A instancias de la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, las autoridades del Congreso de Intendentes fueron consultadas este martes en el Parlamento sobre los montos millonarios que los gobiernos departamentales le adeudan al Poder Judicial. La situación había sido expuesta el lunes por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como “un pedido de ayuda”, en el marco de la comisión de la Cámara de Senadores que trata la Rendición de Cuentas. Allí, el secretariado letrado de la SCJ, Juan Pablo Novella, reveló que hay intendencias que deben miles –y en algunos casos millones– de dólares por “concepto de astreintes”, esto es, cuando una dependencia estatal no cumple con lo que se le ha ordenado y se le impone una multa diaria “porque no está cumpliendo con ese cometido”.
Novella explicó que los gobiernos departamentales “muchas veces no cumplen”; sin embargo, como “el Estado es inembargable”, el Poder Judicial no puede “salir a embargar a las intendencias”. “Esa es la trampa al solitario que se hace el propio Estado”, señaló.
El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, aseguró que desde que asumió el cargo, a mediados de julio de este año, no llegó “ninguna nota” de la SCJ al respecto. “Tal vez el tema que plantearon está directamente vinculado a reclamos ante las respectivas intendencias”, mencionó Enciso, en la misma comisión parlamentaria. Con todo, el intendente de Florida sostuvo que “esto no quita que ojalá haya una cámara compensadora del Estado, porque muchas veces pasa que entre los organismos hay deudas que se podrían solucionar más fácilmente si se compensaran”.
Novella puntualizó que el Poder Judicial no pretende cobrar “todo el dinero junto”, sino, “quizá”, acceder a inmuebles en desuso para instalar juzgados y “atender a más personas y de mejor manera”. “Sinceramente, para el Poder Judicial es mucho dinero y tenemos que ver dónde instalar sedes, juzgados y demás porque muchas veces se crean los cargos, pero no se acompaña con el edificio y no se puede poner a la gente en carpas”, expresó.
La secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes, Macarena Rubio, subrayó que no se ha recibido ninguna solicitud formal del Poder Judicial con relación a las astreintes. “Eso no quita que haya habido algún tipo de comunicación con alguna intendencia, pero como Congreso es la primera vez que tenemos conocimiento de un reclamo o una solicitud de ese tipo”, afirmó.
De todos modos, Rubio destacó el hecho de que “las intendencias usualmente convienen con los diferentes organismos para dar locales” y “hacer comodatos”. Se trata, sostuvo, de “una cooperación permanente” que “no necesariamente pasa por el Congreso de Intendentes”.
Intendencia de Canelones conversa con la SCJ
En el Parlamento, la presidenta de la SCJ, Doris Morales, dijo que los mayores adeudos, que “son enormes”, corresponden a los gobiernos de Canelones y Rocha, “sin perjuicio de que hay otros, como Durazno”. Novella apuntó que, en el caso de Canelones, la deuda se ubica en “casi tres millones de dólares”.
En diálogo con la diaria, la abogada Natalia Carbajal, integrante del área jurídica de la Intendencia de Canelones, señaló que la comuna ya está negociando con la SCJ una manera de “pagar lo que se adeuda”. Dijo que la cifra corresponde a “diferentes etapas” de las distintas administraciones de Canelones, lo cual complejiza la determinación del número exacto, como paso previo a la definición de la forma de pago.
Carbajal comentó que se están evaluando varias propuestas, que “abarcan diferentes cosas”, pero confirmó que la SCJ ha solicitado el acceso a inmuebles de la comuna. En ese sentido, mencionó que actualmente en Las Piedras “existe un centro de mediación del Poder Judicial en la sede del municipio”. “La idea es poder replicar eso, porque creemos que dan buenos resultados para la población, en algunas otras sedes municipales”, señaló.
“Hay diferentes fórmulas de acuerdos, pero hoy por hoy la SCJ nos tiene que dar una respuesta a la propuesta que nosotros hicimos, que entendemos que es bastante buena y completa”, añadió Carbajal.