A Edgardo Ortuño se lo ve cómodo en uno de los dos sillones de un cuerpo que conforman el living del local central de la Vertiente Artiguista. Es jueves 26 de octubre y acaba de dejar su cargo como director de OSE por el Frente Amplio (FA), desde donde le tocó afrontar la mayor crisis hídrica en los últimos 74 años, para liderar el sector durante el año electoral, con el objetivo de repetir el buen desempeño de 2019 y llevar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a la presidencia.

Ortuño cree que Orsi tiene las capacidades de “diálogo y articulación” necesarias para superar “cinco años de argentinización de la política”, promovida por “figuras políticas” que “serán una anécdota dentro de pocos años”. En entrevista con la diaria también habló -sin inhibiciones constitucionales- de su visión “antigrieta” de la política uruguaya, del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y del trabajo en torno a la crisis hídrica.

Dijo que se fue con un “balance negativo” de OSE, ¿por qué?

Luego de varios años de gestión me voy con una OSE que ha tenido un recorte presupuestal muy significativo, que resultó en menos obras de agua, de saneamiento, de reparación de pérdidas y de innovación tecnológica, donde hay un atraso significativo, y un recorte de funcionarios y funcionarias también muy importante. Además, por la decisión adoptada por el gobierno en el único proyecto importante que impulsó, que es el proyecto Arazatí, por el modelo de negocios elegido de gestión privada de gran parte [del proyecto], OSE quedará con un desfinanciamiento de 680 millones de dólares. El balance es crítico y negativo, porque el gobierno deja una OSE más débil, con menos capacidad de respuesta para prestar servicios y realizar obras que son necesarias. Inició el período declarando que iba a hacer el proyecto Casupá, [que implicaba] 80 millones de dólares de inversión, 100 con las tierras, y después resuelve dejarlo en un cajón para priorizar el proyecto Neptuno. No hay fundamentos técnicos, no hay fundamentos políticos, por lo que yo considero que fue un fundamento económico, que primó la visión economicista. También creo que hubo mala gestión, porque se tomaron medidas en forma tardía, terminamos haciendo obras de emergencia pero con un costo de 52 millones de dólares; más de la mitad de lo que cuesta la solución de fondo. Hoy no tenemos Casupá, no tenemos Neptuno, y las obras que se hicieron el propio Ministerio de Ambiente [MA] está solicitando a OSE que se desmonten.

¿Se va a hacer lo que solicita el MA?

El ministerio pide que se desmonten las obras porque fueron concebidas como provisorias y no tienen estudios de respaldo sobre los impactos ambientales que producen en la zona. OSE está pidiendo, y yo lo respaldo, en primer lugar, postergar la instrumentación de la decisión del desmantelamiento tanto del dique de Belastiquí, en el río Santa Lucía, como el de la zona de Buschental, en el río San José, por la sencilla razón de que no hay certezas de la evolución de las lluvias para el próximo verano, por lo tanto, probablemente se necesiten estas obras de trasvase y es importante tenerlas disponibles. Yo estoy planteando -entre el paquete de medidas que, junto con el balance, estoy dejando a OSE- que se realicen los estudios de impacto ambiental que no se hicieron y que se hagan las obras para transformar estas obras provisorias en permanentes.

Antes de renunciar, habló de la necesidad de generar un acuerdo nacional por el agua, ¿en qué consiste?

Es un paquete de medidas de acción. En primer lugar, consiste en la realización de inversiones imprescindibles para embalsar más agua para cuando no hay. Esto técnicamente es hacer represas que nos permiten embalsar; las represas deben ser Casupá, que aporta 118 millones de metros cúbicos a los 67 millones que hoy podemos embalsar en Paso Severino, pero también otras que generen una diversidad de fuentes, como la represa de Solís Chico, para abastecer al sur de la costa de Canelones, y eventualmente otras microrrepresas que se pueden desarrollar. En segundo lugar, para perder menos agua necesitamos sustituir tuberías y mejorar el ritmo de las reparaciones, que por la disminución de recursos y de personal es [un área] muy deficitaria en OSE. En el pico de la crisis teníamos un atraso de 150 órdenes de trabajo diarias para dar respuesta a reclamos, que naturalmente explotaron cuando se le dijo a la gente “no laves la vereda, no laves el auto”; eso disparó la denuncia de pérdidas que son muy importantes. El tercer capítulo es la incorporación de tecnología: OSE tiene que recuperar un atraso de dos décadas en tecnologías de la información y de gestión. Me refiero a los sistemas de gestión comercial, a los vinculados a la facturación y la gestión económica del organismo, pero también a la gestión técnica, con sistemas que permiten operar los sistemas de extracción, captación y abastecimiento de agua potable. En plena crisis teníamos que llamar por teléfono para conocer los niveles de reservas en los distintos puntos del país, eso no puede pasar en el siglo XXI.

Durante la crisis hídrica se habló mucho de que este era un problema que se arrastraba desde hace años. ¿Debe haber un mea culpa del FA?

La responsabilidad mayor, sin duda, es del actual gobierno, que teniendo un proyecto pronto, con financiamiento aprobado, con la ingeniería básica y las condiciones para el llamado a licitación, con más de 600 planos, además de los estudios ambientales [en referencia a Casupá], detuvo una obra fundamental para mantener las reservas, y luego de tomada esa decisión, las obras y medidas llegaron en forma tardía, insuficiente y con mayor costo. En los gobiernos del FA se dieron inversiones que pudieron tener un volumen y una ejecución mayor, pero de ninguna manera es comparable la responsabilidad.

No comparte el “nos dormimos todos” del expresidente José Mujica, entonces.

No comparto el “nos dormimos todos”. En todo caso, nosotros nos tomamos más tiempo, ellos lo detuvieron.

