El senador frenteamplista Charles Carrera se refirió este martes a los hechos ocurridos en 2012, cuando un vecino de La Paloma, en Rocha, recibió un disparo proveniente de la casa de quien era el subcomisario, Marcos Martínez, que lo dejó parapléjico. Carrera, que en ese momento era director general del Ministerio del Interior (MI), autorizó que recibiera atención excepcional en el Hospital Policial y eso derivó ahora en una denuncia por abuso de funciones de parte de las nuevas autoridades ministeriales.
Carrera explicó en diálogo con Informativo Sarandí que no se le dio a la víctima, Víctor Hernández, “ningún grado de policía” para que pudiera recibir atención en el Hospital Policial, como se denunció este domingo en Santo y seña. Por el contrario, comentó que “por julio de 2013 se le iba a dar de alta del Hospital de Clínicas y había avanzado en su recuperación, pero la familia nos solicita a la dirección de Asuntos Internos que colabore en seguir la atención en salud, se buscaron diferentes opciones y se definió en aquel momento asistirlo en el Hospital Policial. ¿Eso es ilegal? No, no es ilegal, porque se puede autorizar a que un civil, de forma excepcional, reciba atención allí”.
“Eso que se dice de que se inventó un cargo no es, porque eso es un código para poder registrarlo en el sistema de sanidad policial y que esa persona reciba la atención policial, los medicamentos y prestaciones. Ese código lo que dice es oficial subayudante, pero no es ningún cargo inventado”, afirmó Carrera. El senador remarcó que Hernández nunca recibió ningún salario ni otro tipo de prestaciones por estar ingresado en el hospital con ese código y subrayó que lo que se le entregó fueron tickets alimentación para sostener la situación familiar.
Descartó que con su accionar buscara “encubrir” a los policías: “Estoy absolutamente tranquilo por lo que se hizo en aquel momento; se actuó con responsabilidad y con humanidad”. Sobre el episodio puntual recordó que “en aquel momento todo indicaba, y en mi opinión sigue indicando hoy, que existió responsabilidad del comisario Martínez, que era el comisario de La Paloma. Desde esa casa, que es en la que vive el oficial que tiene que dar seguridad al pueblo, sale un disparo que impacta a esta persona, y la responsabilidad indicaba que era de los funcionarios policiales”.
“La colaboración que se dio fue pública. Nunca se tuvo intención de encubrir a ningún funcionario policial, sino de colaborar con esta familia, asumiendo la responsabilidad de una institución en la que hay miles de funcionarios armados. Está todo documentado; en la administración central hay un sistema candado, por el que no se puede gastar un peso sin que quede un comprobante”, detalló.
Carrera fue consultado por la grabación de una reunión que tuvo lugar en 2013 en su despacho, en la que participaron la víctima, su hermano y su madre, y la directora de Asuntos Internos, Estela González.
“Vos si estás todo nervioso te vas de acá tranquilamente y no me jodas más, pero yo la llamé a tu madre para ver si les podemos dar una mano, porque a mí no me interesan los canales, no me interesa el Partido Nacional, no me interesa el Partido Colorado, no me interesa Nacho Álvarez y te vas a cagar. Porque yo llamé acá para ver si les puedo dar una mano, porque a mí me interesa lo humano, lo demás no me interesa”, expresó Carrera en esa conversación.
“En esa reunión se los convocó al MI a los efectos de pedir que bajaran el perfil, que tuvieran un comportamiento adecuado dentro del Hospital Policial”, explicó Carrera, y más adelante subrayó: “Buscaba protegerlos, porque estaban dentro de una institución policial denunciando a policías. Esa fue la forma en la que se actuó”.
“Sin lugar a dudas, mis expresiones no fueron felices en aquel momento, pero quiero dejar claro que en ese audio, luego de varias llamadas y de presiones, esas personas me estaban chantajeando; fue la forma en que le contesté en ese momento. Nunca pensé que me estaban haciendo una grabación ilegal. Hablé en confianza y estaba enojado y presionado, esa es la verdad”, apuntó el senador.
Consultado sobre por qué intervenir con asistencia extraordinaria en este caso y no en otras situaciones de víctimas de malas prácticas policiales, Carrera aseguró que fue porque Serpaj y Ielsur, dos instituciones que abogan por los derechos humanos, trasladaron a las autoridades del ministerio la preocupación y el pedido de ayuda.
“Cualquier autoridad que quiera disponer que un civil pueda atenderse en el Hospital Policial puede hacerlo; es una forma excepcional, pero lo puede hacer. Ojalá que pudiéramos atender todas las situaciones contrarias a la ley, lamentablemente muchas veces los plazos administrativos y judiciales no son los que acompañan las situaciones de las familias. Esta persona quedó con un grado de discapacidad muy importante que lo limitó para el resto de su vida. Acá nos involucramos las autoridades porque dos prestigiosas instituciones de nuestro país lo solicitaron”, sostuvo.
Por otra parte, Carrera sostuvo que en caso de que la denuncia por abuso de funciones que interpuso el MI avance, deberá “analizar” si renuncia a sus fueros como senador. Al respecto, apuntó: “Esto es una causa que en mi opinión es inventada. Hace cinco años que soy senador, es una causa armada. Creo que es una persecución política del ministro [Luis Alberto] Heber por las denuncias que estoy realizando tanto en [lo relacionado con] el puerto como el control que hago de la gestión. Tendríamos que estar hablando de que en las últimas 30 horas hubo siete homicidios, pero estamos hablando de Charles Carrera”.