El 12 de enero, sobre las 16.45, un ómnibus de la empresa Copsa con destino Punta del Este volcó en la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 93, y de las 34 personas que viajaban en el coche, 20 resultaron lesionadas y una, de 15 años de edad, falleció. Ante estos hechos, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) llevó adelante una investigación de oficio “para indagar si mediaron irregularidades” y determinó que el vehículo contaba con todas las habilitaciones correspondientes, pese a lo cual hizo una serie de recomendaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) referidas a los controles y duración de las habilitaciones.
En su resolución, publicada el 12 de setiembre, la INDDHH recordó que “a través de varios medios de comunicación, los pasajeros denunciaron problemas mecánicos previos al viaje”, y mencionó un video que circuló en redes sociales que “mostraba al vehículo protagonista del siniestro balanceándose lado a lado durante su trayecto en la ruta”. Al ser consultado por la INDDHH sobre sus controles y habilitaciones, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) explicó que el vehículo que protagonizó el accidente había sido controlado y contaba con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) vigente hasta julio de 2023.
Según lo expuesto por la cartera, las revisiones incluidas en la ITV incluyen “control de frenado, alineación, luces, fugas en el sistema hidráulico, estado del sistema de dirección, neumáticos, ejes y suspensión, entre otros”. Además, la ITV tiene tres posibles resultados: “rechazo”, que impide la circulación; “condicional”, que otorga una autorización por 60 días; y “aprobado”, que brinda una autorización con un año de vigencia. Este último era el que tenía la unidad de Copsa que se accidentó.
Dado que la situación fue judicializada, la INDDHH no tiene competencia, pero aun así puede “efectuar propuestas de aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones”. Amparado en esa posibilidad, el organismo recomendó al MTOP “reducir la autorización de circulación anual a una autorización semestral, [o] trimestral” e “incrementar los controles técnicos de las unidades destinadas al transporte colectivo” en la temporada alta, para que se realicen semanal o quincenalmente. También aconsejaron “facilitar la publicación de los vehículos habilitados para conocimiento de toda la ciudadanía” y “publicitar los canales a disposición del MTOP para recepción y seguimiento de denuncias”.
Por último, la INDDHH exhortó a las autoridades del MTOP “a mantener una colaboración institucional, ajustando el mecanismo de contestación de oficios”.
La respuesta del ministerio
Consultado por la diaria, el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, contó que su cartera está preparando una respuesta que se difundirá pronto, y manifestó que aunque las recomendaciones son “muy útiles”, presentan algunas incompatibilidades comprensibles, pues las autoridades de la INDDHH “no tienen por qué conocer la letra chica”.
En primer lugar, el jerarca destacó que la propuesta de reducir el tiempo por el que se otorgan las autorizaciones no podrá concretarse hasta que no finalice el contrato con la empresa que las otorga. “Existe un contrato comercial del ministerio con un concesionario desde hace varios años, que vence en 2025, y que establece, de acuerdo a determinada paramétrica, un control anual”, desarrolló. Hacer el cambio solicitado por la INDDHH, entonces, “implicaría renegociar y modificar el contrato y cambiar la ecuación económica, lo cual no es viable”, añadió.
Respecto de la segunda recomendación, el director de Transporte aseguró que “durante las épocas de mayor circulación se incrementan los controles manifiestamente”. Desde “siempre”, en “Semana Santa, vacaciones de setiembre, Fin de Año, etcétera”, los controles “se direccionan de otra manera”, en coordinación con la Policía Caminera, explicó Labandera. Sobre la posibilidad de que la frecuencia de las inspecciones sea semanal, respondió que “los técnicos del ministerio determinan [la frecuencia] de acuerdo al flujo de tránsito, la época del año, las estadísticas, los antecedentes, cuándo se pone acento, dónde y por qué”, y adelantó que esto “va a seguir siendo así”.
Finalmente, tras plantear que los “instrumentos y mecanismos para realizar denuncias” ya están disponibles en la web, el jerarca se refirió a la publicación de vehículos habilitados y dijo que “se presume, porque están sometidos a controles, que todos los vehículos que están circulando están habilitados”. En ese sentido, “parece un poco irracional” compartir un listado, opinó. “Si no está habilitado, no podrá circular, lo cuelgues o no lo cuelgues en una base de datos”, concluyó Labandera.