La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) ingresó un proyecto de ley para “garantizar el acceso diario a una alimentación adecuada y saludable para los niños, niñas y adolescentes” que asisten a los diversos niveles de la educación pública, lo que supone ampliar las instituciones que brindan comida y asegurar que el sistema funcione todos los días del año y no sólo cuando haya clases.
El promotor de este proyecto, el senador del Partido Comunista Óscar Andrade, dijo a la diaria que la iniciativa viene a cambiar la “lógica” existente de que “casi la mitad de los días” no se brinda alimentación en las escuelas, pero, además, la propuesta implica extender el beneficio a liceales y estudiantes de UTU.
El texto propone garantizar la alimentación a quienes “asisten a modalidades educativas de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, de la Dirección General de Educación Secundaria, de la Dirección General de Educación Técnico Profesional y de los centros CAIF, Centros de Atención en Primera Infancia, Clubes de Niños y Centros Juveniles del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)” y “a la población beneficiaria de Becas de Inclusión Socioeducativa atendida en centros educativos privados”.
Además, indica que “la Administración Nacional de Educación Pública y el INAU, en coordinación con el Instituto Nacional de Alimentación [del Ministerio de Desarrollo Social], serán los responsables de garantizar el acceso a la alimentación los 365 días del año, ya sea a través de los comedores escolares, la entrega de viandas, canastas de alimentación, becas en cantinas o entrega de tickets de alimentación”.
En su exposición de motivos, el proyecto indica que los datos oficiales de pobreza -con base en la publicación más reciente, que corresponde al segundo semestre de 2021- “marcan una situación muy compleja para los hogares con niños, niñas y adolescentes”, ya que “alcanzó al 21% de los niños y niñas menores de 6 años, 20,3% para los de 6 a 12 años y entre los adolescentes de 13 a 17 años fue de 18,9%”, lo que implica que “uno de cada cinco” se encontraba por debajo de la línea de pobreza. En paralelo, “Uruguay es un país productor de alimentos”, que hoy lo hace “para 30 millones de personas y tiene capacidad de hacerlo para 20 millones más”.
Andrade manifestó que para la aprobación de este proyecto es necesario un amplio diálogo, no sólo interpartidario, sino “con los maestros” y “con los padres”, con el objetivo de que se piense como “una política de Estado”. Aunque afirmó que “es evidente que la problemática es mucho más compleja”, porque “los problemas que tiene la infancia no son solamente” la inseguridad alimentaria sino que también se suma “la violencia” o “la situación de precariedad de la vivienda”, “el de la alimentación es al que tendríamos que darle más rápida respuesta”, porque ya hay “una capacidad instalada” en los centros educativos para abordarlo. Además, aseguró que “si tenés carencias alimenticias”, disminuyen las posibilidades “de generar condiciones de un desarrollo mínimamente integral”.
El senador manifestó que, de ser necesario, el plan podría implementarse gradualmente y comenzar, por ejemplo, con asegurar que los centros de primera infancia, “donde se juega buena parte del partido”, brinden alimentación todos los días del año, para luego extenderlo al resto de las instituciones. Asimismo, indicó que si el proyecto se aplicara en su totalidad, para solventarlo, se necesitarían entre 70 y 80 millones de dólares anuales. “Difícilmente encontremos plata mejor gastada que esta”, apuntó.
Andrade opinó que el sistema político puede “pelearse por qué pasa con las empresas públicas, con el derecho de huelga, con el paradigma sobre la seguridad, si es más punitivista o menos punitivista, pero estaría bueno que no nos peleemos por que el Uruguay le garantice la alimentación a los niños, niñas y adolescentes”, ya que “con hambre no se puede pensar”.
El proyecto presentado en el Senado, según Andrade, puede vincularse con uno que ingresó a la Cámara de Representantes en 2021 y que fue impulsado por la diputada Cristina Lustemberg, del sector PAR, titulado “Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”, que propone crear una estrategia con el objetivo de “transversalizar” y dotar de una mirada integradora las distintas políticas que alcanzan a esta población en materia de salud, educación y protección social, entre otros.
Más allá de este “cambio de diseño institucional”, para el senador comunista, “hay un elemento que nos interpela de manera más dura” y es el de la alimentación, problema que podría atenderse más rápidamente.