“Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”. Esa es una de las tantas promesas que están escritas en el “Compromiso por el País”, carta magna de la coalición multicolor que suscribió en 2019, previo al balotaje que ganara Luis Lacalle Pou ante el frenteamplista Daniel Martínez. Sin embargo, desde la oposición consideran que por el momento esto no se ha cumplido.

En el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, la Jutep envió un solo artículo en el que busca crear cuatro nuevos cargos, tres de abogado y uno de contador, de los cuales actualmente no tiene ninguno. Según consta en la versión taquigráfica cuando asistieron a comisión el mes pasado a justificar el pedido, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, sostuvo que trabajan en la “reorganización” de la institución. En la pasada Rendición de Cuentas pidieron 500.000 pesos para atraer a funcionarios de otros organismos mediante el sistema de pase en comisión, pero “no se pudo hacer mucho”. Se estima que hay una caída de 16,6 % en la ejecución del gasto de 2019 a 2021, y en la asignación presupuestal, algo que preocupa a las autoridades.

Para la representante por el Frente Amplio (FA) en el organismo, Ana Ferraris, el pedido se trata de un “parche para un herido muy grave”. Esto, según la jerarca, se debe a que la Jutep “ha sufrido un deterioro, sobre todo en los dos últimos años”, algo que consideró “terrible”. Indicó que desde que asumió el gobierno ya han perdido cinco funcionarios: dos de ellos se jubilaron, mientras que otros se fueron con pase en comisión para otros organismos y el restante funcionario volvió a su lugar de trabajo de origen. “En conclusión, ya era un panorama complejo, pero la crisis [para el organismo] en estos dos últimos años fue terrible”, insistió, en conversación con la diaria.

La carencia de personal administrativo en la Jutep parecería ser alarmante tanto en términos estructurales como en su propia estructura organizativa: “La organización del capital humano es terrible”, indicó Ferraris, y apuntó que basta pensar que en el área de declaraciones juradas hay sólo dos funcionarias, por eso el “retraso” que hay en analizarlas y luego publicarlas.

En la Jutep actualmente hay diez funcionarios; cuando asumió el actual gobierno eran 15. Ferraris señaló que “es una cosa tremenda” porque genera problemas “realmente serios”. “Capacidad técnica no tenemos; tampoco ningún contador. Está realmente muy difícil”, agregó, y calificó a la Jutep como un “organismo debilitado” que se traduce en retrasos en asuntos “importantes” para tratar.

Pese a las carencias, la frenteamplista dijo que los funcionarios “ponen lo mejor de sí”, pero que igual no alcanza porque “no hay una estructura formada”, y tampoco evaluaciones o concursos que los estimulen para ascender de cargo. Grosso modo, expuso que le parece “increíble” que el organismo no cuente con un contador, sabiendo que hay que analizar patrimonios y estados financieros. “Por suerte” en la discusión parlamentaria esto se planteó.

Signorino, en tanto, señaló ante los parlamentarios que se necesitan profesionales que pertenezcan al organismo. En ese sentido, expuso que quieren incorporar a abogadas que ya trabajan en el organismo, siempre y cuando las instituciones a las que pertenecen, dado que están en pase a comisión, den el visto bueno. “Es una lástima porque se pierde la experiencia que ya tienen ambas, una de casi cinco años y otra de casi tres años. Es una tarea muy específica la que tenemos, pero ellas se diversifican y atienden la parte internacional, las denuncias, los asesoramientos, las declaraciones juradas, la transparencia activa y pasiva”, expresó. Signorino fue consultada para esta nota pero se encuentra de licencia.

Por su parte, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep, consideró que la corrupción en el país es un “problema serio”, por lo que la Jutep debería ser una “herramienta importante” en ese sentido. “A mí me preocupa que no se percibe, por lo menos desde afuera, cuáles son los resultados de la actuación. En estos temas, como en lavado, lo que hay son resultados, y tenés que mostrarlos. Yo creo que acá hay una serie de aspectos que por lo menos no se ven; no digo que no existan, pero por lo menos no se ven, y eso me preocupa porque, además, creo que la cuotificación partidaria que se hizo en la Jutep fue un retroceso muy grave y es probable que eso se vea en los resultados, justamente, en las consecuencias”, expresó a la diaria.

Un ejemplo concreto fue cuando Jorge Castro, exdirector de la Jutep por el FA, puso su cargo a disposición por haber aprobado la resolución sobre los gastos en la construcción del Antel Arena, que se sumó a un proceso penal que iniciaron las autoridades de la empresa de telecomunicaciones. “Eso me parece que le cambia totalmente el carácter a la Jutep”, opinó Gil Iribarne.

Gil Iribarne: “Nos debemos preguntar qué quiere hacer el sistema político con la Jutep”

Según adelantó a la diaria el senador suplente Eduardo Brenta, la bancada del FA analizará hoy de qué manera presentar una modificación a la ley cristal de 1998, para que quien no presente la declaración jurada en tiempo y forma sea sancionado y, asimismo, no pueda ser candidato en el próximo período legislativo. Esto se da luego de que el senador nacionalista Juan Sartori sólo haya puesto en su declaración jurada su salario como legislador y no el de otras actividades lucrativas que realiza, por ejemplo, su rol en clubes deportivos del extranjero. Además, se suma el no haber presentado información sobre los bienes e ingresos de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev.

Brenta indicó que esperan que desde el oficialismo se le dé trámite al cambio, puesto que la coalición multicolor tiene mayorías parlamentarias. Asimismo, la Vertiente Artiguista presentó un proyecto de ley en mayo, que aún está a estudio, que busca que la Jutep goce de autonomía y, además, que se solicite el levantamiento del secreto bancario con intervención judicial, entre otros puntos. En 2015 se creó el organismo como un servicio descentralizado que depende del Ministerio de Educación y Cultura. En ese sentido, indicaron que debería tener un rol más parecido al de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que depende del Parlamento.

Para Gil Iribarne, la Jutep hoy tiene un “grado importante” de autonomía. Empero, hay un “tema previo” en el que se debe hacer hincapié a la hora de repensar el organismo: “Nos debemos preguntar qué quiere hacer el sistema político con la Jutep o qué sistema anticorrupción quiere tener, porque si vos no sabés para qué, que esté acá o que esté allá a mí no me cambia mucho”, planteó el expresidente del organismo.

A su vez, sostuvo que si la Jutep tiene “un poco más o un poco menos de presupuesto tampoco cambia”, porque el asunto es “para qué existe”. “Lo mantengo: el sistema político no muestra mayor interés en que exista un órgano fuerte de control en el tema de corrupción”, apuntó.

En tanto, Ferraris coincidió con Gil Iribarne y consideró que en “algún momento” el sistema político debería “realmente” discutir qué sistema de contralor en materia de ética en el ejercicio de la función pública se quiere, “porque es increíble que se esté llegando a estos extremos”.