La abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio preside la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) desde 2017 y es una de las figuras más influyentes en el campo de la lucha anticorrupción a nivel mundial.

Entre otras cosas, TI elabora un índice que mide todos los años la percepción de corrupción en 180 países del mundo. En ese balance, que se divulga en enero, el liderazgo a nivel mundial lo tienen generalmente los países escandinavos y a nivel latinoamericano siempre se destaca la posición de Uruguay, Chile y Costa Rica.

Este miércoles Ferreira Rubio y el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne participaron en “Diálogo abierto sobre la corrupción en Uruguay y la región”, una actividad que organizó la World Compliance Association (WCA).

La presidenta de TI se refirió en ese marco a cuáles son las fortalezas institucionales de Uruguay que explican su lugar de liderazgo a nivel regional, pero también marcó algunas señales de preocupación, en particular, por la controversia que se generó entre Juan Sartori y la Jutep tras la negativa del senador blanco a presentar la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva.

Ferreira Rubio dijo estar al tanto de la situación y desarrolló una línea argumental más alineada con la posición que mantiene la Jutep en este diferendo. Según la experta, las normativas que obligan a ciertas categorías de funcionarios públicos a presentar periódicamente una declaración jurada de su patrimonio y de sus ingresos son “indispensables en la lucha contra la corrupción”.

“No puede ser que cada uno entregue un papel y que luego nadie revise ni cruce la información. Las declaraciones de patrimonio, y sé que hay una discusión al respecto en Uruguay, tienen que ser completas, deben incluir a los familiares, deben ser exactas y verificables, y deben estar a disposición de toda la ciudadanía”, respondió ante una consulta del vicepresidente del capítulo uruguayo de la WCA, Álvaro Vilaseca, que moderó la conferencia.

Ferreira Rubio advirtió que si el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios se transforma en un “ejercicio de tildar casilleros con información ridícula que nadie controla”, se configuraría un “nuevo engaño a la ciudadanía y una nueva forma de crear desconfianza” en la opinión pública.

“Las declaraciones tienen que ser públicas, completas y actualizadas. Y deben comprender a los familiares, porque es muy fácil desapoderarse. No puede pasar que el funcionario llegue a tal ministerio y de repente se transforme en un sostenido por su mujer o por su primo, en un don nadie en lo económico. Eso puede ser sólo una fachada”, alertó.

La presidenta de TI dijo que esta discusión está vigente a nivel mundial en el ámbito empresarial. Puso como ejemplo el caso de un empresario ruso que presentó un recurso ante la Corte Europea contra la apertura de los registros obligatorios de beneficiarios finales, con el argumento de que se trataba de un atentado contra su privacidad.

“Lamentablemente, en noviembre del año pasado la Corte Europea hizo lugar a esa visión, transformando el derecho a la privacidad en un derecho absoluto, que no lo es”, comparó.

Por su parte, Gil Iribarne dijo que “lo más preocupante” de la controversia entre la Jutep y Sartori ya no es la declaración jurada, sino “el hecho de que un senador de la República no cumpla con la ley”, algo que calificó como una “pésima señal” para la democracia uruguaya. “Si los senadores que hacen las leyes no las cumplen porque entienden que no están bien, qué podemos esperar del ciudadano común, al que todos los días le decimos que las leyes están para cumplirlas. Eso es lo más grave de la situación, porque debilita las fortalezas de Uruguay que siempre se destacan a nivel internacional”, manifestó.

Ante la Jutep, Sartori sólo presentó su ingreso como senador, pero, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, su patrimonio se incrementó en 39 millones de dólares. “Está claro que no fue por su ingreso como senador. En Uruguay todos sabemos que Sartori es un empresario exitoso a nivel mundial. No está mal que incremente el patrimonio, lo que está mal es que no declare sus ingresos”, agregó.

Gil Iribarne recordó que en Inglaterra las bases de las sociedades son públicas y de esa forma es posible saber que Sartori es dueño de tres sociedades que nunca declaró. “Si les pido a miles de funcionarios que hagan declaraciones juradas, estas cosas no pueden pasar. Tenemos que corregirlo. Mi impresión es que más que aprobar nuevas leyes para combatir la corrupción, tenemos que cumplir las que tenemos”, remató.

