El Instituto Global para las Personas sin Hogar (IGH) realizó un informe para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el que evalúa el trabajo que ha hecho el Estado en torno a las personas en situación de calle. En líneas generales, el IGH posiciona como muy bueno el trabajo uruguayo, sin embargo, también hizo recomendaciones a futuro y entre ellas señaló con “preocupación” la “penalización de las personas sin hogar a través de la Ley de Faltas”.

IGH es una organización fundada en 2014, centrada en estudiar la situación de personas que están en situación de calle. Es una asociación entre la Universidad DePaul de Estados Unidos y Reino Unido y trabaja con varios países en Europa. Una delegación del Instituto estuvo en Uruguay del 27 de julio al 2 de agosto de este año y durante ese período observaron los servicios que ofrece el Mides en los refugios, los proyectos de desarrollo laboral y los centrados en vivienda. Además, participaron del censo a personas sin hogar que se hizo el 31 de julio.

Sobre la situación en general, el informe de IGH que compartió el Mides retoma las cifras presentadas por la cartera en agosto, que indican que el número de personas que viven en la calle aumentó de 920 en 2021 a 1.365 en 2023.

El IGH reconoció varias fortalezas de la política institucional uruguaya sobre este tema. Resaltó la obtención de datos en tiempo real y su utilización en la toma de decisiones a nivel político. Remarcó el trabajo coordinado de diferentes áreas del Estado alrededor de las personas en situación de calle, la “diversificación de programas con diseño centrado en el ser humano” y la “política de tolerancia cero ante la situación de niños viviendo en la calle”. También resaltó “un fuerte liderazgo del gobierno central” y la disponibilidad de refugio para todos los que lo soliciten, entre otras características.

Preocupación ante la Ley de Faltas

Dentro del informe, los especialistas marcaron siete puntos en los que la política uruguaya puede mejorar. Observan con “preocupación” la “criminalización” que generó la Ley de Faltas. Señalan que Uruguay no es el único país que ha apostado por la legislación en este sentido, pero advierten que “la evidencia muestra claramente que la penalización no acaba con la falta de vivienda; de hecho, la agrava”.

“La penalización puede sacar a las personas de la calle durante algunas noches, pero es menos probable que confíen en las agencias gubernamentales para que las ayuden a resolver su problema de falta de vivienda; tienen un historial de delitos menores o penas de prisión que crean barreras para su futuro empleo o vivienda; e inevitablemente se encuentran nuevamente en las calles”, señala el informe y remarca que las personas que han estado privadas de libertad tienen mayor posibilidad de terminar en situación de calle.

La delegación del IGH visitó el Centro de Ley de Faltas y en su informe indicó que “preocupó ver el alambre de púas, el portón con cadenas y los guardias armados que estaban presentes. Aunque técnicamente no es un centro de detención, la sensación se parece más a una prisión que a un entorno de apoyo y, sin duda, agravaría el trauma de una persona que se encuentra sin hogar y haría que su caso sea aún más complejo”.

Los especialistas remarcaron que “la Ley de Faltas también tiene el potencial de aumentar las interacciones negativas de la Policía” y en este sentido recomiendan capacitar a las fuerzas policiales para el trabajo con esta población en particular.

Asimismo, el IGH marca que “a partir de los datos de Uruguay, vemos una fuerte puerta giratoria que va de la calle a la prisión y a la calle nuevamente. En 2021, el 50% de las personas que viven en la calle y el 25% de las personas que viven en refugios informaron experiencias previas de encarcelamiento. En 2023, el 53% de las personas en situación de calle informaron haber estado en prisión, y la mitad de las personas informaron haber sido encarceladas hasta tres veces”.

Para los especialistas “está claro que una estrategia de penalización afianza en lugar de resolver” la situación de calle. “Se requiere un nuevo camino a seguir en esta área particular para que Uruguay termine con la falta de vivienda”, apuntan y recomiendan “reorientar los recursos que se destinan actualmente a la implementación de la Ley de Faltas hacia programas y servicios basados en evidencia” que hayan demostrado abordar con eficacia esta situación.

Otras recomendaciones al Estado

Además de la situación de la Ley de Faltas, los autores del informe marcaron otros puntos en los que Uruguay podría mejorar. Por ejemplo, aconsejan expandir el monitoreo y la evaluación de las personas en situación de calle en el país; ampliar las iniciativas de prevención para que las personas no terminen sin hogar; y aumentar las colaboraciones multisectoriales y multiministeriales.

También recomiendan ampliar las opciones de vivienda y en este sentido proponen crear refugios de emergencia accesibles y brindar respuestas centradas en la obtención de vivienda.

Para IGH, Uruguay debería “ampliar el tratamiento por consumo de sustancias con base en principios de reducción de daños y atención basada en el trauma” y hacer seguimiento de esos resultados. En una línea similar, recomienda incrementar “los programas de salud mental basados en el trauma”.