La comisión especial de Diputados que estudia el proyecto de financiación de los partidos políticos recibió este jueves a autoridades de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), quienes opinaron sobre el texto acordado entre el Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI). Al final de la sesión de la comisión, el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, dijo en rueda de prensa que el proyecto afecta al sector de la televisión abierta, a la televisión para abonados, en sus señales propias, y a las señales de televisión establecidas en Uruguay que son retransmitidas por los servicios para abonados. Subrayó que, según el texto, estas empresas “estarían obligadas a prestar servicios publicitarios gratuitos a los partidos políticos durante los períodos electorales”.
“Consideramos que generar esta obligación tan sólo a un sector de los medios de comunicación, y a su vez tan sólo a un sector de los distintos sectores que prestan servicios a los partidos políticos, constituye una desigualdad flagrante y que, en todo caso, debería existir además una compensación económica para los que prestan estos servicios”, sostuvo. Inchausti resaltó que los medios de comunicación en general, y la radio y la televisión abierta en particular, “solamente se financian a través de la comercialización publicitaria”.
El empresario subrayó que el proyecto no establece la misma obligación para otros sectores que también prestan servicios a los partidos políticos “y que podrían contribuir de la misma forma al fortalecimiento de la democracia, como las imprentas, las empresas de cartelería, los operadores de telefonía y servicios postales o proveedores de internet”.
El presidente de Andebu agregó que “existe un principio jurídico de que nadie puede trabajar gratis para otro”. “Es decir, a través de este proyecto, el Estado dispondrá que los medios de comunicación tendrían que trabajar gratis para los partidos políticos. Eso viola un principio elemental arraigado en la Constitución” porque “implicaría prácticamente un trabajo forzado, una servidumbre, para un partido político, que son organizaciones que no integran el Estado sino que son asociaciones civiles. Es decir, que la prestación ni siquiera sería para el Estado sino para un tercero”, subrayó.
De todas formas, Inchausti aclaró que está “muy de acuerdo” con que el funcionamiento de los partidos políticos “debe ser fortalecido” y dijo que su actividad “es esencial para el desarrollo de la democracia, así como la actividad de los medios de comunicación también es esencial para el fortalecimiento de la democracia”. No obstante, insistió en que “solicitarles una contribución adicional” a los medios, “que además afecta a sus ingresos económicos”, es “desproporcionado”.
Por último, Inchausti dijo que quedaron a “entera disposición” de la comisión “para colaborar para encontrar algún mecanismo de solución” que contemple los intereses de los partidos políticos en poder contar con espacios de difusión, y además “también contemple los intereses de los medios de comunicación afectados, que no están pasando por un momento floreciente en nuestro país” sino “todo lo contrario, como consecuencia del cambio tecnológico y de los cambios en las costumbres de consumo de contenidos audiovisuales”.
Colorados coinciden con que debería haber una compensación
Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, subrayó en rueda de prensa que venían negociando en la interna de la comisión, e incluso para el acuerdo al que llegaron con el FA y el PI, que “debería existir una compensación a los canales, en virtud de los minutos gratuitos que se le iban a distribuir a los partidos políticos”. “Entendiendo, primero, que es una actividad privada, que tiene un equilibrio económico y financiero que tiene que sostener, y que ir hacia la mitad de una tanda publicitaria con minutos gratuitos podía llegar a complicar a una actividad privada que obviamente tiene que tener determinada previsibilidad”, sostuvo el diputado colorado.
Por lo tanto, Rodríguez dijo que entiende que el Estado, “dentro de lo que vendría a ser el financiamiento público de la campaña, debería ir hacia una compensación, que se puede dar de diferentes maneras, pero que tendría que estar plasmada en el proyecto de ley”. Agregó que la compensación puede implicar, por ejemplo, “el pago directamente por parte del Estado de esos minutos de televisión o algunas exoneraciones fiscales durante el período donde se pasa publicidad electoral, a los efectos de que pueda existir una compensación”.
En tanto, respecto del cambio al proyecto que plantea Rodríguez, el diputado de la oposición Mariano Tucci dijo a la diaria que el FA “todavía no ha discutido eso”. De todas formas, subrayó que lo planteado por el diputado oficialista debería ser “una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no es materia de negociación en la ley”. Agregó que lo señalado por Rodríguez “no lo planteó en la comisión” y que hasta que el diputado colorado “no lo formalice en la comisión” no lo pueden discutir.
Tucci sostuvo que desde el oficialismo “no plantearon que iba a estar en la ley” la parte de la compensación, sino que siempre se manejó” que los diputados de la coalición “iban a conversar con el Poder Ejecutivo, para mandar eventualmente un proyecto y considerarlo, pero no que se iba a meter dentro de la ley”.