El proyecto de ley de “Juegos de casino online”, que habilita y regula la explotación de las apuestas por internet por parte de la Dirección General de Casinos y también de los privados autorizados para esta actividad de forma presencial, sufrió una mutación durante el trámite legislativo. Fue enviado en noviembre del año pasado por el Poder Ejecutivo y constaba de dos artículos, y se aprobó el martes en el Senado con diez artículos, logrando el consenso de todos los partidos políticos. El Frente Amplio (FA) dio sus votos tras una negociación para sumar aspectos a la regulación, y cambió la postura inicial negativa.

Sin embargo, el acuerdo interpartidario podría romperse en Diputados, ya que el cabildante Sebastián Cal se posicionó desde el inicio del debate en contra de la iniciativa. Ahora dijo a la diaria que tiene “apoyos” para buscar una regulación más abarcativa del juego: que la Dirección General de Casinos “deje de ser juez y parte”, creando “un regulador externo específico para juegos de azar tanto físicos como online”; “dejar de proteger algunas chacras como las apuestas deportivas y el negocio de La Banca”; y buscar una forma de regularizar las máquinas tragamonedas que funcionan en los comercios.

Tampoco hay conformidad por parte de la Federación Nacional del Juego, que agrupa a los funcionarios públicos y privados que trabajan en el sector. El dirigente Raúl Ferrando expresó en diálogo con la diaria que la regulación definida por el Parlamento es favorable a los intereses empresariales, tiene “muchos vacíos legales”, no establece el cobro de un canon para habilitar a los casinos a brindar juegos online, y podría poner en riesgo parte de los 5.000 empleos vinculados al azar. Esto último porque al moverse el negocio hacia la virtualidad, los trabajos asociados tenderán a ser menos, ya que “si el cliente no va a la sala no habrá gente en tareas de atención, promoción o gastronomía”. 

La ilegalidad “superada por la realidad”

El senador blanco Jorge Gandini recordó en la sesión del Senado del martes que Uruguay tiene una larga tradición de regulación del juego. Desde 1882 está vigente una ley que prohíbe las apuestas, salvo casos específicos en que por ley se habilite el juego, con la explotación del Estado o la autorización a terceros privados. Así, hoy en día conviven unos 30 casinos y salas de juegos en todo el país, en su mayoría de gestión pública, en algunos casos en asociación con privados como Hípica Rioplatense, además de concesiones específicas como la del Enjoy en Punta del Este o el casino Carrasco.

A su vez, un artículo de la Rendición de Cuentas de 2017 estableció la ilegalidad de cualquier tipo de apuesta por internet. “Esa ilegalidad está siendo superada por la realidad, y entonces algo había que hacer”, dijo Gandini, en alusión a que las apuestas online se dan en los hechos, ya que cualquier usuario desde Uruguay puede acceder a una plataforma internacional y jugar su dinero. Si bien la Dirección de Casinos suele pedir la baja de los sitios, es un impedimento fácilmente eludible por las plataformas y los jugadores.

El senador blanco detalló que la solución a esto es “un proyecto que establece en términos generales que quienes ya prestan apuestas en casino presenciales pueden ser autorizados para desarrollar lo mismo en la modalidad de juego online”. Es decir, lo aprobado replica el esquema del juego físico para las nuevas tecnologías, dejando en manos de la Dirección de Casinos el control y entrega de habilitaciones, pudiendo explotar el juego online de forma directa o habilitando a los casinos ya instalados. 

Sobre este último punto se generó un debate durante los meses de tratamiento legislativo, porque el texto inicial dejaba abierta la puerta a habilitar el juego online a emprendimientos aún no instalados, como podía ser el caso del empresario Giuseppe Cipriani –que con varias idas y vueltas proyecta construir tres torres en el exhotel San Rafael en Punta del Este–, dedicado al rubro de las apuestas por internet. Gandini aclaró que con la nueva redacción nadie “podrá empezar a brindar juego online hasta que no se verifique la inversión y se inicie la actividad presencial”.

