Luego de que el Senado aprobara definitivamente el proyecto del Frente Amplio (FA) para cubrir parte de los adeudos a extrabajadores de Casa de Galicia, el presidente Luis Lacalle Pou evalúa vetarlo, según trascendió este miércoles. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, subrayó en diálogo con la diaria que el tema está vinculado “a la cuestión económica” y no “a la parte de distribución de trabajadores”, por eso indicó que el asunto está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sergio Botana, que fue el único senador del Partido Nacional (PN) que votó el proyecto, dijo a la diaria que el presidente “tiene todo el derecho de vetar”, pero entiende que “la mejor solución” es la que se aprobó, porque “evita el costo de ir a los juicios”, que para el Estado “puede ser el doble [de gasto] del que prevé la ley”. “No me gustaría [que Lacalle Pou vete el proyecto] por la certeza para los trabajadores, pero, además, porque el Estado no debería asumir un riesgo de esa magnitud. No vale la pena con esos números”, sostuvo.
Botana agregó que el eventual veto “no lo veía venir”, pero apuntó que “obviamente” no le puede “sorprender”, en la medida en que “el equipo que lo asesoró” a Lacalle Pou “para llegar acá, indudablemente, será el que lo asesore para una cosa de este tipo”. “Ese equipo, del Ministerio de Salud Pública [MSP], le erró desde que todo comenzó”, finalizó.
A su vez, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, partido que apoyó el proyecto, señaló a la diaria que si se efectiviza el veto, “habría que estudiar si hay votos para levantarlo” (se precisan tres quintos de la Asamblea General). “Pero si no tenemos el número de votos, va a haber que meter violín en bolsa”, acotó. Agregó que si el proyecto es vetado, “obviamente, se les va a generar una dificultad” a los exfuncionarios de Casa de Galicia “para cobrar los haberes”, y no sabe si “tendrán posibilidades de cobrarlos por la vía judicial”.
Por otro lado, el senador del FA Daniel Caggiani dijo a la diaria que si se veta el proyecto, “sería un lío para el gobierno y Lacalle Pou comprarse un problema en ese sentido”. Subrayó que el proyecto “lo que hace, básicamente, es interpretar dos leyes que ya existen: la del cierre de Casa de Galicia y la del fondo de garantías de créditos laborales, que por una interpretación posterior que hizo el actual directorio del BPS [Banco de Previsión Social], hay créditos laborales que no estarían siendo contemplados, y eso no tiene ningún tipo de apego a derecho”.
Para Graciela Bianchi, el proyecto es un “disparate”
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a la diaria que está “totalmente de acuerdo” con el eventual veto, y criticó el proyecto aprobado, al que cataloga como un “disparate”, por varias razones. Subrayó que Casa de Galicia es “una empresa privada que quebró”, resaltó que ella supo ser socia de esa mutualista y “cualquiera que podía analizar la situación se daba cuenta de que iba de mal en peor”. “La razón fundamental por la que fueron a concordato es porque había cheques sin fondo. Fue todo un desastre”, señaló.
Además, Bianchi sostuvo que el hecho de que la Justicia decretara el cierre de la mutualista un 23 de diciembre (de 2021) “fue una decisión política en contra del gobierno”, porque “ningún juez responsable cierra una empresa un 23 de diciembre, que el MSP, en su condición de policía de la salud pública, había intervenido por razones de salud, no económicas”. “Entonces, eso generó un conflicto mucho mayor, porque el juez [Leonardo Méndez] podría haber monitoreado la situación, pero empezaba la feria y no se quería complicar”, aseguró.
Bianchi insistió con que es “una empresa privada que quebró y el Estado no tiene responsabilidad sobre los trabajadores”, solamente debe “cuidar la salud de los usuarios”. Agregó que el Estado “resolvió el problema” con la ley que se aprobó anteriormente, al distribuir a los usuarios, pero “todo lo demás es entre la empresa y sus trabajadores”. “¿Qué decidió el Estado? Tratar de proteger en algo a los trabajadores, y por habernos metido en eso, terminamos en el desastre de esta ley”, indicó.
La senadora subrayó que el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, que administra el BPS, “tiene un tope, como corresponde, y tiene que ser administrado para todas la empresas que quiebran, no se le puede dar todo a una empresa, es prorrateado, por eso los trabajadores de Casa de Galicia iban cobrando más lento” de lo que “todos” hubieran querido.
Además, Bianchi dijo: “Yo estoy de acuerdo con el veto. No me gustaría haber puesto al gobierno –yo no tuve nada que ver ni el PN–, al presidente, en esa situación, pero por responsabilidad republicana el presidente tiene que vetar, porque los contribuyentes no nos podemos hacer cargo de situaciones de empresas privadas, que además fueron pésimamente administradas”.
Por último, en cuanto a lo dicho por Botana, Bianchi señaló que “si la gente inicia juicios, los va a perder”; de lo contrario, “los jueces están peor” de lo que ella piensa, porque “no hay dos bibliotecas”, opinó. “El juicio se puede iniciar contra la empresa que quebró, no contra el Estado porque no es responsable económicamente de las indemnizaciones”, finalizó la senadora.