El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revocó nuevamente una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) para investigar el contrato entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la concesión de la terminal de contenedores del puerto. La primera revocación de la cartera había sido adoptada en enero, luego de que el organismo -que está bajo su órbita pero tiene independencia técnica- aceptara avanzar en una investigación sobre el asunto, a partir de una denuncia de Montecon.

Sin embargo, en enero y tras el freno del MEF la comisión resolvió seguir adelante con la decisión de iniciar una investigación bajo el argumento de que la normativa sobre defensa de la competencia “favorece la recepción de denuncias”; que es el órgano competente para “procesar” lo denunciado por Montecon; que “el hecho de que la actividad portuaria esté regulada” por la Administración Nacional de Puertos (ANP) no es un impedimento para iniciar la investigación; que “las prácticas denunciadas se enmarcan en la normativa de defensa de la competencia”, y que “la denuncia cumple con todos los requisitos formales”.

En la nueva resolución, fechada el 2 de setiembre y firmada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el MEF revocó nuevamente la decisión de la comisión de avanzar en la indagatoria por entender que no es su competencia valorar el asunto, ya que la actividad en cuestión está regulada por la Ley de Puertos de 1992, que establece, entre otros asuntos, que “quien determina la política portuaria es el Poder Ejecutivo, dado que la actividad portuaria es una actividad de interés general que está relacionada al desarrollo del país”.

Montecon, empresa que opera en los muelles públicos, denunció en setiembre del año pasado ante la Comisión de Defensa de la Competencia que el acuerdo que suscribió el gobierno con la empresa belga, que extiende la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, consagró un monopolio portuario. Por este motivo, Montecon consideró que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANP y Katoen Natie incurrieron en prácticas anticompetitivas. Por su parte, Katoen Natie solicitó al MEF la revocación del acto administrativo por el cual la comisión inició el proceso de investigación.

La comisión no es competente en este asunto

En la reciente resolución del MEF se establece que la Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio (18.159) prevé que el objeto de la normativa “es el fomento del bienestar de los actuales y futuros consumidores y uruguayos a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados”.

La cartera enumera las potestades que le otorga la Ley 18.159 a la comisión y sostiene que en su artículo 2 “se establece como principio general que todos los enmarcados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por la ley, por razones de interés general”.

En ese sentido, el MEF entiende que “el régimen de explotación portuario se encuentra sometido a una regulación especial”, por lo cual no entra dentro “de competencia de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia”.

En definitiva, en la resolución se subraya que dado que la denuncia de la empresa Montecon se refiere “al diseño de la política portuaria y la explotación de los servicios portuarios, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia no es competente para dar curso” a la investigación.