El Frente Amplio (FA) analiza qué acción legislativa llevar a cabo para conocer más detalles sobre el caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la seguridad de Luis Lacalle Pou, que fue imputado este martes. El principal problema para la oposición radica en que no es posible convocar al Palacio Legislativo a las autoridades de Presidencia, a las que sólo se les pueden cursar invitaciones, que podrían rechazar. Sin embargo, la coalición de izquierda también identifica posibles responsabilidades en el Ministerio del Interior (MI), y algunos dirigentes estudian la posibilidad de pedirles explicaciones a los jerarcas.

“Nos parece de una gravedad extrema”, dijo a la diaria el senador frenteamplista Charles Carrera, dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP). “Resulta increíble no sólo su participación en esta red criminal, sino que utilizara las instalaciones de la propia Torre Ejecutiva” para cometer los delitos, agregó.

“Me animo a afirmar que implica un verdadero desprestigio para nuestro país”, señaló Carrera, quien consideró que “peligra nuestra imagen internacional porque esta noticia recorre el mundo y se conoce que esta asociación para delinquir podría haber falsificado cientos de pasaportes uruguayos para beneficiar a ciudadanos rusos que evidentemente no cumplían los estándares mínimos para tener dicho documento de viaje”.

“Este tema debemos seguirlo porque todavía existen aspectos que no resultan claros”, manifestó Carrera, aunque informó que todavía no se definieron “los pasos a seguir” en el ámbito parlamentario.

Por el mismo camino fue el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio: “Parece que no cuidan la imagen presidencial. Es bastante increíble que desde la Torre Ejecutiva se haya montado una organización delictiva con derivaciones y consecuencias internacionales y que no se haya informado al presidente de las características del personaje que supuestamente lo estaba cuidando”, expresó, en referencia a que Lacalle Pou declaró desconocer que Astesiano tenía antecedentes penales, aunque sí anotaciones.

En diálogo con la diaria, Rubio señaló que “hay un mecanismo que falló y no en relación con cualquier persona”, por lo que llamó a profundizar en el tema “y ver las implicancias políticas”. A título personal, consideró que se debe pedir explicaciones al MI, ya que “tenía todos los elementos para advertir al presidente”. “O bien el ministerio no advirtió al presidente de la información que se tenía sobre este personaje, lo cual sería realmente muy preocupante, o el presidente hizo caso omiso de esos antecedentes”, evaluó.

En una rueda de prensa, Alejandro Sánchez, del MPP, también consideró el asunto “un escándalo internacional”, y a esto agregó que “la custodia presidencial en Uruguay es controlada por el prosecretario” de Presidencia, Rodrigo Ferrés. En este contexto, el senador apuntó que “hay una responsabilidad política del gobierno” y “tiene que darle explicaciones al Parlamento”, aunque se verá “cuál es la forma”, porque “la Presidencia de la República escapa al control parlamentario”.

La situación no sólo preocupa al FA. El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech declaró en una rueda de prensa que fue “una enorme sorpresa” la detención de Astesiano y, a su entender, “hubo una apreciación equivocada de los antecedentes de esta persona”. “Estas malas noticias nos desacreditan como país”, dijo, y agregó que, a partir de ahora, el gobierno deberá prestar atención a la valoración que se tenga de la documentación uruguaya en el exterior, porque “el prestigio de nuestros pasaportes ha quedado herido”.

Consultado sobre si acompañaría una solicitud del FA para que las autoridades comparezcan ante el Parlamento, Domenech respondió que “seguramente” sea así. “Todo lo que contribuya a aclarar la situación y nos permita sacar conclusiones para superar el problema, bienvenido será”, finalizó.