En la tarde del martes, en la Cámara de Representantes, la diputada del Frente Amplio Micaela Melgar se refirió al espionaje en democracia. La exposición surgió a raíz de que el 20 de julio la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, concluyó que es “contundente la evidencia obtenida en cuanto a que efectivamente se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, recordó la diputada.

Subrayó que también quedó claro que el objetivo del denominado “espionaje” fueron los partidos políticos, sus líderes y partidarios, “de distintos sectores”, además de “movimientos populares, sindicatos, organizaciones sociales y, en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado”. Melgar recordó que los delitos denunciados prescribieron y que, por lo tanto, se archivó la denuncia presentada por legisladores en 2018, luego del trabajo de una comisión investigadora parlamentaria sobre el espionaje.

Melgar consignó todos los delitos que se cometieron, según la Fiscalía: abuso de funciones, omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación del secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.

La diputada subrayó que de las pruebas recogidas surge claramente que “no se trata de acciones individuales sino de un accionar planificado y sistemático por parte de los servicios de inteligencia del Estado”. Además, recordó que la Fiscalía concluyó que quedó claro que existió “debilidad” en los controles institucionales y democráticos por parte de los ministerios y del Estado en su conjunto.

En definitiva, señaló Melgar, en el archivo que motivó la investigación había “lógicas de persecución con base ideológica, y de criminalización de expresiones democráticas y sustantivas del pueblo uruguayo, como son los partidos políticos y los sindicatos”. “El archivo demostró que no sólo se recogían toneladas de información sino que se actuaba directamente para influir en la realidad concreta, con acciones de contrainteligencia”, subrayó. Melgar señaló que “la impunidad que se protegía con estas prácticas se basa en una lógica del control y de la persecución política de la izquierda, con las mismas bases que lo hizo el terrorismo de Estado, pero operando desde la protección de las instituciones en democracia”.

Así las cosas, la diputada expresó la necesidad de que la Cámara de Diputados, como denunciante de estos hechos, solicite “para su acervo” el expediente completo, en el que “se recogen los testimonios de algunos protagonistas de estos lamentables hechos y también de sus negadores”. A su vez, pidió el acceso a las 65 cajas del denominado archivo Castiglioni, incautado en 2015, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Fernando Miranda, porque “la impunidad no se puede perpetuar”.

En tanto, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust señaló en el Plenario que “a la democracia uruguaya le vendría muy bien” que el archivo Castiglioni “fuera público”. “Todavía no me queda muy claro por qué parte de ese archivo es reservado. Porque el fiscal, que actuó ajustado a derecho, rápidamente desechó cualquier acción por el instituto de la prescripción, que lo aplica bien. Entonces, como el archivo Castiglioni guarda información hasta 2015, involucra a todos los gobiernos, y yo no tengo por qué quedarme con que esos archivos involucran información de la dictadura: también tienen de la democracia y de todos los gobiernos”, analizó.

Por lo tanto, según Lust, “es una mancha para la democracia uruguaya que esos documentos tengan el carácter de reservado”, porque “de pronto nos permitiría conocer acciones de inteligencia ordenadas por todos los gobiernos de la democracia”.