El lunes la comisión bicameral especial que estudia la elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) decidió, sólo con los votos del oficialismo, pasar a consideración de la Asamblea General toda la lista de postulantes que fueron entrevistados, excepto dos personas. Ambas fueron quitadas por no cumplir con alguno de los requisitos formales que establece la ley de creación de la INDDHH (18.446, de 2008). Por lo tanto, de los 27 entrevistados, quedaron 25.

Según supo la diaria por integrantes de la comisión, el primer excluido fue Santiago Mirande, abogado ambientalista especializado en transgénicos y agroquímicos, que había sido presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutta), ya que no cumplía con el literal D del artículo 45, que establece como requisito “estar en el pleno goce de los derechos cívicos”. La Corte Electoral envió información de todos los postulantes y Mirande no aparece en el padrón electoral.

La otra persona que se excluyó es el abogado Federico Álvarez Petraglia, que fue presentado por diversas organizaciones sociales, ya que hasta noviembre de 2020 tuvo un vínculo contractual con la Intendencia de Paysandú, y el literal E del artículo 45 establece como requisito: “No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación”. La incompatibilidad de este último postulante surgió en la noche de este lunes, cuando la comisión ya había enviado la nómina, por lo tanto, según señalaron a la diaria desde ese cuerpo, su exclusión se formalizará el lunes a las 9.00, antes de que la Asamblea General trate la elección de los directores.

Luego de la sesión de este lunes, el diputado nacionalista Mario Colman, presidente de la comisión, señaló en una rueda de prensa que el lunes la Asamblea General votará a los cinco miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, para lo que se precisa mayoría de dos tercios.

Colman recordó que las dos veces anteriores en las que se eligió a los directivos de esa institución, en 2012 y 2017, a la Asamblea General se remitió el total de postulantes que cumplieron con los requisitos, pero esta vez el Frente Amplio (FA) planteó “no acompañar la totalidad de las nominaciones”. Eso se puso a consideración, pero la comisión decidió -por mayoría del oficialismo- que se envíe la nómina completa de 25 aspirantes.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el FA quería hacer “una calificación” de los postulantes, pero a su juicio eso “podría entrar en cuestionamientos subjetivos y no daba garantías a todos los que se postularon y luego fueron entrevistados”.

“No se puede tener gente que avala el accionar de la dictadura”

Este lunes la senadora del FA Silvia Nane, vicepresidenta de la comisión, escribió en su cuenta de Twitter que ese ámbito legislativo “tiene problemas serios”, ya que avala candidaturas de personas “que cuestionan las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de las que Uruguay es parte, defienden terroristas de Estado y quieren hacer de la INDDHH un club político”.

En diálogo con la diaria, Nane subrayó que “lo que corresponde hacer de acuerdo a la ley es revisar exhaustivamente si los postulantes cumplen con los requisitos”. Por eso hizo una planilla en la que consideró “varios elementos” que le parecían “adecuados”, como “la experiencia en derechos humanos y en defensoría del pueblo”, además de “la formación académica en ambas cosas” y también “si habían tenido trabajos de investigación” en estas áreas, entre otros puntos. “Para cada una de esas cosas establecí un criterio y puntuaciones. A mí me quedaban un montón afuera, definitivamente, en una evaluación en la que pretendí ser objetivísima”, indicó.

Si bien prefirió no dar nombres, porque así lo acordaron en la comisión, subrayó que son “bastante evidentes”, porque hay entre los postulantes “personas que piensan y se han expresado públicamente de una forma completamente antagónica a los principios de la institución”, que deberían “quedar afuera por una definición simple”.

“Si miro las últimas declaraciones de los senadores de Cabildo Abierto [que cuestionaron el procesamiento del militar retirado Juan Rebollo por el asesinato de las “Muchachas de abril”], cualquier persona que comulgue con esas ideas, de que la Justicia es vengativa o que niegue sistemáticamente las decisiones de la Justicia, lo cual es negar el Estado de derecho, para mí queda inhabilitada no solamente para postular a un candidato, sino también el candidato que presentó, porque supongo que comulgará con esas ideas”, sostuvo Nane. El senador cabildante Guillermo Domenech propuso para la INDDHH al abogado Bernando Legnani.

Nane subrayó que en una institución “independiente y categoría A no se puede tener gente que avala el accionar de una dictadura militar y las consecuencias del terrorismo de Estado”. “Es complejo trabajar así, tener una aproximación seria a la evaluación de esos currículums y tratar de ponerlos en la misma igualdad de evaluación de personas de probada trayectoria en materia de derechos humanos”, indicó.

Por último, en cuanto a que las dos veces anteriores se terminó enviando la nómina completa de entrevistados a la Asamblea General, la senadora aclaró que “uno respeta las tradiciones en tanto no se enfrenten a los valores democráticos”.