La diputada por el Frente Amplio, Lucía Etcheverry, elevó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente para saber si la acción de la empresa arenera que actúa sobre el río Santa Lucía que cambia el cauce del agua es “admisible”, luego de que el subsecretario de ese organismo, Gerardo Amarilla, dijera que la firma no cae en infracción.

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, fue quien presentó la denuncia ambiental ante el ministerio. Para el jefe comunal, se comprobó con imágenes el represamiento del curso del río y eso generó que la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería interviniera, al igual que lo hizo la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En una entrevista con Doble Click, Amarilla había comentado que los técnicos visitaron el predio y en su informe afirmaban que “no había alteraciones del curso, sí movimiento de arena y suelo cerca del cauce, pero no es el río Santa Lucía”.

En todo caso, dijo, la zona afectada no era el río, sino un curso de agua afluente, el arroyo Vejigas, “por lo tanto allí cambia el estatus jurídico, porque si es el Santa Lucía, que es un río navegable, tiene determinadas consecuencias respecto al Código de Aguas, si es un curso de agua como el arroyo Vejigas, no tiene estatus de navegable, y está dentro del predio del privado”.

Por eso, Etcheverry consultó si “cambia en algo” la actuación del Ministerio de Ambiente “si el desvío e interrupción es en el arroyo Vejigas incluso siendo este un afluente importante del río Santa Lucía”. A su vez, preguntó si “ha cambiado” en el Ministerio de Ambiente la gestión de los cursos de agua, tomando en consideración “las cuencas que establece la Ley 18.610”, mejor conocida como la ley de aguas.

A su vez, solicitó la copia del informe técnico donde se descarta que no había alteraciones del curso y consulta si el Ministerio de Ambiente considera que en “las fotos y videos” que difundió la comuna canaria “no hay infracción”, por lo tanto si las “prácticas son admisibles”. En tanto, también pidió los informes técnicos de las áreas de biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental en la que se fundan las decisiones que comunicó la secretaría de Estado.

En diálogo con la diaria, Etcheverry cree que hay una “posibilidad o eventualidad de una infracción ambiental que tiene un impacto muy grande”, por la “importancia” que tiene el cauce del río Santa Lucía. En ese sentido, recordó que 60% de la población recibe agua de ese río. “Es notoriamente visible que ha habido un represamiento y afectación”, indicó.

Asimismo, consideró que Orsi “fue muy claro” en la presentación de la documentación, fotos y videos que brindó al Ministerio de Ambiente. “El intendente prioriza el organismo del Poder Ejecutivo que tiene que definir los caminos a tomar. El Ministerio de Ambiente debe determinar los niveles de impacto de intervención”, añadió.