de siete días, y para el caso de las aplicaciones aéreas, en un plazo de tres.

Sin embargo, a partir de conversaciones entre el gobierno y las gremiales agropecuarias, se optó por disponer que los registros se hagan de forma “voluntaria” por el plazo de un año. Así lo explicó el sábado a la diaria Leonardo Olivera, director de la DGSA, quien manifestó que las gremiales plantearon que no era necesario disponer de la obligatoriedad de la medida. “Si dicen [las gremiales] que pueden cargar los datos de las aplicaciones sin ser obligatorio”, entonces se podría “hacer la prueba”, dijo y opinó que se trata, en definitiva, de “libertad responsable”.

Ante esta modificación, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) emitió el domingo un comunicado en el que condenó la decisión y manifestó que se “promueve un franco retroceso en la regulación del uso y manejo de agrotóxicos, con una clara flexibilización de disposiciones protectoras de la integridad física y la salud de los trabajadores”.

Asimismo, se señala que la resolución implica “un paso más en la precarización de las condiciones del trabajo rural de quienes, según la presidencia de la ARU [Asociación Rural del Uruguay], prefieren terminar su vida en un establecimiento agropecuario antes que acogerse a los beneficios jubilatorios a más temprana edad”. Este último punto del comunicado hace referencia a las declaraciones del presidente de la ARU, Guillermo Valdés, sobre la propuesta de los sindicatos de bajar la edad de jubilación para los asalariados de este rubro. En diálogo con el programa 970 Noticias, Valdés expresó en mayo que desde la ARU entienden “que obviamente el trabajo del trabajador rural a cielo abierto es una actividad que desgasta”, pero que observan “que la intención de jubilarse temprano” no está presente en la mayoría de los trabajadores.

Marcelo Amaya, dirigente de la Unatra, dijo a la diaria que la nueva resolución implica un “retroceso en los derechos de los trabajadores, justo en un momento donde empiezan a haber, de forma incipiente, algunas respuestas científicas sobre la afectación de los agroquímicos en la salud de los trabajadores”.

A su entender, el principal perjuicio que prevén es que se exponga a los trabajadores a un riesgo, al “realizar tareas que tienen que ver con el manejo y aplicación de estos productos, sin la capacitación debida”. Según dijo, en algunos rubros y territorios, por más que haya habido algún esfuerzo por parte de las gremiales y productores para que los trabajadores voluntariamente hagan las capacitaciones para el manejo de estos agroquímicos, “no es una tarea que [...] se estén pechando para hacer”. En ese sentido, señaló que “esto puede llevar a exponerlos, sin las garantías para que puedan desarrollar la tarea” ni prevención “en el manejo de sustancia”.

Amaya señaló que no descartan solicitar una reunión con las autoridades de la DGSA y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.