Los “mejores” en una “clase muy mala”

Con vaivenes mínimos, Uruguay ha estado históricamente bien rankeado en el índice de percepción de corrupción de TI. En su intervención, Ferreira Rubio explicó que se trata de “un índice de índices”, que se elabora con base en la opinión de expertos, académicos y organizaciones internacionales que se dedican a estos temas. También aclaró que refiere específicamente a la corrupción en el sector público, y no analiza el avance de otros fenómenos, como el crimen organizado o el lavado de dinero.

“En América Latina sólo hay tres países que superan la media de 50 puntos: Uruguay, Chile y Costa Rica. Todos los demás países latinoamericanos estamos por debajo de los 40 puntos”, dijo la especialista argentina. Del caso uruguayo, destacó la “capacidad de reacción” institucional frente a situaciones como las denuncias por corrupción contra el exvicepresidente Raúl Sendic, un caso que calificó como “paradigmático”.

“Es paradigmático como respuesta eficiente. Es algo de lo que se habla siempre en los eventos internacionales y en la literatura que hay sobre estos temas, al punto que se lo equipara con el Toblerone-Gate”, dijo Ferreira Rubio, en referencia al caso de una viceprimer ministra de Suecia que renunció por la compra de dos tabletas de chocolate con una tarjeta corporativa.

Gil Iribarne, en tanto, opinó que la buena posición de Uruguay en la región puede ser un “mal consuelo, porque somos los mejores alumnos en una clase que es muy mala”.

“No podemos consolarnos con eso y mucho menos caer en la autocomplacencia. ¿Tenemos un problema con la corrupción en Uruguay a pesar de estos buenos indicadores? Mi respuesta es que sí. Uruguay tiene un problema con la corrupción como lo tienen todos los países. Y no debería ser un campeonato de fútbol, para ver quién está un puntito más arriba o más abajo. Nuestras sociedades necesitan respuestas firmes contra este problema”, comentó.

El expresidente de la Jutep fue crítico con la “mirada autocomplaciente” que muchas veces se instala en el sistema político uruguayo. “En todo caso, deberíamos preocuparnos más que los demás, porque si la corrupción no se metió en las estructuras, significa que estamos a tiempo para evitarlo. Ya después que entró y se expandió es mucho más difícil”.

Gil Iribarne dijo que un tema de preocupación es la presencia de crimen organizado y comparó la situación de Uruguay con lo que sucedió en los últimos años en Ecuador, donde la situación “cambió en muy poco tiempo”. “Hoy vemos candidatos muertos, fiscales muertos y una situación de inseguridad brutal. Nosotros no estamos así, pero tenemos demasiados indicadores sobre un aumento de la presencia del crimen organizado, que es la otra cara de la corrupción y el lavado de dinero”, advirtió.

El Lava Jato fue uno de los fenómenos de corrupción más impactantes de los últimos años en la región. En el caso de Uruguay, según Gil Iribarne, no hubo “grandes coimas” a nivel nacional, pero sí se constató la participación de entidades uruguayas en la movilización de fondos provenientes de Odebrecht.

“La mala acción de algunos sectores empresariales hay que compensarla con más alianzas con los sectores empresariales sanos para que esas cosas no ocurran”, manifestó. Para el expresidente de la Jutep, el debate actual más relevante de la región es cómo fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

“En Uruguay tenemos elementos estructurales que son favorables, como la estabilidad del sistema político, el respeto por las instituciones y la legalidad, el correcto funcionamiento de la división de poderes, la fortaleza de carácter histórico de los partidos políticos. Todo eso hay que defenderlo, pero no se defiende si nos hacemos los distraídos con el tema de la corrupción”, opinó.

Por último, la presidenta de TI compartió la tesis de que uno de los “factores más preocupantes” para los países de la región es que el crimen organizado “ingrese como actor de la corrupción”. “El crimen organizado necesita de la corrupción para operar, pero eso cambia completamente el panorama [...] Eso provoca violencia social y muchos otros problemas que otros países de la región están sufriendo. Eso ya no es la coima tradicional, la pequeña coima que cobra un funcionario. Es una zona de riesgo”, concluyó.