A horas del receso parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que establece una solución para los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En total, el Estado resignará unos 590 millones de dólares para reestructurar las deudas de unas 25.000 familias. La iniciativa, que ya había sido aprobada en el Senado, tuvo varios cambios en la cámara baja, por lo que este miércoles volverá a tratarse en el Senado, y en caso de aprobarse, como se prevé, se transformará definitivamente en ley.

El diputado del Partido Nacional (PN) Federico Casaretto sostuvo en sala que la propuesta “no significa en ninguna acepción un perdona tutti a las deudas”, sino “pretender hacer justicia” con personas que “desde hace 40 años vienen pagando sus obligaciones y no ven el final de los pagos”.

Los deudores en UR son personas que tomaron créditos estatales para la adquisición de viviendas y entienden que fueron perjudicados debido a la variable de ajuste de la UR, que es el Índice Medio de Salarios, especialmente en comparación con los deudores en UI, que ajusta por el Índice de Precios del Consumo. Esto, sin embargo, ha sido objetado por el directorio del BHU.

“Hoy debe ser un día de profunda alegría para más de 25.000 familias que desde hace casi 15 años han venido a este Parlamento y han recorrido oficinas públicas buscando una solución”, continuó Casaretto. El diputado del PN dijo que “no es fácil” diseñar una reestructura que sea justa tanto para los deudores como para “la sociedad en su conjunto”. Por eso, sostuvo, “había que delimitar los alcances” de la iniciativa que aprobó el Senado, para “ser garantes de que estos recursos pudieran llegar a la mayor cantidad posible de deudores”.

A su turno, la diputada del Frente Amplio (FA) Cecilia Cairo aseguró que el texto que remitió el Senado “tenía demasiados errores”. Señaló que los ajustes que hizo la cámara baja pretenden evitar “lo que nos pasó en 2008”, cuando “tuvimos que recuperar un BHU fundido”, algo que “les costó a todos los ciudadanos 2.200 millones de dólares”. La diputada del FA dijo que la solución tiene que “ser lo suficientemente justa, pero además responsable”.

Cairo dijo que la erogación estimada de 590 millones de dólares “es mucha plata”, y mencionó que dicha cifra “no la va a asumir solamente el gobierno que está hoy, sino [también] el que viene”. No obstante, manifestó: “Cuando hay gente que reclama y cree que sus derechos fueron vulnerados, nosotros intentamos ayudar en todo lo que podemos”. “Lo mismo intentamos con Casa de Galicia y eran apenas cinco millones de dólares”, lamentó.

El proyecto y las modificaciones

A instancias de los nacionalistas Carlos Camy y Sergio Botana y del colorado Germán Coutinho, el Senado había aprobado en octubre una reestructuración para los deudores en UR que cumplieran determinados requisitos: que el crédito estuviese vigente, que haya sido otorgado para la adquisición de “la vivienda propia” y que su titular fuese una persona física. A esto, Diputados le agregó que el préstamo haya sido otorgado antes de 2009 y que “no se registre adeudo alguno por tributos nacionales o departamentales sobre el inmueble garantía del crédito”.

El deudor que cumpla todos estos requisitos, y que además tenga 40 años desde la asunción de la deuda, 50% del capital adeudado ya pago y haya abonado en la última década un mínimo de 110 pagos mensuales, tendrá como beneficio la extinción de la deuda. Para el resto de los deudores se disponen otros beneficios, como la eliminación o la reducción de las tasas de interés, que “se mantendrán fijas durante todo el período que reste hasta la cancelación o extinción del crédito”.

Por otra parte, el texto que salió del Senado le encomendaba a República Afisa –entidad estatal que opera en el derecho privado– la creación de un fideicomiso administrativo, “a fin de dar sostenibilidad a los beneficios otorgados por la presente ley”. Esto fue modificado en Diputados, que dispuso la constitución de un fideicomiso financiero a cargo del BHU y la ANV.

“Hoy es un día de festejo”

En diálogo con la diaria, Gimena Bas, referente de un grupo de deudores en UR, que estuvo presente en la votación de este martes, sostuvo que estos últimos cambios suponen “un retroceso”, porque “se filtra a las familias que van a ser comprendidas” en la solución. Sin embargo, afirmó que el proyecto en general es “un paso importante”, porque “peor es nada” y “antes no teníamos nada”. “Un ataque a los intereses de nuestros préstamos es algo muy significativo y es algo que tenemos que valorar, hoy es un día de festejo”, manifestó.

Bas lamentó la “falta de empatía” de la presidenta del BHU, Casilda Echevarría, acérrima detractora del proyecto, pero valoró la “voluntad política” que hubo por parte del sistema político. “No hay que olvidar algo importante: estamos hablando de la vivienda, y la vivienda no es un negocio, [sino] un derecho que tenemos”, expresó.