El último informe sobre libertad de expresión y prensa global de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) -la gremial regional de medios de comunicación- muestra un retroceso de Uruguay en la materia por segunda vez consecutiva.

En esta nueva edición, correspondiente a 2022 y 2023, a través del Índice Chapultepec, “barómetro que mide las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa en 22 países” de Ámerica, Uruguay se posicionó quinto en el ranking, con 69,81 puntos, dos posiciones atrás de la medición anterior, en la que registró 78,90 puntos.

Según se detalla en el informe, si bien el “ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa sigue garantizado en la ley y en efecto, hay un clima favorable”, se constataron “ciertas restricciones relacionadas por la influencia leve del entorno Ejecutivo, evidenciada en discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos, además de amenazas leves a los periodistas”.

Por otra parte, la SIP sostiene que también existen “limitaciones por parte de los organismos públicos en cuanto al acceso a la información afectando a la ciudadanía y también obstaculizando el periodismo de investigación”.

El informe muestra la variación de los países en las últimas cuatro ediciones. En ese marco, Uruguay subió dos lugares en el ranking en 2020 y 2021, catalogado como un país “con libertad de expresión”, y luego bajó dos lugares en 2021 y 2022, por lo que fue considerado un país con “baja restricción” de libertad de expresión, y dos lugares nuevamente en la última edición, quedando en el mismo nivel.

La medición de la SIP se suma a lo registrado por la ONG Reporteros sin Fronteras, que en mayo presentó su calificación global de libertad de expresión de 2023, donde Uruguay descendió ocho puestos, del 44 al 52. Asimismo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en su informe anual, registró 66 casos de amenazas a la libertad de expresión, y si bien fue levemente menor a los 69 casos consignados en el informe anterior, se planteó la preocupación por la “tendencia creciente de estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales”.

Los datos del informe de la SIP generaron repercusiones en filas de la oposición. El senador Charles Carrera sostuvo en su cuenta de X que “la calidad democrática de nuestro país ha sufrido importantes retrocesos con este gobierno que presiona a la prensa, a integrantes de la oposición, a la Fiscalía y al resto de los operadores del sistema de justicia”.

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