El Frente Amplio (FA) solicitó a la coalición de gobierno tratar esta semana el veto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia, que aprobó el Senado la semana pasada.

Una vez planteado el veto, la Asamblea General tiene 15 días para convocar una sesión para tratar el asunto y la oposición intenta adelantarse a ese plazo. Sin embargo, según supo la diaria, durante la coordinación de bancada de los partidos con representación parlamentaria la coalición propuso que la sesión se realice el 6 de diciembre. Desde el FA aseguraron a este medio que analizarán la propuesta, aunque no descartan recolectar cinco firmas de senadores y diez de diputados para que la Asamblea General pueda sesionar antes de esa fecha.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo en una rueda de prensa que “hay un tiempo prudencial” y verán “si los otros partidos aceptan”. Si no lo hacen, analizarán “qué otro mecanismo se puede promover para lograr que esta semana se pueda consolidar y discutir sobre el veto presidencial”.

Para Caggiani, el proyecto aprobado en ambas cámaras “no es inconstitucional” como plantea el gobierno. “Resuelve un problema muy importante”, mientras que el veto “no termina de solucionar el problema y sí es inconstitucional porque, entre otras cosas, propone para los trabajadores de Casa de Galicia que puedan acceder a este fondo de ocho millones de dólares si renuncian a todos sus adeudos”, expresó.

Según el frenteamplista, la ley que había sido aprobada era “interpretativa” de la normativa de crédito de garantías laborales, que prevé que cualquier trabajador, de cualquier empresa que hoy cierra, tenga “la posibilidad de reclamar ante el fondo del Banco de Previsión Social unas 105.000 unidades indexadas”.

“Lamentablemente, de manera inconstitucional, el gobierno interpretó que solamente se puede percibir los créditos preconcursales. No es una cosa muy extraña, porque, en realidad, cuando Casa de Galicia había sido cerrada por el síndico, el propio gobierno les pidió a los trabajadores que siguieran trabajando para prestar los servicios correspondientes a personas internadas. Esos son los créditos que se están reclamando, los que se generaron después del concurso”, explicó.

Asimismo, Caggiani indicó que el gobierno se niega a cumplir la ley: “Los trabajadores tienen derecho a cobrar esa indemnización”. “Si no se cumple ese requisito, hay que ver qué se hace con la propuesta que el presidente hizo, porque no solamente vetó tres artículos de la ley, sino que hizo una propuesta que incrementa el gasto en período electoral. Si la propuesta anterior es inconstitucional, esta es inconstitucionalísima. Veremos”, expresó.

Para que el veto pueda ser levantado, se necesitan tres quintos de los presentes de la Asamblea General. Tanto el FA como Cabildo Abierto están dispuestos a levantar la mano, mientras que en el Partido Nacional el único que se manifestó en contra del veto fue el senador nacionalista Sergio Botana. En el Partido Colorado, mientras tanto, el único que votó la ley fue el senador suplente de Raúl Batlle, Germán Cardoso.