Otro punto que destacó el legislador blanco fue el artículo 5, que obliga a la Dirección General de Casinos a “llevar un registro nacional de usuarios del juego online, protegiendo los datos personales” pero pudiendo relevar la actividad de cada persona. A su vez, se establecen sanciones para las empresas del sector por incumplimientos, y esa recaudación, más un 5% de las utilidades brutas por el negocio que logre el Estado, irán “a un fondo para la atención, prevención y tratamiento” de la ludopatía.

En este punto puso el foco el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, quien reconoció al hablar en la sesión del martes que tenía reparos cuando la iniciativa llegó al Parlamento, pero en el trabajo legislativo se mejoró el texto. “Prima el principio de realidad, existe un mercado [de apuestas online] y la manera de mantener las tradiciones es regular para que sea propiedad del Estado, dando un marco de restricciones. Regulamos el juego online y quienes no cumplan con los criterios [definidos en el proyecto] seguirán estando prohibidos, ya que es potestad del Estado bloquear los sitios irregulares”, expresó.

Sánchez consideró “relevante” que sólo se permita brindar juego online a los casinos ya instalados, y que crezca el dinero destinado a la prevención de la ludopatía. Sobre lo último, repasó que la Dirección General de Casinos tiene un convenio con la Facultad de Medicina para una clínica de atención, pero hoy cuenta “con escasos recursos”.

De todas formas, el senador dijo que el FA hubiera querido incluir en el acuerdo a nivel del Senado restricciones para la publicidad del juego online e impedir que las empresas puedan regalar bonos con un monto gratis para apostar, como forma de captar clientes. Se buscará que estos objetivos sean “incorporados” durante el paso por Diputados, concluyó. 

Un proyecto más “general” y el “agujero” de Cipriani

De cara al tratamiento en Diputados y en función de sus propuestas para cambiar el proyecto, Cal indicó: “Planteo cosas que van más allá del juego online, pero en esta legislatura no habrá tiempo de trabajar otro proyecto sobre el tema. Entonces, seamos serios y busquemos aprobar un proyecto general, que sí habilite el juego online pero siendo muy estrictos en los controles, por los problemas que hay con la ludopatía”.

Este punto también preocupa a los trabajadores, que entienden que las empresas de juego online, por las características del negocio, pueden apuntar a los usuarios más jóvenes, así como proyectar desde Uruguay –“un país respetado y que da un reconocimiento de legalidad” hacia el exterior, dijo Ferrando– una expansión en la región o en las formas de apuesta, por ejemplo, avanzando en lo local hacia las apuestas deportivas. Estas actualmente están prohibidas con excepción de Supermatch, un negocio que según dijo Cal trae beneficios solo para La Banca, una entidad privada “que tiene el monopolio y a diferencia de los casinos no paga ningún canon”.

Respecto del interés de Cipriani por el juego online y su vinculación con el proyecto de las torres en Punta del Este, Cal –diputado por Maldonado– sostuvo que “se podría establecer algún mecanismo específico para que [el empresario italiano] haga algo en el agujero que quedó hoy” en el exhotel San Rafael. Planteó como opción darle la habilitación para el juego online pero “que si no existe un avance inmediato de la obra se le cancele la licencia”.

Días atrás, distintos medios informaron que Cipriani, ante la aprobación del proyecto de juego online que deja fuera una posible habilitación previa a la construcción, iba a retirarse del negocio. Sin embargo, tras reunirse su abogado con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, la comuna confirmó que el proyecto sigue en pie, sin especificar en qué plazos.

“Cipriani está peleando por el juego online sin haber aún instalado nada en Uruguay”, cuestionó Ferrando. Como corolario del tema, subrayó que “los trabajadores seguiremos peleando por lograr una buena regulación del juego online, con conciencia de que puede haber pérdida de puestos de trabajo”.