Ahora pasa a tener un rol más político como cabeza de la Vertiente Artiguista, ¿cómo será esta nueva etapa?

Asumo un desafío que es un honor: que uno de los principales sectores del FA me otorgue la confianza de ocupar el primer lugar de la lista y liderar junto a Amanda Della Ventura. Esto supone una apuesta clara a la renovación, que yo creo que debe impulsarse en todo el sistema político, en todos los partidos, pero particularmente en el FA, abriendo espacio a los jóvenes, que estoy convencido de que van a definir esta elección. Además, tenemos un objetivo claro, que es el triunfo del FA a nivel nacional para volver a tener un gobierno con sensibilidad social, con sensibilidad ambiental y que apuesta al desarrollo –todo lo contrario al modelo de ajuste conservador regresivo que tenemos–, y en la interna el triunfo de Yamandú Orsi.

¿Por qué Orsi?

En primer lugar, por la experiencia de gestión para encaminar soluciones a todas las realidades del país. Canelones es un Uruguay en chiquito y, por lo tanto, esa capacidad de gestión de la diversidad de riquezas, desafíos y problemáticas del país coloca a Yamandú con una experiencia y una capacidad de gestión superiores. El FA debe, además de implementar su agenda, tener la capacidad de articular políticas de Estado y soluciones nacionales para los grandes problemas que requieren inversiones significativas, y no cambiarlas en cada rotación. Eso implica una capacidad que transforma a Orsi en la persona más adecuada para liderar el equipo de gobierno.

¿Cree que los demás precandidatos no tienen esa capacidad de diálogo?

El FA tiene en sus precandidatos y precandidata un excelente equipo de gobierno para la próxima gestión, pero por estas características de conocimiento previo de una realidad diversa que sintetiza la realidad nacional, como Canelones, y las capacidades personales que ya ha demostrado de diálogo y articulación que claramente lo distinguen de los otros compañeros, Orsi es el adecuado para liderar ese equipo de gobierno y a la vez tender puentes, que es lo que vamos a precisar también en lo político, porque venimos de cinco años de argentinización de la política.

¿En qué sentido lo dice?

Por la insistencia de algunos actores de la coalición de gobierno de importar una grieta que no tiene nada que ver con las mejores tradiciones de la política uruguaya, basada en la confrontación, la descalificación y la reducción de los ámbitos para encarar algunos de los problemas graves del país.

¿Desde el FA no se genera eso también?

El FA respondió a esta lógica de confrontación dicotómica que han instalado algunos voceros de la coalición, que yo no comparto y que creo que va a ser pasajera en la historia nacional, pues nada tiene que ver con Uruguay. Hay determinadas figuras políticas que no tengo duda de que son pasajeras y serán una anécdota dentro de pocos años.

¿Cómo quiénes?

El estilo de Graciela Bianchi y de Sebastián da Silva es absolutamente contrario a la tradición nacional y a la política de acuerdos que necesita el país, por poner tan sólo dos de los ejemplos más paradigmáticos de esta argentinización que no comparto, porque me defino, entre otras cosas, como antigrieta.

¿La Vertiente Artiguista sería el aporte del “voto moderado” a Orsi?

Nos consideramos una forma diferente de apoyar a Yamandú, que aporta experiencia de gestión y equipo de gobierno y una sensibilidad que ha estado en el centro del FA desde su fundación.

La Vertiente fue uno de los primeros sectores en anunciar que no acompañaría el plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, ¿cuál es su análisis?

Lo primero es resaltar en lo que estamos todos de acuerdo en el FA y en el movimiento popular: es mala la reforma de la seguridad social que implementó el gobierno, no representa una solución. Ahora, la alternativa que debe construir y va a construir el FA debe ser producto de amplios consensos, a nivel nacional pero también a la interna. Entonces, el camino es la oposición a la reforma del gobierno y la construcción de ese diálogo nacional para la reforma alternativa de la seguridad social con base en contenidos programáticos claros que el FA definió en la propuesta programática que tiene a consideración el Congreso, con tres pilares: el solidario no contributivo, la solidaridad intergeneracional y el de ahorro no lucrativo, que incluye las AFAP.

¿Son excluyentes el plebiscito y el diálogo social?

El camino [del plebiscito] encorseta la gestión de un tema esencialmente dinámico como es la seguridad social, porque está relacionado con la evolución de la expectativa de vida y de las condiciones económicas y sociales del país, y requiere el instrumento de la ley para irse ajustando en la medida que cambia este la realidad. En tanto se propone resolverlo conjuntamente con la elección nacional, entendemos que, además de un error conceptual, se incurre en un severo error político, al distraer la elección de la discusión fundamental, que es la de modelos y proyectos de país, al dividir a la fuerza política. La Vertiente no acompaña la reforma, por lo tanto, no voy a firmar, y respaldamos 100% la unidad de acción en torno a lo resuelto por el FA, que es la construcción de un gran diálogo social y que tenga la sostenibilidad en el tiempo que dan los acuerdos nacionales, que no se logran mediante un plebiscito impulsado por la minoría de una organización social sin el consenso de todas las fuerzas políticas de izquierda.

¿No se están posicionando en contra también de la posibilidad de ejercer la democracia directa?

Yo creo en la democracia directa, de hecho todo este período he reivindicado la importancia de respetar el resultado del plebiscito de 2004 en relación a considerar el agua como un derecho humano fundamental, pero creo que la Constitución está para establecer esos grandes principios, no la instrumentación de las medidas como las que se plantea ahora, y no con una formulación que muchos especialistas están planteando que, de implementarse, tendrá los resultados contrarios a los que se busca en relación a la equidad. Respeto la opción que hacen mis compañeros del FA de acompañar la reforma pero la considero un error.