32 organizaciones sociales presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra la actuación de la comisión especial bicameral conformada para evaluar a los candidatos al consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Según explicó a la diaria el abogado Juan Ceretta, que representa a las organizaciones, entienden “que la comisión especial ha incumplido con distintos artículos de la ley de la INDDHH, entre ellos el 39, que a nuestra interpretación sólo permite que los candidatos sean propuestos por las organizaciones sociales y no por el sistema político; entendemos que violentan el espíritu de la institución, los Principios de París y una serie de recomendaciones internacionales que rigen para los ombudsman”.
“También entendemos que la comisión no ha cumplido con el debido control del artículo 45 y 46 de la ley, y que ha incluido en la lista candidatos que no reúnen las características o condiciones que requiere la ley, que pueden ser personas muy honorables pero no cumplen con los requisitos. Por lo tanto es un acto administrativo que está viciado de nulidad, que por el artículo 40 de la ley no se puede recurrir ante la propia comisión y ante la Asamblea General, por lo que nos queda simplemente intentar la acción de nulidad ante el tribunal”, agregó Ceretta.
En esta línea puntualizó: “Este es un organismo que tiene que estar integrado por expertos: no son muchos los expertos que aparecen en la lista; y además tiene que ser un organismo fundado en la autonomía e independencia del poder político: entonces, si partimos de la base de que hay candidatos propuestos o repartidos con criterios político-partidarios, se cuestiona seriamente la autonomía y la independencia de la institución”.
Según explicó Ceretta, este proceso puede demorar mucho tiempo, sin perjuicio de lo cual “se puede pedir la suspensión condicional del acto; habrá que ver si el Tribunal acepta eso o no”. Además, opinó que “sería sano que el sistema político reflexionara sobre esto y evitara que se terminen designando miembros cuya legitimidad está puesta en duda y que mañana incluso puedan caer si el Tribunal anula el acto que elevó esa propuesta”.
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Por su parte, Elena Zaffaroni, representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones que impulsa el pedido de nulidad, dijo a la diaria que “preocupa la partidización de la elección, el que no se cumpla los criterios que marca la ley”. Dijo que el hecho de que los parlamentarios presenten candidatos va en contra de “la independencia de la institución, y tampoco cumplieron con otro punto que no habla de la parte subjetiva de los candidatos, sino de que realmente tengan una trayectoria en el sentido de la ley, en la defensa férrea contra malas prácticas del Estado”.
La representante de Madres y Familiares agregó que los miembros de la INDDHH tienen que ser “personas creíbles, confiables para la sociedad; ese es el punto de que las organizaciones sociales respalden a personas, la idea es que sean personas con trayectoria que nos den seguridad. Hemos planteado candidatos que siguen manteniendo el respeto de la sociedad, si no, sus juicios y recomendaciones no tienen valor”.
Además, subrayó que “la INDDHH tiene muchísimo material sensible, porque recibe las denuncias que no han llegado a las seccionales policiales, de la gente que no logra llegar a la Justicia, a toda esa vulnerabilidad se refiere”.
Consultados sobre el argumento que esgrime la oposición con respecto a que la repartición de cargos ya se ha aplicado antes, Ceretta se limitó a opinar: “Si se utilizó la vez pasada estuvo mal”, y Zaffaroni apuntó: “Las malas prácticas son parte de las prácticas del Estado, y es cierto que en etapas anteriores hubo parlamentarios que propusieron candidatos; nosotros en aquel momento también lo discutimos y se lo planteamos a los parlamentarios que entrevistamos”.
En defensa de la autonomía e independencia
Afueras del Palacio Legislativo, minutos antes de que empezara a sesionar la Asamblea General que tiene como único punto en el orden del día la elección de los cinco miembros del consejo directivo de la INDDHH, las organizaciones leyeron una proclama. Además de informar sobre la acción de nulidad, insistieron en el riesgo que corre la institución.
En la proclama que leyó Zaffaroni se afirma que una de las “fortalezas de la institución” es su “autonomía e independencia del gobierno de turno y de los partidos políticos. Autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales”.
Agregan que “la institución hace tiempo viene recibiendo fuertes ataques, en particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos. Se dijo que no se precisa una INDDHH, como se dijo que había que cambiar la ley porque se metía en temas que no le correspondía, y se insistió con definir la elección del nuevo consejo directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición -con lujo de detalles, señalando incluso como sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno-”.
En esta línea subrayan: “La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la INDDHH es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial”.
Las organizaciones sociales estiman que “el Parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso. Designar ahora un consejo directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no les hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la INDDHH, cuya autoridad reposa no sólo en la ley sino en la incuestionabilidad de sus autoridades”.
Además, advierten: “No queremos ni pensar qué pasará con cada observación y resolución que tome la INDDHH si después el Tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo”.